Un juez declaró al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a dos de sus hijos responsables de fraudes financieros al inflar activos de su empresa familiar durante años para obtener mejores condiciones en préstamos y otros beneficios económicos.
El juez Arthur Engoron dio la razón a la Fiscalía estatal de Nueva York encabezada por la fiscal Letitia James, que la semana pasada solicitó un juicio sumario parcial sobre el principal cargo del caso: el de fraude contra Trump, sus hijos Donald Jr. y Eric, la Organización Trump y varios socios, dejando otros seis delitos para dirimirse en el juicio programado el lunes próximo.
Tal como sucedió en cada una de las acusaciones judiciales que tiene entre manos, el ex mandatario republicano utilizó su red social Truth Social para alegar que todo se trata de una «caza de brujas». «¡Si no me postulara para presidente y ganara, ninguna de estas demandas por motivos políticos se llevaría a cabo! ¿Alguien se da cuenta de que, después de años y años, todo esto está sucediendo justo en medio de mi campaña?», expresó Trump. Y añadió: «¡Recuperaremos la casa blanca y haremos grande a Estados Unidos otra vez!».
«Este es un mundo de fantasía»
En el documento, Engoron consideró que la Fiscalía, «demostró (que existe) responsabilidad» por parte de los acusados, entre los que también figuran Allen Weisselberg y Jeffrey McConney, dos antiguos ejecutivos de la Organización Trump, y ordenó que se cancelen las licencias de negocio de todos en Nueva York. En los próximos diez días, los acusados deben recomendar a tres personas como máximo para que gestionen la disolución de las empresas relacionadas a esas licencias canceladas, según indica el dictamen.
Engoron señaló además que el magnate hizo declaraciones que multiplicaban por tres el tamaño real de su apartamento en la Torre Trump y opina que una «discrepancia de tal magnitud, por un desarrollador inmobiliario que exagera su propio espacio de vivienda durante décadas, solo se puede considerar fraude».
La sobrevaluación del patrimonio de los activos de la empresa fue de entre los 1.900 y los 3.600 millones de dólares cada año, según James. «En el mundo de los demandados (Trump y sus hijos): los apartamentos de alquiler regulado valen lo mismo que los apartamentos no regulados; la tierra restringida vale lo mismo que la tierra no restringida», indicó el juez. «Este es un mundo de fantasía, no el mundo real», consideró.
Contra las cuerdas
Restringir la capacidad de los Trump para hacer negocios en el estado era una de las metas de la denuncia interpuesta por la fiscal James a finales de 2022, en la que la autoridad reclama una multa de 250 millones de dólares, cuestión que previsiblemente se abordará en el juicio de la semana próxima.
El magistrado Engoron también rechazó una moción paralela de la defensa de Trump, que solicitaba que se desestimaran todos los cargos, y ordenó sanciones de 7.500 dólares para cinco de los abogados del expresidente. La decisión supone un doble golpe judicial para Trump, que pese a ser el claro favorito del Partido Republicano para las próximas elecciones a la Casa Blanca, se enfrenta a una larga lista de causas en los próximos meses, lo que podría complicar su campaña.
Aparte de este caso, Trump lidia con 91 cargos en su contra en cuatro estados. 40 de ellos están relacionados con el supuesto manejo de documentos clasificados en su mansión de Florida; 34 con presuntos pagos ilegales a una actriz porno durante su campaña presidencial, en Nueva York; 13 con la ley estatal de crimen organizado en Georgia por intentar revertir los resultados electorales de 2020; y otras 4 acusaciones en Washington DC vinculadas al mismo tema, por sus denuncias falsas de que hubo un fraude electoral y múltiples maniobras engañosas.
Si el magnate republicano llegara a ser condenado en Washington y Florida antes de los comicios del año próximo y ganara, podría intentar indultarse. Sin embargo, ese poder no se extiende a los casos de Georgia y Nueva York, porque son procesos estatales. El presidente estadounidense sólo puede conceder indultos por delitos federales.