El presidente de la petrolera estatal calificó como un «absurdo» la reacción de algunos dirigentes tras el reciente fallo en Estados Unidos contra la nacionalización de la empresa. «Por ahora YPF no tiene que pagar nada», aclaró.

    El presidente de YPF, Pablo González, consideró este lunes que la reacción de algunos dirigentes de la oposición al reciente fallo de Estados Unidos contra la Argentina por la nacionalización de la petrolera revela la intención de «volver a privatizar» la compañía.

    «Que festejen un fallo a favor de un fondo buitre y en contra del país es un absurdo, pero forma parte de una estrategia para volver a privatizar YPF», dijo respecto a la reacción de la oposición y algunos medios de prensa.

    Respecto al fallo en sí, cuestionó que «se busca indemnizar a un fondo buitre que no generó ni un litro de petróleo ni generó puestos de trabajo».

    La semana pasada, se conoció otro capítulo de la saga de YPF contra Burford, el fondo que inició un juicio en el 2015, cuando adquirió los derechos de litigio de parte de uno de los accionistas de entonces de la petrolera, el Grupo Petersen.

    La jueza Loretta Preska, del distrito sur de Manhattan, determinó que la Argentina deberá indemnizar al demandante, el fondo Budford, por la «formula D» -expuesta en el juicio- que, según los entendidos, puede representar un monto máximo solicitado, de hasta US$ 16.000 millones.

    En declaraciones a radio AM 750, González expresó su preocupación por la posibilidad de que «el fondo buitre» pida que «se involucre a YPF», aunque subrayó que «hay que tener en cuenta que es un fallo en primera instancia y aún queda la apelación».

    «Por ahora YPF no tiene que pagar nada», aclaró González, quien precisó que la demanda inicial de Burford había sido en contra del Estado y en contra de YPF y que la jueza hasta ahora se expidió sólo contra la Argentina, pero el demandante también podría apelar este punto.

    «¿Por qué una jueza de Estados Unidos falla contra una medida adoptada en Argentina? Esto es porque en tiempos de (el ex presidente Carlos) Menem se firmaron prórrogas de jurisdicción» en donde anticipadamente la Argentina renunció a la jurisdicción local, explicó González.

    Asimismo, señaló que «nadie sabe por cuánto se compraron los derechos del litigio», y remarcó que se trata de fondos buitre que no invirtieron nunca en el país ni en YPF ni en el rubro energético.

    «Volvería a votar la ley de expropiación de YPF. Fue como una segunda fundación», aseguró el funcionario.

    El viernes último, tras conocerse el fallo, la portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, a través de su cuenta en la red social X (ex Twitter) afirmó que «el gobierno argentino apelará inmediatamente el fallo de la jueza Loretta Preska».

    En la misma línea que lo informado por Cerruti, el estudio de abogados Sullivan & Cromwell, que representa a Argentina en la demanda de Burford Capital, manifestó «su desacuerdo con la decisión sin precedentes y errónea de la corte de distrito» de Nueva York y ratificó «la intención de apelar la sentencia».

    Al respecto, el abogado Robert Giuffra, socio del estudio Sullivan & Cromwell, aseguró que «la sentencia dictada en materia de daños y perjuicios refleja la incomprensión fundamental de la corte de distrito respecto del derecho argentino aplicable y exacerba otros errores graves de derecho argentino que la corte ya cometió en instancias anteriores del caso».

    «Este litigio, que versa sobre los derechos de ex accionistas de una sociedad argentina bajo los estatutos de esa sociedad, no se debería tramitar en un tribunal de Estados Unidos, en particular cuando el derecho argentino vigente exige que este tipo de controversias sobre derecho argentino deben ser decididas por los tribunales argentinos«, agregó Giuffra en una nota de prensa.

    En cuanto a la reacción que generó el fallo en Argentina, el expresidente Mauricio Macri fue uno de los que celebró en redes sociales.

    «Qué lástima que la mayoría se dejó llevar por esta locura destructiva”, dijo en alusión a la recuperación de la compañía a manos del Estado y las provincias.

    Por su parte, el candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, dijo que el fallo es “una muestra de lo caro que nos cuesta la casta política chorra, parasitaria e inútil».

    La candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, propuso “que la guita la ponga el kirchnerismo. ¡Qué caro nos cuestan los K a los argentinos!».