Recuperan a la fuerza departamentos usados como prostíbulos

Están en un predio ubicado en calle Federico Moreno de la Cuarta Sección de Ciudad. Serán un hogar para víctimas de trata.

La propiedad que tres mujeres regenteaban como prostíbulo en la Cuarta Sección de Ciudad, y por el que fueron condenadas a prisión, fue recuperado ayer “a la fuerza”.

Ahora será destinado a alojar a víctimas de trata. Angélica “Tita” Moreno Muñoz (65) y sus hijas Micaela Bontorno Moreno (39) y Lorena Bontorno Moreno (42) fueron condenadas a 4 años de prisión por facilitar la prostitución de mujeres en Capital.

Las mujeres fueron acusadas de regentear un prostíbulo que funcionaba en la calle Federico Moreno al 2400. El fallo, tras un debate de un par de días, se conoció en mayo de 2016 y llevaba la firma de los jueces Daniel Petrone, Alejandro Piña y Gretel Diamante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1.

De acuerdo a la investigación, en el lugar había mujeres de diferentes edades y nacionalidades que ofrecían servicios sexuales en la vía pública.

Por eso inicialmente la imputación fue de trata, pero con la declaración de testigos, sumada a la intervención de varios teléfonos, la fiscal Patricia Santoni solicitó el cambio de calificación y así se llegó a la condena de 4 años, el mínimo que establece el Código Penal en su artículo 125.

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Esta disposición judicial tuvo ayer su continuidad cuando la secretaria del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, María Natalia Suárez, cumpliendo funciones emanadas por el propio Tribunal concretó el decomiso de las propiedades.

Estas quedaron en manos del Gobierno de la provincia, que las destinará como alojamiento para víctimas del delito de trata. En abril del año pasado el ejecutivo ya había aceptado, según lo publicado en el Boletín Oficial, con un decreto firmado por el gobernador Alfredo Cornejo.

Bien temprano
Ayer el movimiento de vehículos policiales y de Gendarmería Nacional sobre la calle Federico Moreno, en la Cuarta Sección, sorprendió a más de un vecino y a otros tantos automovilistas.

Es que a la altura del 2000 la Justicia decomisó tres inmuebles (por la numeración, pero todo funciona en un predio común), ordenado en la sentencia de mayo de 2016.

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Con la presencia del jefe de Policía, Roberto Munives, junto al segundo de la Fuerza, Oscar Flores y la subcomisario Verónica Abaca, responsables del procedimiento, se concretó primero el desalojo de los ocupantes de la amplia propiedad.

Inmediatamente después se puso el decreto de traspaso en manos del Gobierno, representado por el subdirector de RUPI (Registro Único de Propiedades Inmuebles), Oscar Villanueva.

En el acto también estuvieron funcionarios del Gobierno, entre ellos, Luz Faingold de Derechos Humanos y Alejandro Verón de Desarrollo Social.

Claves
Una madre y sus dos hijas fueron condenadas en mayo de 2016 a 4 años de prisión por facilitar la prostitución en los tres inmuebles.

La Justicia Federal dispuso en abril de 2018 que la propiedad fuera cedida al Estado mendocino para instalar allí un hogar para víctimas de trata.

El traspaso no se había hecho efectivo. Por eso ayer se desalojó a los inquilinos y se recuperó el predio.

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