Piden condenas a curas violadores y abusadores de menores del Próvolo

El juicio por abusos en el instituto católicos para menores sordos Antonio Próvolo comezó la etapa de definición, tras más de 40 audiencias que se desarrollaron a lo largo de tres meses. Ya culminaron los alegatos del Fiscal ante el Tribunal Penal Colegiado Nº2 de Mendoza y el fiscal Alejandro Iturbide pidió penas de 45 años de prisión para los curas Nicola Corradi y Horacio Corbacho; y de 22 años y medio para el ex jardinero Armando Gómez. Los tres están imputados por hechos de abusos sexuales (simples y agravados) y de corrupción de menores en el establecimiento que funcionaba en Carrodilla.

Iturbide dió los fundamentos el lunes, luego de que el fiscal quien instruyera toda la causa– Gustavo Stroppiana se explayara en la contextualización de los hechos.

Iturbide se detuvo en cada uno de los hechos, en su prueba, y los relató de forma cronológica. Más de 20 ex alumnos denunciaron haber sido abusados y atacados mientras estudiaron en el Próvolo, lo que convierte a este juicio en uno de los escándalos de abuso eclesiástico más importantes de la historia argentina.

La pena máxima por estos delitos llega a 50 años, por lo que la fiscalía solicitó 45 años de prisión para los curas. Sobre Corbacho, el fiscal detalló que es el que tiene la mayor cantidad de imputaciones por violaciones (abusos sexuales agravados). Mientras que para Corradi, si bien tiene 6 imputaciones, agrava su situación el hecho de que era el regente del instituto; y quien comandaba todo lo que acontecía en el Próvolo. El pedido referido a Gómez corresponde a la mitad del de los curas (22 años y medio), y en sus alegatos Iturbide consideró que se trata de una persona analfabeta, de poca instrucción y claramente influenciable.

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Armando Gómez también es sordo. una víctima que estuvo en la escuela católica entre el 2011 y el 2013, testimonió en el juicio que Gómez, a quien se refirió como “Pilo”, guardaba entre sus pertenencias prendas íntimas de algunos de los estudiantes de la institución. Otro alumno declaró que fue violado al menos 8 veces por Corradi en el instituto, en ocasiones hasta llegaba a desmayarse por el dolor que sufría durante esos ataques.

Los abogados querellantes Lucas Lecour y Sergio Salinas dieron sus alegatos y hoy será el turno de Leandro lanci y de Oscar Barrera, en representación de otro grupo de víctimas. Barrera destacó que el alegato de la Fiscalía fue «impecable»

Salinas y Lecour –de la ONG Xumek– hablaron por los hechos que involucran a las 5 víctimas que ellos defienden (en total la causa inicial tiene a 11 víctimas). Y solicitaron la pena máxima para el cura Corbacho. Los abogados adhirieron al pedido de la Fiscalía referido a las penas para Corradi y Gómez.

También pidieron medidas de satisfacción y prevención, tanto para las víctimas actuales como para evitar que vuelvan a producirse delitos de abusos similares. Solicitan que la Iglesia Católica haga un «pedido de disculpas público» a los involucrados en este caso; que el Congreso de la Nación derogue el Concordato con el Vaticano (de 1966), que se garantice la enseñanza de Lengua de Señas en las escuelas mendocinas y que se asegure además un seguimiento y contención a las víctimas una vez culminado el juicio.

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También pidieron medidas de rehabilitación, como que el Ministerio de Salud provincial brinde tratamiento psicólogico y psiquiátrico gratuito por el tiemp que sea necesario y que se arbitren los medios para que las víctimas puedan acceder, como el transporte gratuito o las visitas domiciliaras según la situación de cada una. También solicitaron que se brinden becas para educación.

Concretamente pidieron que se exija a la Iglesia Católica Argentina «disculpas, mediante acto público, a las víctimas; realizado con el acuerdo y participación de éstas»; que en la web del Poder Judicial se resguarde la identidad de las víctimas y sólo se difunda la parte resolutiva del fallo y que la municipalidad de Luján de Cuyo ponga en el edificio donde funcionaba el Provolo «una placa recordatoria de los terribles hechos que allí sucedieron».

Que se designe un Defensor del Niño, que se dé de baja el Concordato con el Vaticano de 1966 (que mantiene las causas en las que hay sacerdotes implicados dentro de la órbita del derecho canónico) y que se cree un “Protocolo de Actuación para la prevención de delitos de índole sexual en establecimientos educativo y/o religiosos”. Y también pidieron que se replique en Mendoza el programa «Brigada Móvil de Intervención en Urgencias con Víctimas de Delitos Sexuales», que incluye contención a la víctima, a su familia, y asistencia jurídica, social y psicológica

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