Ley de semillas busca beneficiar a pequeños agricultores

El Gobierno buscará beneficiar a partir de la modificación de ley de semillas, al agricultor familiar y al pequeño productor, y deja en manos los grandes productores el pago de regalías en el inicio de cada campaña agrícola.

Desde meses atrás se viene dando en el ámbito de la Comisión Nacional de Semillas (Conase) un debate para cambiar algunos artículos en la ley 20.247 cuya antigüedad es de 39 años. El principal se refiere al capítulo 5, que permite el uso propio o no de la semilla. Es decir que cada productor cada vez que cosecha, se queda con una parte para sembrarla en la próxima campaña.

Si bien en la actualidad esto no está prohibido, el mercado semillero se fue llenando de irregularidades que van desde la compra de semillas no fiscalizadas hasta la bolsa blanca (venta entre productores). Según datos del Instituto Nacional de Semillas (INASE), lo que se siembra por ejemplo en soja con semillas fiscalizadas, está en el orden del 25% de la superficie de siembra, »el 75% restante tiene mucho de uso propio y también hay semilla ilegal», dijo su presidente, Carlos Ripoll.

A partir de este punto y del reclamo de los mismos »obtentores» es que se empezó a buscar sus modificaciones desde el 2007. Para eso es que se impulsa el pago por el uso de la tecnología, para lo cual la nueva norma protegería a la agricultura familiar y al pequeño productor del acceso libre. Asi, se crearía un registro donde los donde estarán inscriptos con el monitoreo del Ministerio de Agricultura y que con la ayuda de la Conase, se »resolverá sobre la inclusión, eliminación, y/o continuidad de cada agricultor».

En tanto, las entidades agropecuarias buscan el consenso interno, con el fin de sentar una posición conjunta para oponerse al control y la elaboración de contratos anticipados.

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Uso Propio. Desde la Federación Agraria Argentina (FAA), Jorge Solmi, representante de la entidad en la Conase, señaló que la negativa es por »el avance desmedido de los obtentores sobre los derechos de los agricultores».

Por su parte, el secretario de Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y la Pampa (Carbap), Matías de Velazco, añadió que con esta ley »el productor pierde el derecho al uso propio».

Para el representante de Coninagro Federico Landgraf mantener el uso propio gratuito para una parte de los productores es »importante» porque esto »es algo que las semilleras no avalaban», pero reconoció »que es preocupante saber dónde va a estar el corte».

La Sociedad Rural Argentina (SRA) le envió una carta al INASE, donde pidió que la semilla sembrada se deje »por cinco veces consecutivas para su propio uso».

El pago del canon fue defendido por el presidente de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), Alfredo Paseyro, al sostener que »la tecnología cuesta mucho tiempo e inversiones desarrollarla; entonces, la primera premisa es reconocer esa propiedad».

En esencia, la ley que en breve se enviará al Congreso, habla del uso propio oneroso en donde como ya se dijo los pequeños no pagarán y por el contrario podrán tener la nueva tecnología a su disposición. El problema, desde ya, surge en saber quién es el de menor escala. Se lo medirá por sus hectáreas, la producción o por donde está ubicado, entre otros ítems, una definición que quizás tendrá que hacerse con mayor profundidad en el Parlamento.

Contratos. Otro de los debates se enmarca en el pago de la tecnología, es decir, si en la siembra o en la cosecha. Aquí también surge la discusión de la unificación de una sola ley y no, como sucede ahora donde la semilla (germoplasma) se trata distinto de los eventos (patentes).

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Por su parte, la SRA pide que se trate en la ley de semillas de forma tal de »salvaguardar al productor de reclamos posteriores», pero lo cierto es que la multinacional Monsanto ya viene realizando contratos firmados por productores aceptando el pago de regalías por su nueva soja RR2, ya aprobada por el Gobierno.

En este sentido, el presidente de la Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores (CASEM), Raúl Pagnoni, planteó que el proyecto »sólo apunta a limitar el uso propio y establecer cómo grandes compañías multinacionales cobran patentes».

De acuerdo a datos del mercado, un productor norteamericano al sembrar una hectárea de soja paga aproximadamente unos u$s20 por hectárea de regalías.

Para el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, Luis Basterra, »los contratos que se están haciendo, se dirimirá si son o no legales o constitucionales. Lo cierto es que la ley no lo contempla».

Lo cierto es que la situación del mercado evidencia la dificultad en el control del mercado ilegalde semillas y resolver la polémica que se ha activado entre lo productores en qué momento se cobrará el canon. En tanto, también se trata de resolver las cuestiones judiciales en torno a los convenios de Monsanto.

Cabe recordar que durante el año 2006, la multinacional logró frenar barcos en Europa, con el fin de obtener u$s15 por tonelada, pedido que luego la Justicia negó. Poco después, la empresa desestimó acciones judiciales.

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