Guadalupe: un mes después de su desaparición, en San Luis no hay pistas de la niña

La mamá de Guadalupe, Yamila Cialone, reclama que aparezca ya.. Imagen: Télam

A poco más de un mes de la desaparición en San Luis de Guadalupe Belén Lucero, de 5 años, hay varias hipótesis, pero ninguna pista concreta sobre el paradero de la niña. El juez de la causa, Ariel Parrillis, señaló que “no se descarta ninguna hipótesis”, de las muchas que trascendieron, y confirmó que la instrucción “seguirá como hasta ahora bajo la responsabilidad” de la policía provincial. “Tenemos un sistema judicial muy viejo”, admitió Héctor Zavala, abogado del padre de Guadalupe, quien ratificó que “por ahora no hay novedades” en la búsqueda. Lo mismo dice José D’Antona, de la fundación que preside Susana Trimarco, que representa a la madre de la niña. Ya se realizaron nueve marchas por la aparición de Guadalupe, en las que se expresan, por igual, dudas sobre la instrucción policial y críticas al Gobierno provincial.

El pulso cotidiano confirma que el caso tiene en vilo a los puntanos, aunque eso todavía no se corrobore en la masividad de las manifestaciones públicas, que de todas maneras van creciendo cada vez más. En la que se hizo el miércoles, sorprendió volver a escuchar una de las consignas emblemáticas de las Madres de Plaza de Mayo durante la dictadura cívico-militar: “Ahora resulta indispensable, aparición con vida y castigo a los culpables”.

Fuentes judiciales ratificaron lo dicho por el juez Parrillis, en el sentido de que “no hay ningún indicio que diga que Guadalupe no esté con vida”. Los investigadores y los familiares de la madre y el padre, creen que la niña puede estar todavía retenida en la provincia por quien se la llevó. En las manifestaciones públicas, aumentan los cuestionamientos a la espectacularidad de los despliegues de las fuerzas de seguridad en los operativos de búsqueda. Las críticas apuntan a que parecen destinados a dar “una imagen positiva” y no a la existencia de pistas concretas que surgen de la investigación.

Las organizaciones feministas y sociales que acompañan a los familiares, y de manera especial a Yamila Cialone, la mamá de Guadalupe, consideran que los instructores policiales “no son confiables” y ponen como ejemplo la actuación que tuvieron en el femicidio de Marilyn Cejas, ocurrido hace nueve años, al que los instructores policiales calificaron de “suicidio”, hasta que se cambió la carátula como homicidio agravado”. En el caso fue imputado el policía Roberto Celi, pareja de la víctima. El cambio de rumbo lo decidió la entonces jueza Virginia Palacios, hoy designada fiscal para intervenir en la causa por la desaparición de Guadalupe.

Los operativos de búsqueda de la niña son anunciados a diario por el jefe de Relaciones Policiales, Lucas Chacón. Ya se realizaron cerca de 270 allanamientos, incluso en los domicilios del padre, la madre y otros familiares directos de la niña desaparecida y más de 600 rastrillajes. La policía secuestró 250 teléfonos celulares entre los vecinos del barrio 544 Viviendas, donde desapareció Guadalupe el lunes 14 de junio a las 19,20. Esa es la “zona cero”, de la que se espera que aparezcan las huellas que lleven a encontrar a la niña.

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La mamá de Guadalupe cuenta, desde el 7 de julio, con el acompañamiento de Susana Trimarco y su equipo de trabajo de la Fundación María de los Angeles. El abogado José D’Antona asumió como representante legal de la mama de Guadalupe.

Con Trimarco a la cabeza se instalaron en San Luis junto con un equipo técnico y la representante legal de la Fundación, Betina Laguna Mendoza. Cuentan con el apoyo remoto de especialistas que están en Buenos Aires, Córdoba y Tucumán. El juez Parrillis hizo lugar al pedido que presentaron para que se dispusieran diez medidas de prueba. Coinciden en que “no hay sólo una hipótesis, son varias que ya existían” y las incorporadas por la Fundación. Aclararon que “no sólo vinimos a investigar el tema de la posible trata de personas, sino todas las hipótesis que hay en la causa”.

Por el momento nadie cuestiona al juez de la causa, pero en el ámbito local se admite que el Poder Judicial de San Luis “afronta un caso de una gravedad compleja”, por la acumulación de hipótesis, que van desde el secuestro extorsivo a la supuesta intervención de una banda narco, o la presencia de una red de trata.

Lo que dicen los observadores críticos es que algunas de las posibilidades fueron sugeridas por las fuentes policiales y rebotadas por los medios, sin que se conozcan a fondo los fundamentos. Por eso, las organizaciones que convocan a las marchas, expresan sus dudas sobre la instrucción policial.

Por medio de un comunicado público, Georgina Cialone, tía de Guadalupe, pidió el apoyo de la comunidad, acompañada por organizaciones que vienen señalando que “la búsqueda (de la niña) debe profundizarse, del mismo modo que la investigación debe involucrar también al fuero federal para ampliar las posibilidades de búsqueda” y esclarecimiento del caso.

La mamá de Guadalupe, al principio, no quería ni tenía fuerzas para marchar. “Ella está muy mal, está siendo apuntalada por su familia y sobre todo por su mamá”, dicen sus allegadas.

La abuela materna de Guadalupe, Silvia Domínguez, es la que más habla con los periodistas. El miércoles criticó al gobernador Alberto Rodríguez Saá, porque ese día convocó a una conferencia de prensa para hacer anuncios políticos, a la misma hora en que se había convocado a la novena marcha. La mujer dijo que con esa actitud, el mandatario “demostró que nada le interesa sobre la aparición de mi nieta”.

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Agregó que “lo que no quiere es que el caso se siga difundiendo y buscó que los medios no vinieran” a cubrir la manifestación. Eric Lucero, el padre de Guadalupe, se manifestó en el mismo sentido.

La investigación

Sobre la marcha de la investigación, el abogado Héctor Zavala, que representa al padre, dijo estar de acuerdo con la tarea del juez Parrillis. Por el contrario, algunos analistas consultados señalaron que “no hay un hilo conductor” en la instrucción policial. Por la falta de una pista concreta, la causa sigue caratulada como “averiguación de paradero”. Esto se debe a que no hay elementos concretos como para configurar qué tipo de delito se está desarrollando. Eso torna imposible que se pueda dar intervención a la Justicia Federal, como piden algunos sectores.

El viejo sistema judicial vigente en San Luis pone la instrucción en manos de la policía, bajo la supervisión del juez. Los fiscales pueden tener intervención, pero recién se hacen cargo una vez que el magistrado les deriva el expediente.

En la primera semana, tras la desaparición de Guadalupe, el 14 de junio, la mamá de la niña dijo que una vez que tuviera a su hija nuevamente en sus brazos iba a decir “la verdad” sobre lo ocurrido.

En ese momento intervino la fiscal de Cámara Virginia Palacios, designada para la causa. Ella participó, junto con los instructores policiales, en las tres declaraciones testimoniales que se le tomaron a Yamila Cialone, para que ampliara sus dichos. La mamá explicó que sus expresiones surgieron del terrible momento por el que está pasando. También desmintió, en la causa y en público, que tenga alguna relación con personas vinculadas a algún tipo de delito.

El juez confirmó que la policía seguirá en la instrucción y no hay objeciones por parte de los abogados que representan al padre y a la madre. Desde la Fundación de Susana Trimarco, recordaron que “todo lo que se hace en la instrucción policial, es supervisado y ordenado por el juez, con el conocimiento de las partes, que a su vez pedimos pruebas que son impulsadas por el magistrado”.

A nivel nacional se produjo el lanzamiento del alerta Sofia, para ayudar a la difusión del caso y sigue vigente la recompensa de dos millones de pesos para quien brinde datos fehacientes sobre el paradero de Guadalupe.

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