FUNCIONARIOS DE ALVEAR NO CUMPLEN LOS DECRETOS VIGENTES POR LA CRISIS SANITARIA

Pablo Reyes, el director de Desarrollo Humano de la municipalidad de General Alvear asumió públicamente la responsabilidad sobre su participación en una fiesta de cumpleaños en el edificio de una repartición pública de la intendencia. En ese festejo estaban más de diez personas sin barbijos y sin cuidados de distancia social como marca el protocolo más la gravedad de que estas persona atienden comedores y estÁn en contacto con público que asiste a esos lugares.

El funcionario ha declarado que “es un error por parte mía y asumo la responsabilidad de la situación”, dijo Reyes en una radio de la ciudad de Mendoza, y también se informó que se le ha iniciado un sumario, pero no hay denuncia formal por incumplir el decreto provincial y nacional sobre su actuación frente a la emergencia sanitaria.
Reyes y los concurrentes a celebración de cumpleaños realizada en el local de la Dirección de Discapacidad ubicada en calle Zeballos e Independencia a dos cuadras hacia el sur de la Terminal de Ómnibus de Alvear, tienen la responsabilidad extra de ser funcionarios públicos y por lo tanto deben cumplir con los decretos y reglamentaciones vigentes con más celo que el resto de las personas que tienen esa obligación.

Pablo Reyes dijo que esto “Se dio en el marco de una de mis visitas habituales por el área que tengo a cargo, que es la de Discapacidad, donde profesores, choferes y todo el equipo de trabajo que no tiene los talleres por la pandemia, lo que hacen es elaborar tortitas para repartir en los merenderos del departamentos. En el horario de desayuno llegué a saludarlos, ya que lo hago habitualmente, con la particularidad que era el cumpleaños de una de las personas y entre sus compañeros le habí­an comprado una torta para agasajarla en el momento del desayuno”, aclaró.

Pero lo que omite decir públicamente Pablo Reyes es que desde que se definió el confinamiento obligatorio realiza reuniones periódicas en un domicilio de Alvear Oeste, con el delegado municipal de ese distrito y varios parroquianos también funcionarios. Esas reuniones no son de trabajo, como se ve en las fotos que los participantes se envían por mensaje privado, con el texto del jefe que indica que no las suban a las redes sociales porque no está permitido ese tipo de reuniones.

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“Ese es el primer error, -continúa diciendo Reyes-, habí­a más personas de las que debían estar, y el segundo error es que no se respetó el distanciamiento social”, dijo el funcionario sobre la reunión en donde él mismo asegura que habí­an unas 16 personas.

“Tuvimos contacto permanente con el intendente, Walter Marcolini, quien está preocupado, y estamos a disposición de la Justicia y vamos a asumir la responsabilidad y las consecuencias que esta situación de la que fuimos parte. Vamos a comparecer ante la Justicia en cuanto seamos convocados” dice Pablo Reyes.

El 28 de junio, públicamente el intendente Marcolini hizo un repaso de las medias llevadas adelante para evitar que ingrese algún caso de Covid-19 al departamento y pidió a la población que cumpla con los protocolos porque “estamos en el pico de la pandemia”.

“Tenemos ingresos nacionales y estamos haciendo un gran control en las fronteras, la gente tiene que cumplir las salidas por DNI, se van a incrementar los controles. “Estamos hablando de defender la vida y estamos hablando de que necesitamos la colaboración del vecino para que se organice”. Afirmó que la pandemia está en su pico máximo “y sabíamos que esto iba a pasar, el equipo de epidemiología de la provincia explicó que es un tema aritmético, que esto crece, que va a llegar y que no hay forma de frenarlo, no es caer en el pánico o en el miedo, si ser precavido y para eso tenemos que ayudar todos porque no hay manera ni cantidad de inspectores, policías, no hay cantidad de gente para controlar todo”.
Marcolini dijo en ese momento que “somos una sociedad adulta y que confía mucho en la gente”.
Entonces sus funcionarios dos días después hicieron caso omiso del pedido del jefe político del lugar.

La publicaron de la celebración en las redes sociales es lo que desencadenó que los vecinos comenzaran a emitir opiniones y relatar otros casos. Muchos justificaban el accionar con comentarios que hacen referencia a que se trata de “buenas personas” que trabajan “dando de comer en los merenderos”. Pero otras personas subrayan justamente esa circunstancia y que por ese motivo deberían haber tomado más recaudos y responsabilidades ya que asisten habitualmente a amplios sectores de la comunidad.

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Marisa Gambarelli, es la persona del Taller de Discapacidad, que festejó su cumpleaños, junto al secretario de Desarrollo Social, Pablo Reyes, y al director municipal de Contingencias, Fernando Álvarez.
La municipalidad dice que se iniciaron sumarios administrativos, al igual que a los empleados de otras dependencias que, no obstante, estuvieron en el festejo y el lugar que no les correspondía.

No se conocen detalles de ese sumario ni tampoco sobre la denuncia judicial que es obligatoria o si se realizaron las actuaciones de oficio por parte de algún fiscal o juez de instrucción.

Los concejales Hebe Katzer, Javier García y Ariel Andrés, a través de una nota enviada al intendente, el radical macrista Walther Marcolini, pidieron la renuncia de los funcionarios.

“El intendente deberá tomar medidas pero creo que los implicados deberían ahorrarle el tiempo y renunciar” dijo Ariel Andrés.
Pero luego de todo un día de idas y vueltas, en donde solo hay declaraciones pero ninguna documentación se ha mostrado para corroborar el inicio de sumario y las actuaciones judiciales, el intendente no asumió públicamente su posición.

También se conoció que hay un pedido formal para revisar las grabaciones de las cámaras de vigilancia del lugar ya que hay testimonios sobre la posible presencia de más funcionarios en el momento de la fiesta compartiendo sin acatar los decretos vigentes.

Finalmente otro de los enigmas que falta aclarar, es la presencia en el lugar de personal uniformado que pertenecen a una unidad militar, posiblemente una con asiento en el distrito Campo de Los Andes, en el Valle de Uco.
No se conoce el nombre del responsable de la unidad, las órdenes impartidas, el motivo de la presencia en el lugar y la responsabilidad del cumplimiento de la distancia obligatoria y el uso de barbijos. Solo se sabe que se desplazan en un Unimog y que realizan controles y logística. Pero ante el requerimiento periodístico de los detalles y la situación de esas personas, se ha generado un silencio contundente.

P.S.

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