Fiscalías de todo el país atenderán solo actos urgentes y garantizarán servicio «imprescindible»

Las Fiscalias de todo el país funcionarán desde hoy para atender «actos urgentes» y garantizar el servicio de justicia «imprescindible» ante el aislamiento social, preventivo y obligatorio resuelto por el Gobierno Nacional a raíz de la pandemia de coronavirus.

La Procuración General de la Nación resolvió «eximir» a los integrantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación «de concurrir a sus lugares de trabajo, a excepción de quienes sean convocados, dentro del marco de estricta necesidad», según una resolución del procurador interino Eduardo Casal.

La medida rige con la «excepción de quienes sean convocados, dentro del marco de estricta necesidad, por las/los magistradas/os de este Ministerio Público Fiscal que deban cumplir actos urgentes para garantizar el servicio de justicia imprescindible en todas aquellas actuaciones judiciales que no admitan demora» aunque debe priorizarse «para esos supuestos excepcionales a aquellas/os que revistan la jerarquía de funcionarias/os».

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Los fiscales con competencia federal en todo el país son quienes actúan en los casos de violación del aislamiento obligatorio, que prevé distintas penas de acuerdo al tipo de delito en base a tres artículos del Código Penal.

En la ciudad de Buenos Aires, la fiscal Alejandra Mángano está de turno hasta el 31 de marzo con el juez Luis Rodríguez y, entre otros casos, intervienen en la causa abierta a raíz del joven que viajó anoche en Buquebús desde Colonia aparentemente afectado por coronavirus y obligó a poner en cuarentena a todos los pasajeros y empleados de la empresa.

También hay causas abiertas por violar la cuarentena obligatoria en Mar del Plata, Concepción del Uruguay, Salta, Jujuy, Chaco, la localidad bonaerense de San Nicolás, Zárate-Campana, según un relevamiento de la Procuración General de la Nación.

La violación del aislamiento preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional tiene penas previstas en tres artículos del Código Penal.

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El artículo 205 prevé prisión de seis meses a dos años a quien viole «las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia».

El 239 pena con 15 días a un año de prisión al que resista o desobedezca «a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal».

La imputacíón más grave es al del artículo 202, que podría aplicarse en el caso Buquebús, que dispone que «será reprimido con reclusión o prisión de tres a 15 años, el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas».

 


Fuente: Télam

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