La Cámara 4ª del Crimen de Tribunales 2 condenó a tres años de ejecución condicional a Federico Jesús Rossini por acoso laboral o mobbing.

a Cámara 4ª del Crimen de Tribunales 2 condenó a tres años de ejecución condicional a Federico Jesús Rossini por acoso laboral o mobbing.

Se trata de un fallo histórico por las características del caso y además porque es el primer juicio en el país que llega a un tribunal por violencia laboral.  La victima es Alicia Moyano, una mujer que comenzó a trabajar en Impresso S.R.L en el año 2003, el hombre asumió como su superior en el año 2008, y en ese momento expresó la mujer a un medio cordobés “Comenzó mi odisea laboral”.

El imputado confesó y pidió disculpas tras haber maltratado a la denunciante.

El querellante Pedro Despouy destacó que se trata «del primer caso en el país y en Córdoba sobre lesiones gravísimas, agravadas por placer, en un contexto de mobbing y violencia de género. Hablamos de un acoso laboral, un hostigamiento perverso por parte del supervisor de una empresa en relación a la víctima que estoy representando», fue lo que sostuvo a este medio.

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El caso: En el año 2008 Alicia Moyano trabajaba en una empresa como  telemarketing, y un supervisor se ensañó hostigándola, maltratándola y agraviándola hasta con malos tratos.

La mujer estuvo más de un año con licencia psiquiátrica por el daño que le ocasionó esta persona y fue despedida de manera indirecta en relación a la empresa. En ese momento se realizó un juicio laboral, pero llegado el momento la empresa no pagó por el daño.

Desde el derecho penal, el doctor, Pedro Despouy analizó la problemática y realizó una denuncia penal por el delito de lesiones, ya que estaba claramente probado en sede laboral.

Se llegó a un juicio en donde hoy comenzó y terminó, ya que el imputado junto a su defensor solicitaron ir por un “juicio abreviado” y en este contexto se concretó la acusación, se formularon los alegatos por parte de la fiscalía y de la querella y se le aplicó al imputado además dos reglas de conducta específicas;  por un lado la obligación de realizar un tratamiento psicológico y por otro lado, realizar un curso de violencia con perspectiva de género, todo esto fue bien entendido por el tribunal , con apoyo en la ley  24.685.

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