DD.HH.: a diez años de dos nulidades clave

La Obediencia Debida se sancionó en diciembre de 1986. El Punto Final, en junio de 1987. Dos leyes con las que el Estado democrático ratificó durante más de 15 años todo lo actuado en dictadura.

Este miércoles se cumplen diez años de la declaración de nulidad de esas leyes en el Congreso Nacional, que resultaron la piedra fundacional para la reapertura de los juicios por los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar.

Historia

En marzo de 2001 un juez declaró por primera vez la inconstitucionalidad de las leyes. Desde febrero de 2002, Patricia Walsh, diputada de Nueva Izquierda e hija del escritor y militante desaparecido Rodolfo Walsh, insistió con darle tratamiento a ese proyecto pero nunca había obtenido el quórum necesario. Tenía como antecedente que un proyecto similar, de los diputados del Frepaso Juan Pablo Cafiero y Alfredo Bravo, ya había fracasado en 1998.

El mandato de Néstor Kirchner a los legisladores oficialistas sería central para lograr el apoyo de las mayorías peronistas a la iniciativa de Walsh. El proyecto fue acompañado de un sector minoritario del radicalismo –el grueso de esa bancada se abstuvo– y el ARI –por entonces, progresista– de Elisa Carrió.

El jefe de la banca oficialista en Diputados, José María Díaz Bancalari, usó esta frase para abrir el debate los días previos a aquella jornada histórica: »Venimos con una historia cargada de cicatrices, no lo voy a negar; pero voy a repetir una frase del presidente Kirchner: venimos con memoria pero sin rencores».

En tanto, el ahora gobernador salteño Juan Manuel Urtubey, subrayó la decisión política del gobierno nacional: »Tenemos una obligación ética irrenunciable: remover los obstáculos que hacen que en la Argentina no se pueda perseguir a aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad».

Elisa Carrió, titular del bloque del ARI entonces, agradeció »profundamente» a Néstor Kirchner »por haber tenido la energía y la decisión de poner las cosas en su lugar».

Margarita Stolbizer, candidata a diputada nacional, se expresó así: »La democracia es incompatible con la impunidad.»

La senadora que cerró el debate

En una semana, el proyecto fue girado al Senado. Allí, la última oradora en la madrugada del 21 de agosto fue la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner. Esto dijo: »Hoy estamos haciendo un acto de reparación y reconstrucción institucional y moral de la Argentina. Cuando digo institucional me refiero a que no puede ser que los ciudadanos argentinos sigan viendo a sus instituciones como las que atentan contra los más elementales principios de convivencia y pacto social que nos debe animar a todos. Es moral porque no es cierto que el futuro se pueda construir barriendo la suciedad y poniéndola debajo de la alfombra. Esto no es cierto».

Luis Zamora sorprendió al no levantar su mano a favor, y explicó que las leyes eran »ilusiones que luego no se van a cumplir».

En la Cámara Alta, además de la presidenta participaron del debate el presidente del bloque oficialista, Miguel Ángel Pichetto, la ahora diputada Diana Conti, y los actuales gobernadores José Luis Gioja (San Juan) y Jorge Capitanich (Chaco). Todos votaron por la nulidad.

Los radicales Gerardo Morales y Rodolfo Terragno votaron en disidencia con el bloque de la UCR y apoyaron la anulación.

En menos de dos años, la Corte Suprema de Justicia confirmó la inconstitucionalidad de las leyes de forma casi mayoritaria, con un único voto disidente: el de Carlos Fayt.

La Ley 25.779 fue aprobada el 21 de agosto de 2003 y reglamentada el 2 de septiembre. Esa noche terminó una larga noche.

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