Comenzó el juicio a los abusadores de menores del Instituto Próvolo

A puertas cerradas,sin prensa y con traducción simultánea en lenguaje de señas ante la presencia de las víctimas y sus familiares, comenzó en Mendoza el juicio por abusos sexuales cometidos en el Instituto Antonio Próvolo para niños hipoacúsicos a dos curas y un jardinero que trabajaba allí.‬

‪El juicio que marca el ‬mayor escándalo por denuncias de abusos sexuales eclesiásticos registrado en Mendoza se inició a los curas Nicola Corradi (83), Horacio Corvacho (59) y el administrativo Armando Gómez (57), los tres imputados por «‬abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda y la convivencia preexistente con menores, en concurso real con corrupción de menores».

El fiscal Gustavo Stroppiana, quien encabezó la mayor parte de la instrucción, imputó a Corbacho por 16 hechos de abuso, de los cuales ocho son por abuso sexual agravado con acceso carnal (violaciones); y a Corradi y a Gómez por seis hechos de abuso sexual a cada uno. Otra acusación formal restante es por corrupción de menores (obligarlos a ver videos y revistas pornográficas).

Esta causa ya tiene un condenado y es el monaguillo Jorge Bordón, de 51 años, quien confesó en septiembre del año pasado durante un juicio abreviado, ser autor de 11 abusos y deberá cumplir diez años de prisión.

Todas las denuncias contra los curas y contra los empleados del Próvolo provienen de ex alumnos del instituto, quienes manifestaron haber tenido entre 5 y 16 años al momento en que se produjeron los ataques.

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Corbacho, Gómez y Bordón, ya condenado, se encuentran alojados en cárceles de Mendoza, en tanto que Corradi por su avanzada edad, cumple con la preventiva en modalidad de prisión domiciliaria.

Asimismo en esta causa ya fue sobreseído y declarado «inimputable» Luis Ojeda (41), quien según dictaminó el Cuerpo Médico Forense en diciembre de 2017 «no comprende la criminalidad de los hechos».

Los cinco enjuiciados fueron denunciados por ex alumnos del instituto Próvolo de la localidad de Luján de Cuyo como autores de abusos sexuales, simples (tocamientos) y agravados (con acceso carnal), mientras las víctimas eran menores de edad que estudiaban y dormían en los albergues del instituto.

Tras una extensa investigación que incluyó numerosas testimoniales, cámaras Gesell e incontables allanamientos e inspecciones al lugar, y con el silencio de la Iglesia católica y la defensa por omisión de los que son sus miembros denunciados,  se aguarda que la justicia aplique la mayor de las penas, si son encontrados culpables los acusados de aberrantes abusos a niños indefensos.

«‪De la justicia esperamos una condena ejemplar», remarcaron desde el colectivo Sobrevivientes del Próvolo.‬

‪Para ellos, «la valentía de los jóvenes sobrevivientes del Instituto Próvolo de Mendoza permitió romper el cerco de impunidad institucional en el que los abusadores se amparaban por asimetría de poder».‬

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‪»Sin pausa, muchos y muchas sobrevivientes se fueron fortaleciendo y se atrevieron a denunciar a sus abusadores y cómplices, y esto se extendió fuera de las fronteras de nuestra provincia. Por ello, entendemos que es un logro histórico haber llegado a un proceso judicial», afirmaron.‬

«Las causas son tres: la primera es la que se inicia el juicio ahora, la segunda es la de Kosaka Kumiko, la monja acusada de haber participado en episodios de vejámenes y corrupción de menores hipoacúsicos en el instituto, y la tercera, que está en etapa de instrucción y aún no fue elevada a juicio, involucra a la ex directora Graciela Pascual y la monja Asunción Martínez, por omisión», precisaron desde la ONG querellante Xumec.

Los abogados querellantes de la causa, Sergio Salinas y Oscar Barrera, han denunciado a lo largo de toda la instrucción la falta de colaboración de la Iglesia Católica en general y del Vaticano en particular en estos hechos conocidos como Caso Próvolo! con ramificaciones en otras localidades, como la sede en La Plata y las relaciones con el origen de orden en Italia y los intereses políticos del Vaticano.

Los imputados podrían recibir penas de hasta 50 años de prisión.

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