¿Cómo impacta la Asignación Universal en Mendoza?

La licenciada en Trabajo Social y Magister en Sociología y Ciencia Política, María Rosa Goldar, indicó los avances producidos en las políticas públicas que fueron detectados en un estudio comparativo realizado por la Fundación Ecuménica de Cuyo en toda la provincia.

Mendoza cuenta con estudios específicos sobre el impacto de la Asignación Universal por Hijo (AUH). María Rosa Goldar, licenciada en Trabajo Social y Magister en Sociología y Ciencia Política, explica cómo se llevaron a cabo el relevamiento en los 18 departamentos que realizaron siete especialistas de la Fundación Ecuménica de Cuyo y con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones.

La titular de la cátedra de Trabajo Social Comunitario de la carrera de Trabajo Social, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, indicó que el estudio cuantitativo y cualitativo se llevó a cabo los períodos 2008-2010 a partir de la AUH y que tiene profundas implicancias en las políticas públicas provinciales y municipales. Goldar explicó que las mediciones de índices de pobreza e indigencia no sólo deben acotarse a la Encuesta Permanente de Hogares, ya que arroja estadísticas sobre un sólo conglomerado y no abarca todo el territorio provincial.

¿Qué estudios sobre políticas públicas se han realizado en Mendoza?
-Desde la Fundación Ecuménica, con un grupo de especialistas, hicimos un estudio cualitativo y cuantitativo sobre el impacto de la Asignación Universal por Hijo, en su primer año de implementación. Comparamos algunas estadísticas e hicimos un relevamiento cualitativo respecto a la situación 2008-2010. Porque consideramos que la AUH constituye un punto de inflexión en las políticas públicas orientadas al apoyo de niñez, adolescencia y familia. Y al ser una política de transferencia de ingresos muy importante desde la política pública, consideramos que iba a tener un gran impacto en provincia y que iba a tener implicancia en las políticas pública provinciales y municipales.

¿Cómo hicieron este estudio?
-Este estudio lo trabajamos con Encuestas de Condiciones de Vida (ECV), que es una estadística de carácter provincial, la cual es muy valiosa. Es que a diferencia de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH ), que mide ingresos también, pero sólo en el conglomerado del Gran Mendoza, en cambio la ECV se aplica en los 18 departamentos de la provincia. Y esto permite hacer análisis más minuciosos de la condiciones.

¿Cuáles fueron los resultados?
-El estudio reveló, similar a lo que se venía viendo a nivel nacional, que la AUH impacta en la reducción de la pobreza e indigencia y en la intensidad de ambas. Es decir que es una medida de impacto en ese nivel y contribuye a que los sectores de menores ingresos participen en mejores condiciones de la distribución total del ingreso.

¿Qué otros datos encontraron?
-Otro dato significativo es que respecto a la población que está destinada, es decir de 0 a 18 años, el 26% en Mendoza estaban cubiertos por la Asignación. Y la Asignación de Protección Social la reciben aquellos niños de hogares con padres desocupados o en el sector informal, y recae sobre los sectores más vulnerables, pero tiene variaciones como el mercado de trabajo informal en los departamentos. Como lo aplica directamente la ANSES, a nivel nacional, no tiene mediaciones de otro tipo que pudieran establecer discrecionalidad política o de intermediación de otra índole.

¿Qué uso tuvo este estudio?
-En cuestiones importantes al momento de tener en cuenta que esta política, que establece un piso de ingreso para los hogares de menores recursos, fija elementos básicos para diseñar políticas públicas a nivel provincial y municipal. Como decimos en el estudio, es un escenario de oportunidades para establecer sinergias con otras políticas, como de atención primaria de la salud, de apoyo a trayectorias educativas en los niños y adolescentes, de integración juvenil en espacios territoriales. Da una serie de elementos muy importantes, porque al ser una transferencia directa de ingresos a hogares, descomprime lo que dejó el neoliberalismo, la sobredemanda de hogares con problemas severos de pobreza e indigencia sobre municipios o sectores provinciales. También hace que esos actores y las organizaciones sociales podamos dar otras estrategias de integración social y otras políticas públicas, que complementen lo que ya fija como fija como piso la AUH.

¿Cómo se mide la pobreza y la indigencia?
-Ambas se miden por ingresos, respecto al costo de una canasta de productos, que se llaman Canasta Básica de Alimentos y Canasta Básica Total, que incorpora otros productos además de los alimentarios. Aquellos hogares que perciben menores ingresos que la canasta básica de alimentos se los considera indigentes; y aquellos que están por debajo de la Canasta Básica Total fija la línea de pobreza.

Hay una ardua discusión en todos los ámbitos, hasta internacional, sobre las mediciones o las insuficiencias de este tipo de medición. A nuestro criterio, más allá del debate que hay en torno al índice de precios del consumidor -sobre el cual se establecería el costo de las canastas-, el tema es que para medir ingresos se hace solo con la EPH, lo cual es en el Gran Mendoza. Eso hace que la estadística se de solo en un conglomerado, cuando hay diferencias sustanciales con otras realidades de la provincia. Por esto, hacemos hincapié de mirar con atención la validez de estos otros instrumentos de medición, que arrojan elementos concretos sobre los 18 departamentos.

En torno a índices de pobreza e indigencia, creo que hay que seguir las mediciones que se están haciendo, pero habría que hacer hincapié en hacer otros tipos de abordajes y de estudios sobre la pobreza y la variación. En este sentido, nosotros valoramos muchos los estudios cualitativos, de trayectoria de vida y de acercamiento a las poblaciones destinatarias de estas políticas, porque dan muchos elementos para el diseño de políticas públicas. Es que no podemos seguir pensando las políticas públicas de la misma manera que hace 8 o 10 años atrás, únicamente en términos compensatorios o focalizados, sino pensándolos como dispositivos universales que fijan condiciones de pisos básicos de igualdad, desde los cuales proyectar otras estrategias de integración social.

En comparación con el resto del país, ¿cuáles son las estadísticas de Mendoza?
-Los últimos datos que manejamos indicaban unos 152.000 beneficiarios de AUH, y si se multiplica por el monto que se actualizó hace muy pocos días, establece un monto de transferencia directa a la población muy significativa. Comparativamente con otras provincias, varía mucho de acuerdo a las condiciones productivas y de la formalidad del mercado de trabajo. Donde hay mayores niveles de trabajo formalizado, la AUH de protección social tiene menor relevancia.

¿Qué cambios han percibido?
-En cuanto a la AUH y el giro que significó en las políticas públicas, es la autonomía que le da a la familia, respecto a cómo diseñar sus estrategias de vida. Esto es disponer autónomamente de los recursos que por derecho les corresponden a niños y adolescentes, hace que las familias dispongan de cómo alimentan, cómo visten, cómo garantizar la educación de sus hijos; y evita un desvío de las políticas públicas en forma clientelar. Porque todos los planes sociales anteriores a la AUH, de alguna manera estaba sujetos a intermediación con distintos actores. Por eso, las políticas públicas no deberían retroceder de ese piso, no sólo en términos de ingreso sino en modalidad de acceso a esos derechos mínimos.

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