Suarez envió un proyecto para prohibir la equiparación de cargos

Si bien la ley apunta a todos los empleados estatales, el mayor impacto se producirá en el Poder Judicial, en donde hay casos de empleados judiciales que ganan igual que jueces.

“Disponemos que en todo el ámbito del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y organismos descentralizados no se pueda hacer asimilación de cargos. Es decir que, si una persona trabaja como secretaria privada y se desempeña como tal, debe cobrar como el resto de las secretarias privadas”, así se refirió ayer el gobernador Suarez al proyecto de ley que envió a la cámara de Senadores para terminar con las designaciones de funcionarios judiciales que terminan equiparados a la categoría de magistrados y cobran salarios de jueces o fiscales, sin tener la responsabilidad de impartir justicia.

Continuando con la explicación, afirmó: “El proyecto prohíbe esta práctica y emplaza en 30 días a todos los organismos que tengan estas asimilaciones a que cesen en las mismas por imperio de la ley, es decir que, al ser ilegal e ilegítima, no puede haber derechos adquiridos”.

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Entre sus considerandos el proyecto señala: “Como es de conocimiento, ha tomado estado público recientemente la situación de un grupo de empleados que se han visto beneficiados con la inclusión en un régimen salarial que difiere de las tareas que efectivamente desarrollan”.

Además, el texto suma: “Con el afán de terminar con situaciones irregulares en el seno del Estado -que no hacen más que alejar a la ciudadanía del ámbito natural de su representación-, se impone la necesidad de profundizar los procesos de transformación para avanzar hacia un modelo estatal eficiente, donde los recursos de los contribuyentes se traduzcan en más y mejores servicios, al menor costo posible”.

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La idea central que atraviesa la iniciativa presentada por el ejecutivo, es “igual remuneración por igual trabajo”. En ese sentido, la ley señala: “Suprímanse los cargos equiparados a magistrados en el Poder Judicial de la Provincia, con excepción de los funcionarios incluidos en Planilla Anexa N° 2-A de la Ley N° 4322, y siempre que hayan estado cumpliendo las funciones jurisdiccionales allí descriptas al 1 de febrero de 2020.

En un plazo máximo de 30 días a partir de la publicación de la presente, todos los organismos del Estado descriptos en el artículo 1º, deberán adecuar las situaciones irregulares existentes a lo dispuesto en el mismo, por imperio de esta ley”, agrega el documento.

 


Fuente: Diario Vox

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