OSEP entregará audífonos sin cupos ni restricciones

 

La Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) tuvo que dar marcha atrás en el establecimiento de topes para la adquisición de audioprótesis (audífonos) de sus afiliados, debido a una denuncia de la Defensoría de la Personas con Discapacidad ante la Fiscalía de Estado, por limitar las garantías de este sector.

En 2012, la OSEP había publicado un reglamento que condicionaba la adquisición de equipos de audioprótesis. En la resolución 870 de ese año, la obra social estatal introducía que sólo 30 personas podían acceder al reconocimiento de la prótesis por mes, y excluía a todos aquellos afiliados que no hubieran declarado su discapacidad en la Dirección de Discapacidad.

Debido al alto costo de los equipos, la resolución establecía restricciones en los valores, reconociendo únicamente un porcentaje del total del valor del equipo. Teniendo conocimiento de esta situación, el defensor de las Personas con Discapacidad, Juan Carlos González elevó en agosto de 2013 un reclamo ante la Fiscalía de Estado, amparándose en la Ley Nacional 24091, que establece el sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad.

González fundamentó que el establecimiento de cupos y las limitaciones citadas se oponen a la norma nacional, a la que Mendoza adhirió en noviembre de 2011 después de una larga lucha encabeza por los padres de personas con discapacidad, que contaron con el apoyo y la presión mediática del magazine de televisión Caiga Quien Caiga.

El defensor comentó que después de la denuncia ante la Fiscalía de Estado, tuvo la oportunidad de reunirse con representantes de la OSEP, quienes se mostraron solícitos al reclamo y firmaron un acta de compromiso, que se vio reflejada en la modificación parcial de la resolución 870.

En consecuencia, la obra social estatal publicó ayer la resolución 426 que establece la modificación parcial de la norma anterior, eliminando el cupo máximo y también reconociendo el 100 por ciento de la prestación y el costo del equipo.

La resolución establece que la obra social elaborará a partir de ahora un nuevo procedimiento administrativo que garantice la adquisición de los equipos, incluso a personas que no hubieran declarado su discapacidad con anticipación.

González celebró el paso dado por el organismo y aclaró que la Defensoría “nunca ha tenido como objetivo el avasallamiento de las instituciones, sino que su política está dirigida a garantizar los derechos consagrados para las personas con discapacidad”.

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