La Justicia rechazó una demanda de Magna Inversora y el Grupo República en 2007. Allí acusaban al Estado provincial de ocultar información al momento de la privación de los bancos de Mendoza y de Previsión Social.

Después de más de 25 años de la privatización de los bancos provinciales, este martes la Justicia falló a favor de Mendoza en una demanda millonaria encarada en 2007 por Magna Inversora y Grupo República por daños y perjuicios.

Ese grupo inversor, liderado por Raúl Moneta, quien falleció en 2019, reclamó el pago de $22 millones más intereses. Actualizado al día de hoy, ese monto superaría los 150 millones de pesos. 

Se trata de un fallo de la jueza María Paz Gallardo, a cargo del tribunal de Gestión Asociada Nº1, y que le permite a Mendoza no pagar ese dinero.  La Fiscalía de Estado se encargó de la defensa del patrimonio oficial. Aún se desconoce si la sentencia será apelada o no ante un tribunal superior.

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Para Magna Inversora y el Grupo República, Mendoza «no celebró, interpretó ni cumplió de buena fe el contrato» a través del cual se privatizaron los bancos oficiales. Por eso pidieron que se condene a la Provincia por los «daños y perjuicios derivados de los defectos de previsiones por la ilegal calificación de la cartera de créditos del Banco de Previsión Social S.A. y del Banco de Mendoza S.A., registrados en los Estados Patrimoniales de dichas instituciones al día 30 de noviembre de 1995”.

Según la demanda, el Estado realizó «acciones u omisiones de mala fe» que llevaron a las «compradoras a incurrir en un error en cuanto al verdadero estado patrimonial de los bancos que adquirían, ocasionándole los daños y perjuicios».

Pese a esto, la Justicia rechazó las acusaciones argumenntanto que “ni siquiera puede válidamente decirse que hay indicios de ello». 

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“Todo se hizo dentro del marco de un proceso licitatorio, con las formalidades y publicidad que este tipo de procesos requiere. Es decir, no puede de ninguna manera sostenerse que hubo un ardid, engaño, astucia o maquinación cometidos por el Estado Provincial o de sus agentes o funcionarios en contra de los adjudicatarios de la licitación”, agrega el fallo.

Fue el gobernador peronista Rodolfo Gabrielli (1991-1995), quien lanzó el proceso de privatización del Banco de Mendoza, cuyo objetivo era fusionarlo con el Banco de Previsión Social.  Fue allí donde entró el consorcio integrado por el Banco República y el grupo inversor regional Magna, quienes se hicieron cargo de ambos bancos a fines de 1996, ya con Arturo Lafalla como gobernador.

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