El Gobierno nacional ingresa como accionista de IMPSA

El anuncio se hará este viernes mediante una reunión entre el gobernador Rodolfo Suarez y el ministro el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

El Estado nacional ingresará a la empresa mendocina con el 63% de las acciones y Mendoza tomará otro 21%, lo que reducirá el peso de bancos y grupos financieros acreedores que habían entrado al directorio y de la familia Pescarmona.

IMPSA debía saldar desde este año U$S500 millones de capital más otros U$S50 millones anuales de intereses. Sin quita de capital, los pagos se corrieron hasta 2028.

Un proceso de estudios llevó unos diez meses que empezó con un pedido de auxilio, siguió con una reestructuración de deuda agresiva y continuó con una ampliación de acciones terminará en estos días -posiblemente este viernes- con la estatización parcial de IMPSA, la estratégica empresa mendocina que fabrica turbinas para represas y parques eólicos que navega hace casi una década al borde del hundimiento.

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IMPSA nunca pudo recuperarse del fallido proceso de internacionalización que encaró poco después de 2010, con pasos en falso en Brasil y Venezuela. El ingreso de acreedores al directorio y distintas renegociaciones de deuda llevaron a los accionistas -los Pescarmona, bancos como el BID y el Banco Nación y el chileno Grupo Moneda– a ponerle el cartel de venta. Dos operaciones truncas, la última durante la pandemia, provocaron que la firma pidiera auxilio estatal en agosto de 2020. Entonces, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, comenzó a trabajar en silencio en su estatización.

A diferencia de lo que pudo pasar con la empresa Vicentín, con IMPSA, el proceso fue muy distinto. Kulfas siempre la vio como una empresa estratégica, no solo por los 700 empleados -contando a unos 250 ingenieros, la mayoría radicados en Mendoza-, sino también por la capacidad para exportar. En el mundo se cuentan cinco empresas capaces de fabricar turbinas. El Gobierno primero pagó salarios con el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) y luego obligó a la empresa a encarar una reestructuración agresiva de su deuda para ingresar al Programa de Asistencia a Empresas Estratégicas en Proceso de Reestructuración de Pasivos (Paerp). “Los acreedores tuvieron que poner, era quiebra o reestructuración”, dijo una fuente que participó del proceso. Con ellos integrando el directorio de la empresa, la compañía debía saldar desde este año U$S500 millones de capital más otros U$S50 millones anuales de intereses. Sin quita de capital, los pagos se corrieron hasta 2028 y la tasa de interés bajó a 1,5%.

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