Un fallo de la Corte contra Clarín, la llave que frenó el bozal judicial

Las medidas cautelares se incorporaron desde hace algún tiempo a la discusión política de los argentinos, aun de aquellos sectores con escasos o nulos conocimientos acerca del derecho.

El motivo no es otro que la utilización de esa herramienta en algunos de los conflictos políticos más importantes de los últimos años, especialmente la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada por el Congreso en 2009, y que hasta el día de hoy mantiene suspendidos algunos de sus artículos más importantes por la imposición de una cautelar promovida por el Grupo Clarín.

Lo cierto es que en el amplio universo judicial los criterios para aplicar cautelares distan de ser uniformes. Mientras que para un magistrado cinco años son un plazo más que razonable para mantener su vigencia, para otros –más laxos– ese plazo es insuficiente. Así las cosas, el titular del Juzgado Comercial Nº 8, Javier Cosentino, emitió el pasado 29 de mayo una resolución por la cual dejaba sin efecto una cautelar otorgada por él mismo cinco años atrás, y que tenía por objeto limitar la información »privilegiada y confidencial» que Hernán Arbizu pudiera volcar a los medios, y que dañara la imagen de su ex empleador, el banco JP Morgan Chase.

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Siendo groseramente breve, la medida cautelar es un instrumento jurídico de carácter provisorio que garantiza en determinados casos la preservación del statu quo hasta que la justicia resuelva la cuestión de fondo, al considerar que la disputa afecta derechos cuya pérdida es considerada irreparable.

Lo interesante del caso es que Cosentino fundamentó su decisión utilizando jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación justamente para establecer límites a la cautelar del Grupo Clarín por la Ley de Medios, al entender que el paso del tiempo »borra su esencia misma, pues hace desaparecer su provisionalidad, dado que la medida cautelar agota o suple en buena parte el contenido mismo de la pretensión jurídica e impulsa al peticionante a prolongar indefinidamente por todos los medios procesales a su alcance la decisión cognitiva de fondo, que llega cuando carece de toda importancia». Es decir, el magistrado derribó la medida de no innovar que él mismo había autorizado bajo el argumento de que su extensión en el tiempo »desnaturalizaba» su función, ya que »es imprescindible dimensionar que el tiempo consumido por la medida cautelar no transforme a una solución preventiva en definitiva».

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El fallo de la Corte Suprema tuvo lugar el 22 de mayo de 2012, y había establecido el 7 de diciembre de ese mismo año como fecha límite para su vigencia.

Idéntica estrategia es utilizada por el holding mediático que conduce Héctor Magnetto para no respetar el cuadro tarifario establecido por la Secretaría de Comercio Interior en el caso del abono que cobra Cablevisión –solamente en 2012, esos ingresos ilegales le representaron $ 2700 millones en forma extra– o por la Sociedad Rural para evitar el traspaso del predio ferial de Palermo, causa que hoy llegó a la Corte, sólo por citar algunos casos. De esta manera, el juez Cosentino paró la especulación del JP Morgan y le exigió, en cierta manera, que otorgue material que justifique sus pedidos de callar a Arbizu. 

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