Torquemada siglo XXI

La reforma del Código Civil –que incluye el divorcio exprés, la fertilización asistida, el alquiler de vientres y la adopción por parte de parejas del mismo sexo– es resistida hace meses por la Iglesia Católica. Aunque se parece, no es un déjà vu. Más bien es la reacción atemporal e histórica de esa institución ante los cambios sociales. Una postura que no distingue fronteras y que en la Argentina tuvo su punto más alto cuando se aprobó la Ley de Divorcio, durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Años más tarde, en 2010, la reacción fue la misma cuando se aprobó la Ley de Matrimonio Igualitario. Prejuicios arcaicos, objeciones de tipo moral y hasta las amenazas directas fueron, son y ¿serán? las armas elegidas por los hombres de sotana para impedir que la legislación se ajuste a las nuevas costumbres y a los avances científicos. El propósito de la reforma es garantizar la igualdad de los ciudadanos ante la ley para evitar que sean los jueces, por ejemplo, los que decidan sobre los embriones congelados de una pareja divorciada.

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En esa lógica, mientras diputados y senadores debaten en comisión los alcances de la reforma del Código Civil y Comercial, que busca reflejar la evolución de los derechos familiares, los obispos permanecen sumidos en una profunda »preocupación», que reflejaron en un documento difundido el 27 de abril de este año y que reiteraron esta semana durante la 162ª reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina. Así lo expresó Jorge Oesterheld, vocero del Episcopado, al comenzar la reunión, encabezada por el titular de la CEA, el arzobispo de Santa Fe, José María Arancedo. »La preocupación de la Iglesia apunta a la protección de la familia y de la vida por nacer, así como de los chicos», enfatizó el portavoz.

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El proyecto de Código Civil, que ya debate en comisión el Congreso nacional, establece que no será necesario esperar tres años para poder divorciarse, reduce la edad para adoptar de 30 a 25 años y habilita a hacerlo a los convivientes sin necesidad de estar casados. En materia de reproducción asistida, incorpora las técnicas de inseminación artificial y fecundación in vitro, y equipara la filiación con los derechos de los hijos naturales y los adoptivos. Elimina la infidelidad como causa jurídica de divorcio y reconoce el régimen de propiedad comunitaria de los pueblos originarios. Define la protección de la vivienda como valor fundamental para la dignidad y desarrollo de la persona y destaca el derecho de usuarios y consumidores, para evitar abusos en casos de mercados cautivos.

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