MINERÍA, CABANDIÉ, PROMULGACIÓN, PROTESTAS, MARCHAS Y REPRESIÓN

El flamante ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, expresó la preocupación que existe en el Gobierno nacional por la modificación  de la Ley 7.722 en la provincia de Mendoza, que permite utilizar sustancias químicas en la minería.

«La competencia en materia de explotación minera es exclusivamente provincial. El Gobierno Nacional no interviene en la materia, solo puede extremar su recaudo a favor de que esa actividad se realice con acuerdo social y con preservación del ambiente», señala el ministro en un comunicado difundido por la agencia oficial de noticias TELAM.

Asímismo, evaluó una serie de medidas en el marco de sus competencias. Entre ellas, la formulación, implementación y ejecución de la política ambiental y su desarrollo sostenible como política de estado.

«Dichas medidas se enmarcan en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que consagra el derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para las actividades productivas«, agregó.

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«Se ha dispuesto que las áreas correspondientes analicen una ley de presupuestos mínimos de evaluación de impacto ambiental de la actividad minera, que sirva como instrumento de gestión ambiental, otorgando un piso mínimo de protección y respetando el dominio originario de los recursos naturales en función del artículo 124 de la Constitución Nacional», concluye el comunicado del ministerio de Ambiente.

La semana pasada, la Legislatura provincial aprobó cambios a la ley 7.722, (con la mayoría oficialista de la UCR y los votos de varios legisladores del FdeT), que regulaba el uso de sustancias químicas como cianuro, ácido sulfúrico y mercurio entre otras.

Este lunes una multitudinaria marcha se congregó en el predio de la Casa de Gobierno en El Barrio Cívico para exigir el veto de la ley. 

La concentración que se formó con ciudadanos provenientes de todos los departamentos de la provincia, que caminaron durante un día hasta la ciudad, no fue recibida por el gobernador y luego de que un pequeño grupo que tenia sus caras tapadas comenzó a tirar piedras, la policía en lugar de aislarlos comenzó una represión en un espacio con más de 50 mil personas, muchos niños y adultos mayores, que concluyó con varios heridos.

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La policía empleó gases, munición de perdigones, motos con las que salieron a reprimir ciudadanos en otras zonas de la ciudad. Por el accionar policial quedaron detenidos más de 40 personas entre ellas, los abogados que intercedían para tratar de frenar ese accionar por parte de los policías de Infantería. Hay imágenes de policías cambiándose de ropas para aparecer de civil entre la gente y provocar disturbios.

Como colofón de la marcha, la represión y los detenidos, el gobernador promulgó la cuestionada ley al publicarla en el Boletín Oficial.

(foto central: Dedé Vargas)

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