Por: Ariel Garbarz para tiempoa rgentino
Consecuente con su sistemática confrontación, aquí también el gobierno es responsable por las deficiencias de este servicio telefónico, prestado sólo por empresas privadas, todavía . Como respaldo citan a Hernán Galperin, »investigador en telecomunicaciones de la Universidad de San Andrés», diciendo »deberían asignar más frecuencias, como se está haciendo en todos los países del mundo, imponiendo condiciones de despliegue de red, calidad de servicio y otras cuestiones», »las indefiniciones del Gobierno en ese sentido retrasaron las inversiones necesarias». Claudio Muñoz, experto en telecomunicaciones del ITBA y Gabriel Venturino, experto en telecomunicaciones de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, tambien citados por Clarín, explicaron las reales causas en la falta de inversión »para dar servicio a más y mejores aparatos, debían instalar más radiobases (antenas), pero eso no se hizo lo suficiente en los últimos años» y en que »las redes no tuvieron un progreso acorde en su infraestructura» , apuntando claramente a la responsabilidad empresaria y no al Estado.
Sin embargo Clarín concluye a su antojo que »los especialistas consultados coinciden en que parte de las culpas son del Estado . En especial, porque la porción de radioespectro destinada a los celulares –una suerte de »autopista» por la que viajan todos los datos, hoy embotellada– quedó demasiado chica para las necesidades actuales, y hace años que se viene demorando su ampliación.» Quien representa a la Universidad de San Andrés, para justificar técnicamente al diario de Magnetto, hace una afirmación contraria al teorema fundamental de la telecomunicaciones digitales (Ley de Hartley Shannon) que le costaría una segura reprobación en el segundo parcial o en el examen final de la cátedra de Sistemas de Comunicaciones I de Ingeniería Electrónica de la UTN , en los cuales evaluamos este teorema. Que los Estados asignen más frecuencias no mejora la calidad del servicio celular en ninguna parte del mundo y en nuestro país tendría un efecto contrario porque estimularía al prestador a mantener su estructura deficiente, incrementar su rentabilidad y no hacer un upgrade tecnológico hacia las nuevas generaciones 3G y 4G, que son las que sí mejorarían el despliegue de la red y la calidad del servicio. Para ejemplificarlo, si un operador tiene asignado solo 30 Mhz en la banda de 1900 Mhz y prestaba el viejo TDMA (2G) a 10 mil móviles, hoy con el mismo ancho de banda otorgado, si despliega la cantidad suficiente de antenas , podría atender hasta 14 millones de celulares migrando a tecnología 3G o hasta 104 millones de celulares con tecnología 4G , y cada uno de ellos con una capacidad de canal de 9,6kbits por segundo, suficientes para hablar con la mejor calidad y sin cortes, comunicarse por sms, email y chat por una tarifa plana. Pero esto llegará cuando el nuevo operador estatal Libre.ar »distorsione» positivamente el mercado en una primer etapa, y genere las condiciones adecuadas para que el Parlamento declare servicio público a la telefonía celular y así alcanzar su democratización definitiva.
LA »AUTORREGULACIÓN» DE LOS OPERADORES CELULARES
Clarín redobla el ataque en el área de telecomunicaciones con una segunda nota titulada »El Gobierno acuerda con las telefónicas y no reclama por la calidad». Pero aquí ya ni siquiera recurre a especialistas sino solo al periodista Alejandro Alfie , que hace una ensalada Telco, donde después de mezclar en pocas líneas los más variados temas vinculados a las políticas de telecomunicaciones, telefonía fija, celular, Internet, servicios audiovisuales, Argentina Conectada, llicitación de frecuencias, el futuro operador estatal Libre.ar, la AFSCA, Telefónica y Telefe, puede sacarse en limpio de este salpicón anti K el siguiente párrafo: »El Gobierno prefiere tener congeladas las tarifas de la telefonía fija y que se ‘autorregulen’ los operadores celulares. De hecho, el interventor de la Comisión Nacional de Comunicaciones, desde hace ocho años, es Ceferino Namuncurá, hombre del riñón kirchnerista, funcional a los intereses de las telefónicas dominantes.»
Desde que el menemismo privatizó y »regaló» ENTEL y hasta 2003, la CNC ha sido efectivamente una oficina de representación de los intereses del duopolio telefónico. Hasta la asunción de Nestor Kirchner los prestadores celulares se autorregulaban, el Estado no controlaba, las multas eran inexistentes o por montos ridículos y además casi nunca eran cumplidas por las telcos .
Dos hechos trascendentes en la historia de las telecomunicaciones argentinas demuestran la falsedad de la argumentación de Clarín y verifican que este gobierno fue el que terminó con la »autorregulación» de las empresas estatales privatizadas que institucionalizó Menem:
Un par de años atrás el Ministerio de Planificación invitó a Telefónica y a Telecom. para que se incorporen a nuevo Plan Nacional de Telecomunicaciones. Vinieron sus CEOs de Europa convocados por ministro Julio De Vido para firmar el Acta de Practicas Antimonopólicas. Accedieron para conservar las concesiones otorgadas por el Estado y poder seguir operando en el país. Después de arduas gestiones encaradas en bloque desde el ministro en persona hasta los terceros niveles del gobierno, entendieron que por primera vez el Estado Nacional fijaba las políticas de telecomunicaciones y empezaba a hacer realidad la inclusión digital, buscando garantizar nuevos derechos de acceso igualitario a la televisión, Internet y telefonía. Las grandes empresas de telecomunicaciones, si no tienen en el otro platillo de la balanza una red federal y un operador mayorista nacional, ambos estatales, terminan incrementando en los hechos la exclusión y la discriminación social, con sus inversiones sezgadas solo donde obtengan alta rentabilidad. Esta política generó las condiciones para poder sancionarlos cuando no cumplen con la ley. Aquí van los datos concretos de los los últimos tres años:
Año 2010 : 164 sanciones – monto total $ 3.686.809
Año 2011: 99 sanciones – monto total $ 1.332. 991,72
Año 2012 : 30 sanciones – monto total $ 200.888.425,5
En este último monto se incluyen las sanciones extraordinarias a Movistar y AMX por los cortes del servicio de los días 2/4/2012 y 9/5/2012. La CNC a cargo del ingeniero Ceferino Namuncurá, criticado por Clarín en su nota, estableció una sanción sin precedentes en el pais: En lugar de que la empresa pague una multa al Estado se obligó a Telefónica a abonarle por resarcimiento $ 10 a cada usuario de Movistar, por un total $ 180 millones y se constató que efectivamente se reintegren en las facturas telefónicas.
Así es como el gobierno actuó cuando las telefónicas no cumplieron con la calidad del servicio celular. No existe la supuesta autorregulación que denuncia Clarín.

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* Director de Proyectos UTN-CNC
Profesor Asociado UBA -Profesor Adjunto UTN.

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