Quiénes son los que juegan al Gran Bonete

Al Gran Bonete se le ha perdido el subterráneo y el convenio dice que Macri lo tiene.» »¿Yo señor?» »Sí, señor» »No, señor» »Pues entonces ¿quién lo tiene?» Y Macri contesta: »¡No me atosiguéis!», se ofende, hace un berrinche, se va a seguir descansando y le pide al papá que los eche a todos de su casa. La cadena nacional del ocultamiento emite un comunicado donde responsabiliza a todos, menos al niño Mauricio.

A este antiguo e ingenuo entretenimiento de niños vienen jugando varios de los protagonistas –en el sentido mediático– de la vida nacional, respaldados por el gran titiritero Héctor Magnetto y sus amanuenses. Y de esta manera –por ejemplo– a Hugo Moyano se le ha perdido el Manual de conducción política de Juan Domingo Perón. A Eduardo Amadeo y sus socios del peronismo conservador y de derecha, el significado de las banderas de la Patria justa, libre y soberana. Al senador Ernesto Sanz y parte de sus correligionarios, el sentido de grandeza de Alem, Yrigoyen y Raúl Alfonsín. A los seudo progresistas del FAP, el sentido nacional. A Elisa Carrió, la cordura. A Patricia Bullrich, algún nuevo partido donde mudarse. Y a muchos periodistas y comunicadores, la vergüenza y la ética.

Desde 2003 se vienen cayendo los velos que la desinformación y la ineptitud o complicidad de los gobiernos post dictadura habían promovido o permitido para continuar confundiendo al pueblo. Como un grito en el desierto, recordamos al doctor Alfonsín denunciando a Clarín como responsable de la campaña del desánimo. Y eso que en esos años, con incidencia mínima del sistema de televisión por cable, el gobierno radical manejaba los intervenidos canales de aire. La desproporción con la realidad actual, con el Grupo Clarín dominando 301 licencias y dueño de importantes diarios del interior es abismal, grotesca.

En materia de medios, uno de los hechos cardinales para el imaginario popular fue el Fútbol para Todos, que reveló para las mayorías el despojo doloso del secuestro del deporte más popular y cómo la decisión política de un gobierno ponía a disposición de todos aquello que se les había arrebatado con malas artes. De ahí en más, la comprensión de la necesidad de implementar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue más sencilla, más aceptada e inobjetable para cualquier demócrata. E impulsó una visión desacralizadora de la pretendida objetividad de los medios y su defensa de la verdad.

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Pero el ominoso cerco informativo, las constantes mentiras, la falta de honestidad en la comunicación de la realidad, el pertinaz y avieso ocultamiento de cualquier medida, decisión o avance tangible de la Argentina, obligan en defensa de la libertad de información, al uso de la cadena nacional para que estemos debidamente ilustrados, porque la asimetría es devastadora.

En su exposición del jueves 9, CFK puso en marcha obras de trascendencia estratégica relacionadas con el crecimiento de la recientemente nacionalizada YPF y dio cuenta de las campañas desinformativas y antipatrióticas de algunos comunicadores de intereses privados y, en muchos casos, extranjeros. Hasta los más entrenados en descifrar las operaciones periodísticas del Grupo Clarín y de sus repetidores compulsivos o a sueldo habíamos »comprado» la versión de las aparentes desinteligencias y posibilidades de renuncia del CEO de YPF, Miguel Galuccio. El daño estaba hecho. No al gobierno, sino al país y sus necesidades de autoabastecimiento energético. Y reveló el nombre de otro gran bonete como el operador del Grupo Repsol, obviamente a cambio de contratos de lo que en televisión llamamos PNT (Publicidad no tradicional). Al hombre en cuestión, los periodistas le conocemos el modus operandi desde hace largos años. Cuando hace alrededor de 20 años era un joven periodista de economía –y aún no existían ni Internet ni obviamente los correos electrónicos– el entonces pequeño bonete, luego de entrevistar a empresarios, banqueros y financistas y antes de publicar su nota, les ofrecía una suscripción a unas hojas fotocopiadas donde, aseguraba, los contratantes tendrían información importante para el desarrollo de sus empresas. ¿Estarían comprando protección? Por las dudas, muchos se adherían al »servicio», que por otra parte –dicen algunos de los compradores–, no era relevante ni imprescindible.

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La presidenta también puso a consideración de los argentinos la posibilidad de creación de un Tribunal de Ética Periodística y gran parte de la corporación puso el grito en el cielo. Es discutible hacerlo por ley. Es un tema a debatir que lleva años entre los que trabajamos en el medio. Casi todas las profesiones están colegiadas, lo que implica la adhesión a normas, leyes, regulaciones y la misma defensa de sus derechos y obligaciones. En principio los que más se oponen a la colegiación son las empresas de medios. Hay objeciones también de los sindicatos del sector. Pero la discusión y reflexión sobre este sensible tópico debe ser saldada en foros, ponencias y participación de todos los involucrados. Y en esto incluyo también a los que reciben información como usuarios de esos medios. Porque si todo emprendimiento comercial es pasible de ser observado y advertido por las asociaciones de defensa del consumidor, incluidas las estatales de defensa de la competencia, las empresas periodísticas que tienen –como escribió el escritor y pensador británico John Berger– »la necesidad criminal de vender», no deberían estar exentas de las regulaciones que les caben al resto.

Néstor y Cristina además de descorrer velos han venido y siguen sacándoles las caretas a los mentirosos. Cuando todos podamos mirarnos cara a cara, la victoria definitiva será nuestra.

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