Presentan proyecto para otorgar un beneficio Económico mensual y vitalicio a ex presos políticos

Los beneficiarios son “los hombres y mujeres que entre el 5 de febrero de 1975 y el 10 de diciembre de 1983 hayan sido privados de libertad en condición de civiles, por actos emanados de autoridades militares, haya habido o no sentencia condenatoria en este fuero”.

La iniciativa aclara además, que no se tomará en cuenta para el otorgamiento de este resarcimiento histórico, el tiempo de detención
“Los derechos humanos no prescriben y Argentina ha empezado un camino en ese sentido desde 2003  en el que Mendoza no puede quedar atrás”, dijo Viadana, quien explicó que se tomó como base iniciativas similares de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe.

“La dictadura y sus estados de sitio que sufrió nuestro país interrumpieron las instituciones, destruyéndose toda resistencia social, provocando injusticias y desigualdades, quebrantando el orden Constitucional, implantando el terror y suprimiendo derechos esenciales garantizados por la Constitución Nacional, ocasionando como consecuencia de ello que muchas personas padecieran graves tormentos, privados de su libertad o perdieran la vida e identidad”, manifestó.

Viadana, señaló que en ese proceso, hubo “ciudadanos avasallados, miles de muertos, desaparecidos y presos”, todas ellas, personas que “defendían una Justicia Social fundada en una sociedad igualitaria, esa tan nombrada independencia económica posibilitadora  del manejo de nuestros recursos en función de los intereses nacionales; el respeto de las opiniones, creencias, principios y derechos, todo lo cual afectaba y lesionaba a los que se consideraban privilegiados del país, ‘dueños de la única verdad’”.

“A nosotros no nos han derrotado”

Raúl Tagarelli, uno de los integrantes de la Asociación de ex presos políticos, valoró el proyecto que se impulsa “después de 35 años de lucha” y que se da en un momento particular, justo cuando se recuerda la trágica “Noche de los lápices” y a 5 años de la desaparición “de nuestro compañero Julio López”.
Subrayó que “somos sobrevivientes de un genocidio que se produjo en la Argentina en el Siglo XX”, que se dio “por ocupar un espacio institucional, territorial, que nosotros ocupábamos desde nuestra militancia política en los años ‘70” en las escuelas, en las universidades, en las comisiones internas de las fábricas, en los sindicatos o en el periodismo.
“Resalto la militancia de los ’70, así como la resistencia en las cárceles de la dictadura, de todo el país” porque “seguimos resistiendo. A nosotros no nos han derrotado, las derrotas completas son cuando los vencidos se olvidan por qué lucharon y nosotros no nos hemos olvidado ni nos vamos a olvidar de nuestras luchas y de nuestros compañeros”, indicó.
En la misma línea, afirmó que así como se dio esa resistencia en esa época oscura de la historia de nuestro país, “cuando salimos en libertad, fines de los años ’80 y ya en democracia, nos encontramos con una sociedad totalmente diferente a la que nosotros habíamos militado”.
“Una sociedad básicamente dominada por la teoría de los dos demonios”,  provocando que “a nosotros, liberados recientemente, no nos daban trabajo y perdimos nuestros estudios”.
“Fue muy difícil para nosotros reintegrarnos a esa sociedad de los años ’80 y ni qué hablar de la otra década”, porque en los ’80 “éramos jóvenes” y en los ’90, “con más de 40 años, no solamente ya éramos los demonios que nos habían condenado a la marginalidad económica, al cuentapropismo, sin posibilidades de tener obras sociales, aportes jubilatorios, absolutamente nada, fuimos los nuevos los condenados de esa virtual democracia de los ‘90”, expresó.
“Y entramos en esta tercera década”, y “seguimos militando, y seguimos luchando por nuestros ideales y lo seguiremos haciendo”.
“Por eso en esta ley está reflejada parte de nuestra historia y esta es la importancia. Nosotros recalcamos que para nosotros es importante una reparación económica por el daño producido, pero para nosotros lo más importante es resaltar el sentido de esta generación de militantes, el sentido de nuestra lucha”, puntualizó.

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Aspectos de la Ley

Para acceder a los beneficios previstos en el proyecto de ley, deberán haber tenido domicilio real en Mendoza al momento de haber sido privados de la libertad, destacando que el derecho a reclamarlo es imprescriptible y se otorgará desde la fecha de su solicitud.
En caso de fallecimiento del beneficiario, antes o después del reconocimiento del beneficio, podrán solicitarlo la viuda o viudo o conviviente, los hijos menores de edad al momento del fallecimiento y hasta la mayoría de edad, los hijos discapacitados sin límite de edad, o aquellos incapacitados para el trabajo, según comprobación o dictamen de junta médica y mientras dure la incapacidad.
La autoridad de aplicación será la Dirección de Derechos Humanos en el ámbito del Ministerio de Gobierno de la provincia, quien estará facultada para determinar los requisitos a cumplir para el reconocimiento del beneficio.
Respecto del monto previsto, se estipula que será el equivalente a la asignación de clase del personal de categoría 10, del agrupamiento administrativo y técnico, subtramo “personal de ejecución”, de la Ley 5126 y modificatorias, que rige el escalafón del empleado público.

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“Una deuda histórica”

La directora de Derechos Humanos, María José Ubaldini, subrayó que ésta era una “gran deuda” que tenía la provincia para con quienes “fueron víctimas” de la dictadura que vieron “frustrados” sus proyectos de vida.
Añadió que si bien “no vamos a resolver lo que padecieron”, es “una deuda histórica” que hoy se está reparando.
En ese marco, señaló que si bien en 2009 se realizó un censo de ex presos políticos no todos fueron relevado, por lo que convocó a quienes revistan esa situación y no se censaron en ese momento, a que se acerquen al organismo para llenar los formularios respectivos.

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