Los accionistas de Papel Prensa admiten que directores cobran sueldos “extraordinarios

En una sesión marcada por la tensión y las discusiones, los representantes del Estado confirmaron que los sueldos de los gerentes de Papel Prensa son astronómicos. En la última asamblea de accionistas, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, tuvo la confirmación del salario que percibe el gerente general de la empresa, Jorge Noceda, de $133.000 brutos por mes. Es decir que se gasta $1.596.000 por año en un solo sueldo. Esto, sostienen los representantes estatales, incide sobre el costo que se cobra a los medios pequeños y medianos cuando adquieren el insumo básico para su funcionamiento. Noceda dirige la empresa desde 1978, cuando Clarín, La Nación y La Razón obtuvieron el control de la empresa en una maniobra que fue denunciada en la Justicia por Lidia Papaleo de Graiver, la viuda del banquero David Graiver, por haber sido obligada mediante torturas a desprenderse de las acciones.

Hace dos años,el síndico general de la Nación, Daniel Reposo, había denunciado que Noceda recibía una paga mensual de $135.896, que el gerente de compras, Manuel Kliment, cobraba $71.283 mensuales; la asesora legal, Patricia Evison, $47.500, y el gerente de finanzas, Carlos Aguirre, 44.000 pesos.

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»Este directorio carece de legalidad para actuar», comenzó diciendo Guillermo Moreno ante los accionistas de las empresas Clarín y La Nación, el representante de la SIGEN y del Estado. »La Justicia ha declarado la nulidad de lo actuado en la última asamblea, por lo que lo definido en dicha sesión carece de validez». Este punto en particular despertó la respuesta de algunos representantes privados. En definitiva, la misma reunión que se llevó a cabo el último miércoles 29 de agosto en la sede de Papel Prensa se realizó por orden directa de la jueza comercial María Cristina O’Reilly, con el fin de reeditar la reunión societaria efectuada el martes 27 de septiembre de 2011, la cual quedó anulada por la Comisión Nacional de Valores. Pese a ello, los accionistas privados consiguieron en aquella ocasión el aval del juez Fernando Durao, acusado de ser abogado de uno de los directores de la empresa –designado sin el sorteo correspondiente– y decidieron expulsar del directorio a todos los representantes estatales.

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La tensión volvió a escalar con el reproche de los privados a las explicaciones judiciales del secretario de Comercio Interior, quien advirtió: »Acá no hay clima de cordialidad y veo mucha violencia. Así no se puede seguir deliberando. Acá hay gente que tiene las manos manchadas de sangre y quiere venir a hablar. No es así. Esta es una asamblea de accionistas, no de directores. No le vamos a dar la palabra a los ilegítimos. Si no hay clima de cordialidad, le aviso a la jueza y suspendemos la sesión», resolvió.

Cuando retomó la calma, el funcionario reiteró que la Justicia ha iniciado un proceso para »terminar el desmanejo de la sociedad y que la empresa sea conducida por los órganos legítimos, los designados por el Estado». Ante la disputa sobre quiénes tenían derecho a firmar en la asamblea, quedó suspendida.

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