LA LIBERTAD NO ES COSA DE COBARDES. LA JUSTICIA TAMPOCO por Graciana Peñafort

La LIBERTAD por Graciana Peñafort

La Libertad no es cosa de cobardes. La Justicia tampoco.

Los primeros dos años del gobierno macrista fueron crueles con quienes debieron padecer los horrores de la persecución judicial en carne propia. Muchos de los que en épocas mejores se llamaban amigos y compañeros de pronto se olvidaron de sus amigos y más aún se olvidaron de ser compañeros.

Desde antes de ganar las elecciones del 2015, el macrismo anunciaba ya con cierto detalle los tiempos terribles que vendrían de su mano. Y casi desde el principio su gestión, la arbitraria e ilegal detención de Milagro Sala en una manifestación popular fue un primer capítulo horrible.

El 5 de abril de 2016 detuvieron a Lázaro Báez, por instrucción de Sebastián Casanello, tal vez el juez cuya aparición en esta lista me resulta desconcertante por completo y también desoladora. Siempre lo he considerado un buen juez, una de esas rara avis de Comodoro Py en las que se puede confiar, pese a disentir con sus criterios. Y aún me pregunto las razones reales por las que ordenó esa detención. Y me pregunto hasta qué punto estaban cruzados de operaciones los tribunales de Py. Reviso diarios de esos años y las operaciones y las presiones está ahí, como mudos testigos de lo que pasaba en esos días.

El día 11 de octubre de 2015, en la sede de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 4, sita en avenida Comodoro Py 2002, piso 5, CABA, Gabriel Edgardo Fabián Corizzo afirmó una falsedad en la causa penal n° 11.252/2016 del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 9 al manifestar que en fecha incierta ubicada entre el mes de septiembre y octubre de 2015 había visto al juez Sebastián Casanello en la quinta presidencial de Olivos, cuando tal evento nunca ocurrió, siendo tal circunstancia relevante para la pesquisa que el nombrado llevaba adelante en la causa n° 3017/2013 en trámite ante el tribunal a su cargo”. Del mismo modo, también consideró probado que el 11 de noviembre de 2016, en la sede de la Fiscalía antes mencionada, Carlos Marcelo Scozzino realizó similares manifestaciones en la causa penal n° 15.941/2016.

El titular de dicha fiscalía era y es Carlos Stornelli. Varios años después se comprobaría que los dichos de los testigos respecto a Casanello eran falsos. El 17 de marzo de 2020 a las 10 comenzará el juicio oral contra los dos testigos falsos. Sin embargo, las investigaciones darían cuenta luego de que, en la operación contra Sebastián Casanello, habían intervenido funcionarios de la AFI y del Ministerio Publico Fiscal como Eduardo Miragaya y varios abogados que litigan en Comodoro Py.

La corporación judicial se encargó raudamente de proteger a Miragaya y a los abogados, de modo tal que quienes idearon la operación no deberán afrontar las consecuencias de sus actos. Un peritaje policial detectó 248 llamadas telefónicas entre Miragaya y Viola —uno de los abogados involucrados y al que le brindó protección un conspicuo miembro del consejo de la magistratura— con un pico en los días claves. Corizzo admitió ante el fiscal Stornelli que, antes de declarar ante la Justicia, se había reunido con Viola y con un «fiscal» cuya descripción física se acerca a la de Miragaya. La aparición posterior de mails y mensajes de texto de Miragaya que lo involucraban de pleno en la operación, no conmovieron la protección judicial. Por ello, solo los dos perejiles, mentirosos sin duda, pero perejiles al fin, deberán sentarse en el banquillo de los acusados.

Y sospecho que aquel temprano episodio con Sebastián Casanello explica más de lo que yo misma sé, lo que sucedió aquel 5 de abril de 2016.

Pero fue a finales de año 2017 que la cosa se puso espesa. Espesa de verdad. Voy a fijar una fecha con arbitrariedad. No quiero desconocer ni dejar de lado al resto de quienes entre enero de 2016 a octubre de 2017 fueron detenidos por causas vinculadas a la política, pero necesito un punto cero para explicar lo que quiero explicar

El 25 de octubre de 2017, la dirigencia política argentina vivió uno de sus capítulos bochornosos en términos de Estado de Derecho.

Por un lado, protagonizaban la escena los diputados que impulsaban el desafuero de una persona que todos sabían que, luego de ser desaforada seria detenida. No había sentencia alguna que lo declarara culpable. Pero los diputados que impulsaban su desafuero estaban imbuidos del espíritu del tristemente célebre “Camarón” y realmente la condición de inocencia ante la ley del diputado que sería desaforado, no importaba.

También estaban los oportunistas de ocasión, que quemaban apurados las fotos de eventos compartidos con el diputado. Y preparaban discursos con tan poca verdad y tan poca memoria que gemían de hipocresía sus declaraciones públicas, ahí rodeados de cenizas de esas fotos.

Y después estaban los que no estaban. Los que no bajaron. Los que no fueron. Los que dieron ausente con aviso. Que también tenían las fotos y las escondían, en recuerdo de glorias ajadas, mas no tan ajadas como sus conciencias.

El 25 de octubre desaforaron a Julio De Vido. No hubo un solo diputado del bloque que integraba el diputado que bajase a defender, ya no a un ciudadano, a un diputado o a un compañero, pero sí la vigencia del Estado de Derecho.

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Y daba lo mismo si se trataban de diputados que se solidarizaban con Milagro detenida por el gobierno del Marajá de la Puna, Gerardo Morales, en enero de 2016, o quienes consideraban que la detención de la dirigente social era una prenda de paz –acaso necesaria— para la provincia de Jujuy.

El 19 de octubre de 2017 habían detenido a Roberto Barata en base a un peritaje que la postre resultó más trucho que los discursos que se escucharon aquella tarde en el recinto de la Cámara de Diputados. El juez que ordenó su detención fue Claudio Bonadío. El 25 de octubre desaforaron y al día siguiente detuvieron a Julio De Vido. Su detención la habían requerido tanto los jueces Luis Rodríguez como Bonadío. El perito que suscribió esa truchada, un tal señor David Cohen, hoy está procesado por falso testimonio y a finales de 2019, se requirió la elevación a juicio de su causa. También en esta causa se están investigando además las llamadas del perito Cohen con miembros del Poder Judicial y con funcionarios políticos.

El 3 de noviembre en la madrugada, descalzo y en pijama, detuvieron a Amado Boudou por orden del juez Ariel Lijo, frente a la mirada atónita de su mujer embarazada de 7 meses. También detuvieron ese día a José María Núñez Carmona, amigo de Boudou. Lo curioso es que en la causa por la que detuvieron a Amado y a su amigo había un tercer imputado, Alejandro Paul Vandenbroele. A Vandenbroele no lo detuvieron y apenas 12 días después declaraba como imputado colaborador y se acogía al régimen de testigos protegidos. Hace apenas unas horas una fiscal impulsó la acción penal para investigar el pago que le habría hecho el Ministerio de Justicia a Vandenbroele por su declaración, necesaria para incriminar a Boudou y a Nuñez Carmona. Respecto a las llamadas entre Vandenbroele y miembros del Poder Ejecutivo Nacional, estaban ya publicadas en los diarios.

El 7 de diciembre ordenaron la prisión preventiva de Cristina Fernández de Kirchner y detuvieron a Carlos Zannini, Luis D’Elía, Fernando Esteche, Jorge Khalil y Héctor Timerman, que ya se moría de cáncer. Todos por orden de Bonadío.

Difícilmente podría describir la desolación de esa madrugada, cuando desde Santa Cruz me avisaron que habían detenido al Chino. Me pasé el resto de la noche despertando a los imputados y a sus abogados. Casi a las 6 de la mañana logré despertar a Alejandro, acordamos que yo iría a la casa de Héctor y Alejandro iría a Comodoro Py. A las 6 y media de la mañana de ese día me senté en la plaza frente a la casa de Timerman, por si venían a buscarlo y esperando que fuese un horario más prudente para tocar el portero. Un rato después, finalmente subí. Héctor estaba sentado en los sillones, con su necesaire de remedios de los que dependía su vida. Yo me juré en silencio que de allí no se lo iban a llevar. Cuando Alejandro me avisó desde Py que a Héctor le habían dictado la prisión preventiva domiciliaria, me tomé un taxi y fui a verla a Cristina, la única que sabíamos que no podían detener.

La causa Memorándum, por la que fueron detenidos, está elevada a juicio oral y detenida en el tiempo de las injusticias y las infamias. Hace un par de meses uno de sus testigos e imputados, Allan Bogado, quien dijo ser agente inorgánico de la SIDE / AFI, declaró en un programa de TV que fue empujado a declarar contra todos los involucrados por funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional. Desconozco si el Poder Judicial ha llevado adelante alguna acción tendiente a investigar sus dichos.

El 19 de diciembre de 2017 detuvieron a Fabián De Souza y el 20 de diciembre a Cristóbal López, por instrucción del juez Julián Ercolini. Quedó demostrado en el marco del juicio oral que al menos la imputación periodística carecía de fundamento sólido, cosa que fue expresamente reconocida por el periodista Hugo Alconada Mon en dicho juicio. Hace pocas horas, además, el Poder Judicial ordenó analizar los llamados del abogado Fabián Rodríguez Simón, operador judicial de Mauricio Macri, en atención a las llamadas telefónicas que habría efectuadas para presionar a López y De Souza.

El 22 de diciembre detuvieron a Carlos Kirchner, también por instrucción de Julián Ercolini.

El 3 de marzo de 2018 detuvieron a Eduardo Fellner, ex gobernador de Jujuy, por instrucción de un juez de aquella provincia.

Y desde el 1° de agosto de 2018, Bonadío y Stornelli detuvieron a casi todo el mundo de la mano de la causa Cuadernos. Y en este punto voy a hacer un alto para recordar que muchos de los detenidos lo fueron para que declarasen como arrepentidos, según el ingenioso e inconstitucional mecanismo ideado por Stornelli y sus sortijas.

Por esos días del 2018, además, dos empleados de la AFI visitaban al juez Carzoglio y le llevaban un borrador de dictamen “listo para ser firmado”, conforme el cual el que juez debía ordenar la detención de Pablo Moyano, hijo de Hugo Moyano. Uno de los serviciales mensajeros era el entonces Director de Asuntos Legales –¡WTF!—  de la AFI, Sebastián «El Enano» De Stéfano.

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A partir del 2019, las detenciones dejaron de arreciar. En parte supongo que por el descubrimiento y desmantelamiento de la formidable red de montaje y armado de causas que ejecutaban los alegres compañeros de Marcelo D’Alessio y personal de la AFI.

Verán que la secuencia que acabo de explicar repite nombres de magistrados intervinientes —Bonadio, Ercolini, Stornelli, Rodríguez—, casi todos tienen como signo común la participación de la AFI y sus adláteres, y también el involucramiento de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional en las maniobras persecutorias.

Y además todas estas causas y muchas que no he mencionado tenían un signo distintivo en común. Todas apuntaban, directa o indirectamente a involucrar a Cristina Fernández de Kirchner. Me impresiona la magnitud del odio que le tienen. Me impresiona la desmesura de la persecución que sufrió y que aún sufre. Y me impresiona, con admiración, la enorme fortaleza de la hoy Vicepresidenta, para resistirla. No sólo la han perseguido a ella, a sus hijos y a su madre. Han perseguido a su gobierno. Y han trabajado para intentar convertirla en una prisionera del repudio popular. No lo han conseguido. El odio y el temor, como las operaciones de la AFI tienen un límite claro: la conciencia del pueblo respecto a quienes no los traicionan. Porque podrán achacarle muchos defectos a Cristina Fernández, pero jamás podrán decir que traicionó a sus convicciones o a su pueblo.

Pero así como Cristina Fernández permaneció leal, tengo que señalar la espantosa deslealtad a la Constitución y a las leyes de un sector importante del Poder Judicial. Leía las elegías que intentaban hacer sobre Claudio Bonadío a propósito de su muerte, hace una semana. Incluso quienes querían elogiarlo señalaban que se trató de un juez que fue más allá de las leyes y con su propia ley. Desconocen u ocultan tal vez que, cuando un juez hace eso, no se convierte en héroe sino que comete un delito.

Digo esto con la tranquilidad enorme que me da haberlo dicho –y habérselo dicho— y escrito cuando Bonadío vivía. Con la impotencia infinita de haber visto cómo la corporación judicial, la corporación política y la corporación mediática lo protegían mientras Héctor Timerman se moría. Tan desolado.

Me preguntaré inútilmente, por contrafáctico, qué hubiese pasado si aquel 25 de octubre de 2017 nuestros diputados hubiesen concurrido al recinto a defender el Estado de Derecho. Si hubiese optado por dar la cara ante las cámaras de televisión y hablar de la Constitución, de las garantías, de las leyes. Si hubiesen explicado que no se trataba de defender a Juan o a Pedro, sino que se trataba –y se trata— de defender el Estado de Derecho.

Qué hubiese pasado si los que hoy le reclaman disparates a Alberto Fernández hubiesen usado la misma energía para defender al Estado de Derecho. No a De Vido, no a Boudou, no a Cristóbal, no a nadie en particular, sino defender al Estado de Derecho. Y qué hubiese pasado si los medios de comunicación hubiesen dedicado el mismo espacio que hoy dedican a debates absurdos a los debates que hacían a los derechos de todos. A las garantías de todos. Al Estado de Derecho.

 

No sé qué hubiese pasado si nuestros representantes hubiesen sido más valientes o más sabios. Pero desearía fuertemente que lo hubiesen sido.

Y por eso pienso en quienes sí ejercieron su libertad, no tutelada por las cámaras de televisión ni por los editoriales. La libertad de ser leales con quienes eran víctimas de la persecución judicial. Los que no negaron a sus amigos. Los que no ahorraron en fotos ni en palabras. Los que estuvieron y están aún. Y los que no dejaron de reclamar. No por Juan o por Pedro, sino por la vigencia del Estado de Derecho.

Y especialmente quiero reconocer a los funcionarios judiciales que, aun disintiendo ideológicamente con los detenidos del macrismo, no cayeron presos de las redes del lawfare. E hicieron lo que correspondía. Todos los abogados que transitamos esos pasillos hostiles de Py conocemos los nombres y las caras de los jueces, de los fiscales, de los secretarios, de aquellos que impulsaron una medida de prueba que los defensores considerábamos necesaria y que nadie proveía, o que corrieron una audiencia porque las fechas se nos superponían,  o nos dieron un dato preciso, o nos dejaron ver un expediente que un juez nos negaba, o simplemente nos invitaron un café o un mate  en esas mañanas eternas de presos, espanto e injusticias.

Leo que el proyecto de reforma judicial está pronto a presentarse para su tratamiento legislativo. En lo personal, creo que la reforma ya comenzó el día que intervinieron a la AFI y pusieron a una de las fiscales que cree de verdad en las garantías constitucionales como interventora.

No quiero dejar de decir que no hay reforma judicial posible y efectiva si no hay valientes que se animen a aplicarla. Y eso corre para los funcionarios judiciales y para la política también. Porque si hay algo que aprendí en estos años, a sangre y fuego, es que la libertad no es cosa de cobardes. La Justicia tampoco.

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Fuente: El Cohete a la Luna. 16 febrero 2020.

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