La Fiscalía pidió el sobreseimiento de Paco Pérez por la intervención de una Cooperativa

Fue el caso de la Eléctrica de Rivadavia. Para los fiscales que investigan, “no se evidenciaron perjuicios” en sus actuaciones.

La Fiscalía de Delitos Económicos pidió el sobreseimiento del ex gobernador, Francisco Pérez, por la intervención que realizó antes de finalizar su gestión de la Cooperativa Eléctrica y Anexos Popular de Rivadavia. El peronista fue imputado por “falsedad ideológica”, pero para los investigadores no se evidenciaron perjuicios en sus acciones.

El caso se remonta a fines del 2015, cuando Pérez firmó un decreto ordenando la intervención de la Cooperativa debido a que estaba “en peligro el normal funcionamiento de la distribuidora” y entre los fundamentos destacó que su titular , que era Alberto Debandi, enfrentaba un proceso penal por defraudación.

Fue el propio Debandi quien lo denunció por “falsedad ideológica”, ya que Pérez en el decreto 2546/15 se basó en un dictamen por la Dirección de Servicios Públicos Eléctricos, Asesoría de Gobierno y también de Fiscalía de Estado. Sin embargo, el dictamen de la Fiscalía de Estado no había existido. Luego de eso, desde el Gobierno destacaron que se trató de un error.

Mientras tanto, el gobernador, Alfredo Cornejo, decidió sostener por seis meses -según estableció en el decreto 624/16- más la intervención de la Cooperativa, lo que debilitó sin dudas los cuestionamientos sobre la decisión tomada por Pérez.

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Los fundamentos

El 8 de abril, los fiscales Gonzalo Nazar (Adjunto en lo Penal) y Sebastián Capizzi(jefe de la Unidad de Delitos Económicos) presentaron un documento en el cual fundamentaron su pedido de sobreseimiento de Pérez.

En este sentido, destacaron que “no se evidencia la consumación de un perjuicio concreto a intereses sociales legítimos en la medida que la decisión allí contenida fuese prolongada -con idéntico alcance originario – por el siguiente gobernador (Cornejo) y fuese rechazada judicialmente la pretensión de declaración de inconstitucionalidad y nulidad por arbitrariedad y falta de motivación suficiente del decreto -de Pérez – por falta de legitimación sustancial”.

Y agregaron que la continuidad de Cornejo sobre la decisión cuestionada que había tomado Pérez “debilita las alegaciones sobre la legalidad de la materia resuelta (intervención y designación del interventor de la Cooperativa), privando de viabilidad jurídica a la pretensión de la parte agraviada de encuadrar en paralelo la cuestión como un despliegue arbitrario en el ejercicio de la función pública”.

“A partir de lo expuesto, corresponde que se solicite el sobreseimiento del imputado y el archivo de las actuaciones”, finalizaron.

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