Investigarán vínculos entre Carrió y un fiscal que imputó a Lázaro Baéz

La justicia deberá establecer si el fiscal José María Campagnoli decidió investigar de oficio a Lázaro Báez y a todo su entorno motivado en la relación que lo une con la principal denunciante del empresario santacruceño, la diputada de la oposición Elisa Carrió, y como parte de una maniobra con fines electorales.

Las pruebas surgen de una presentación que hicieron los abogados del directorio de la firma SGI –investigada como el vértice de una supuesta maniobra de lavado de dinero– y de la resolución de la Cámara del Crimen que ordenó a la jueza María Gabriela Lanz explicar por qué es competente para seguir investigando en paralelo un expediente casi idéntico al que se tramita en el fuero federal.

El nexo que va de Campagnoli a Carrió es la propia hermana del fiscal, Marcela, una ex concejal de la Coalición Cívica (CC) y amiga personal de la candidata a renovar su banca en Diputados a la cabeza de la lista de UNEN en la Capital. Una relación que podría derivar en que la justicia haga lugar al apartamiento del fiscal. Esto es algo que todas las defensas han solicitado a partir de las presuntas irregularidades que denunciaron a lo largo de su intervención en la causa por supuesta extorsión contra el financista Federico Elaskar, lo que llevaría a la nulidad de todo lo actuado hasta el momento.
El miércoles último, la Sala V de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional porteña hizo lugar a un recurso en queja de los defensores por »gravedad institucional» ante »una evidente confabulación, entre otros, del fiscal recusado, su hermana Marcela Campagnoli y la diputada nacional Elisa Carrió, donde el primero se prestó a llevar adelante, desde la función pública y desorbitando todas las leyes que gobiernan el proceso, una persecución penal que sabe ilegal y en la que nunca pudo haber intervenido». Los letrados apuntaron que la intervención de Campagnoli en ese expediente forma parte de »una campaña orquestada por el grupo económico Clarín, que ejecutada por (el periodista) Jorge Lanata y por Carrió con la colaboración del fiscal» busca influir en el resultado de las elecciones nacionales.
DECISIÓN. Puntualmente, la Cámara resolvió declarar la nulidad de la resolución de Lanz que rechazó hacer lugar a que se revise el apartamiento del fiscal, con lo que retuvo la causa y desestimó todos los reclamos de las defensas: entre ellos, el de convocar a declarar a Elaskar. El resultado de ese trámite podría derivar en que se desdiga una vez más de las acusaciones que realizó en el programa televisivo Periodismo Para Todos (PPT). Ya lo hizo en la causa principal que sigue el juez Sebastián Casanello y en otra que le inició Báez por injurias. Si esto sucediera y negara haber sido extorsionado para vender SGI –conocida como »La Rosadita»– el expediente que instruyen Lanz y Campagnoli caería automáticamente.
»Varios de los planteos introducidos por las partes no recibieron respuesta alguna», afirma el escrito firmado por la camarista Mirta López González, que se quejó en duros términos del accionar de la jueza. »No resulta lógico y afecta la celeridad que debe primar en todo proceso judicial que nos sea elevada una causa exclusivamente para resolver sobre la capacidad o no de impugnar el rechazo a la excusación de un fiscal, cuando lo que está aquí en jaque es si la jueza que instruye en la causa es competente o no y si los actos procesales realizados por el fiscal son válidos o no», criticó. De esta forma, reenvió el expediente a Lanz que deberá explicar por qué es competente y por qué Campagnoli debe seguir en la causa, pese a que sobre él pesan acusaciones de los defensores por enemistad manifiesta, fórum shopping, incompetencia y negarse a tomarle testimonial a Elaskar.

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CARRIÓ. Como antecedente, que ahora pasará a engrosar el expediente de casi 9000 fojas, los abogados Fernando Pinto y Hernán Del Gaizo –representantes del directorio de SGI– presentaron vínculos entre Carrió y Campagnoli a través de su hermana Marcela, presidenta de la Coalición Cívica en el distrito de Pilar, ex concejal, ex candidata a intendenta, y cuyo referente político es el dirigente de la CC Héctor »Toty» Flores. Además, es amiga personal de Carrió. Una de las pruebas incorporadas es la publicación del diario Clarín del 11 de agosto, en la que aparece una foto de la jornada previa a las elecciones. »Mujeres. Elisa Carrió, ayer, con sus amigas Marcela Campagnoli y Amelia Lacerca», reza el epígrafe de la foto tomada en el parque de una casona pilarense. Se incorporaron mensajes de Marcela en la red social Twitter donde tuvo varias intervenciones para exaltar el accionar de su hermano en la pesquisa, que acompañó con apreciaciones sobre la causa de corrupción denunciada.
Los defensores apuntaron a que el expediente paralelo, montado por supuesta extorsión e impulsado por Campagnoli, sólo tuvo como objetivo lograr un impacto mediático, con fines proselitistas, enmarcado en una »campaña difamatoria» encabezada por Lanata y Carrió, »que cuentan con el apoyo económico del Grupo Clarín». También sostuvieron que »su hermana tenía (y tiene) un concreto interés en consolidar una hipótesis que beneficie a la facción política a la que pertenece y también a ella misma», e hicieron referencia a »la desmesura de la actuación del fiscal y la idoneidad de ese embate judicial/mediático para incidir en el actual proceso eleccionario». Pero fueron más allá en su escrito, en el que apuntaron a un »acuerdo entre el fiscal y la jueza sobre el irregular trámite del proceso», en el que, a su criterio, se eligió a Lanz a través de una maniobra de fórum shopping que le iba a permitir desviar el objeto de investigación y »actuar como auxiliar del periodista Jorge Lanata y Elisa Carrió –socia política y amiga de su hermana– en sus campañas contra el gobierno nacional con eje en los hechos que mediáticamente se publicitan como constitutivos del delito de lavado de dinero».
Si la justicia concluye que esta evidencia es una de las causales de recusación válidas, Campagnoli quedará en una difícil situación para retener la causa, de la que él mismo fue el denunciante inicial. «

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las claves de la causa principal

Recolección de pruebas. La investigación principal sobre el supuesto entramado de lavado de dinero que tiene como imputados a Lázaro Báez y a su entorno, a cargo del juez Sebastián Casanello, está en etapa de recolección de pruebas sobre un posible delito previo por el origen ilícito de los fondos. Se pidió colaboración a la AFIP y a la UIF.
Negativa. La justicia suiza rechazó enviar información detallada sobre la firma Teegan Inc. adonde se supone que se hicieron giros sin justificar. Pidió mayor detalle sobre el delito concreto que se le imputa a Báez.
Oficios. Casanello libró oficios a todos los juzgados federales de la Capital Federal y de Santa Cruz. El motivo: encontrar alguna causa en la que el empresario Báez o algún otro de los involucrados en la investigación por lavado de dinero tenga un antecedente o esté imputado.
Fariña y Elaskar. Hasta el momento, el juez tomó declaración indagatoria a Leonardo Fariña y Federico Elaskar. Todavía no se expidió sobre la situación procesal de ambos, quienes se desdijeron en sede judicial de lo que habían declarado en Canal 13.

un funcionario llamativamente expeditivo

El lunes 15 de abril, a menos de 24 horas de la emisión del programa Periodismo para Todos en el que se dio a conocer el caso de presunto lavado de dinero a través de los »arrepentidos» Leonardo Fariña y Federico Elaskar, el fiscal José María Campagnoli radicó una denuncia ante la Cámara del Crimen que originó el expediente Nº 17.131/2013, en el Juzgado Nº 40 del fuero Criminal y Correccional porteño, el que dictó su incompetencia y lo remitió al de Sebasián Casanello, en el fuero federal, por ser una investigación sobre lavado de dinero. Luego hizo una presentación en la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos con Autor Desconocido y atrajo la competencia al subrogar una fiscalía en la que había una causa dormida contra Elaskar por »administración infiel» en perjuicio de SGI Argentina SA. Le agregó aproximadamente 3600 fojas con solicitud de medidas de prueba y propuso seguimientos de fondos de los acusados con lo que logró un mayor avance que la causa que impulsa su par Guillermo Marijuán. Pidió allanamientos sobre las »estancias» de Lázaro Báez, que se identificara qué aviones tenía el empresario y quiénes son sus pilotos; también, que se allanara SGI y solicitó establecer con precisión las »propiedades» de Báez y de la »familia Kirchner» para determinar la existencia de »bóvedas» a inspeccionar. Las medidas también alcanzaron al contador Daniel Pérez Gadin y a Fabián Rossi, señalado como quien creaba compañías offshore para el lavado. En cambio, no incluyó a Elaskar como acusado; pidió citarlo como testigo. Fue antes de que se arrepintiera de sus dichos. La carátula de la causa viró a la presunta »extorsión» que habría sufrido. Nunca más se lo convocó a declarar. Sí, en cambio llamó como testigo a Jorge Lanata.

 

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