Hasta los legisladores del Pro le reclaman transparencia a Macri

El jefe de gobierno habría incurrido en irregularidades administrativas y legales al viabilizar una iniciativa privada sin el guiño de la Legislatura, que hace dos años debate en comisiones un proyecto para descentralizar la estación de Retiro y construir una nueva en la zona sur de la Ciudad.

Terminal Terrestres Argentina S A pertenece a Néstor Otero, uno de los empresarios procesados por haberle pagado dádivas al también procesado ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. Las obras se iniciarán en septiembre de este año y la estación se inauguraría en 2015, tras una inversión de 90 millones de pesos.

La adjudicataria ser hará cargo de la concesión por 18 años y deberá aportar un canon mensual de 400 mil pesos. Al término de ese período, podrá comprarla o pasará a manos de la Ciudad.

»Acá lo grave no es que una firma privada quiera hacer un negocio lícito con una obra pública, sino que haya funcionarios del gobierno que acepten como una iniciativa privada un proyecto similar al de mi autoría que públicamente los legisladores tratan desde hace tiempo», señaló el diputado Daniel Amoroso (Confianza Pública). El legislador apuntó –sin mencionarlo– hacia el ministro de Desarrollo de la Ciudad, Francisco Cabrera, encargado de anunciar públicamente la iniciativa privada.

La prueba de que las sospechas son generalizadas se encuentran en un proyecto de declaración y en dos pedidos de informes elevados a la Legislatura, a cuyos pies acompañan las firmas no sólo de radicales, kirchneristas y legisladores de izquierda sino hasta del mismísimo PRO.

En los distintos textos se preguntan por qué la iniciativa que ya se debatía en comisiones no fue implementada y, en cambio, se dio luz verde a la propuesta privada de Terminal Terrestres Agrentina S A, obviando el procedimiento licitatorio comprendido en la Constitución porteña.

Los diputados aluden expresamente tres artículos. Uno de ellos es el 82, según el cual para desafectar del dominio público o de los bienes inmuebles de la Ciudad, debe haber un proyecto de ley aprobado por los dos tercios de la Legislatura. Macri no envió ningún proyecto pese a que la zonificación del predio donde ahora se va a levantar la terminal de ómnibus, en Avenida Dellepiane, entre Perito Moreno y Avenida Lacarra, ya había sido destinada a clubes y otros fines recreativos

Los otros artículos que mencionan los legisladores son el ’89 y el ’90, que obligan a la Ciudad a un procedimiento de »doble lectura» antes de disponer de cualquier bien. Esto significa, en otras palabas, que debe haber un despacho de comisión que incluya el informe de los órganos involucrados; la aprobación de la Legislatura, la publicación y convocatoria de una audiencia pública. »Ningún órgano del gobierno puede conferir excepciones a este trámite y si lo hiciera éstas son nulas», expresa la ley de manera taxativa.

En la sesión de la Legislatura donde se anunció la presentación del proyecto de declaración, el 23 de mayo pasado, Amoroso dijo sin vueltas: »Yo pienso que acá se está escondiendo un negocio.» Y siguió: »Estoy de acuerdo con que se construya una nueva terminal. Como también estoy de acuerdo con que esta terminal –o alguna de las que se puedan llegar a hacer– se haga en la zona sur. Pero no estoy de acuerdo con que se haga a través de una licitación pública y que nosotros ni siquiera nos enteremos. Yo me enteré por los diarios.»

En esa sesión, Francisco Tito Nenna (Frente para la Victoria), Gabriela Cerruti (Nuevo Encuentro) y Pablo Bergel (Proyecto Sur) apoyaron expresamente el escrito de Amoroso. Lo mismo hizo el radical Rubén Campos, quien se quejó por la transferencia a una empresa privada de tres hectáreas pertenecientes a la ciudad mediante un leasing de 18 años, cuando la Constitución porteña autoriza como máximo un leasing de cinco años.

»Además –agregó Campos– el canon de 400 mil pesos mensuales que se estableció no tiene parámetros de medición –si ese canon es poco, o está bien–; tampoco cuenta con actualizaciones en la prolongación futura de 18 años respecto de los índices para esos 400 mil pesos del año 2013 y de los que serán en el año 2030».

Hasta la legisladora del PRO, y presidenta de la comisión de Planeamiento Urbano donde se venía analizando el tema, Karina Spalla, puso su firma en el proyecto de Amoroso reclamando a Macri »mayor transparencia» en sus procedimientos. »Es fundamental para todos conocer el fondo de la cuestión. Por eso, compartimos la preocupación de que el Poder Ejecutivo, como hace siempre, nos provea las herramientas necesarias para analizar los temas y tomar decisiones», dijo, diplomática pero resaltando la inquietud de sus colegas de otros partidos.

Desentendido de las críticas, el ministro »Pancho» Cabrera no dejó de promocionar la iniciativa. »En la ciudad hay una única terminal de ómnibus y es de los años ’80. A partir de ahora, los vecinos de Villa Lugano, Villa Soldati y Mataderos no van a tener que cruzar toda la ciudad para ir a Mar del Plata o viajar al interior», resaltó sobre uno de los aspectos incuestionables del proyecto.
El funcionario, en cambio, nada dijo sobre la celeridad y la reserva del trámite de adjudicación, y mucho menos sobre Otero, quien sacó provecho del procedimiento de licitación de la Ciudad, que prioriza para la concesión a quien presenta una iniciativa privada más allá de las características de su oferta.

De esta forma, Terminal Terrestres Argentina S A levantará sobre un terreno valuado en 25 mil millones de pesos no sólo una estación de ómnibus de pasajeros –de 12.900 m² cubiertos y de 14.400 m² semicubiertos– sino un apetecible polo comercial en plena Comuna 8, integrada por los barrios Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano.

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