Funcionarios de Cornejo salieron a defender el aborto

Luego de que la senadora Noelia Barbeito quedara hablando sola al defender la implementación del protocolo de interrupción legal del embarazo, funcionarios de Cambia Mendoza salieron a defenderla y pidieron “seriedad en el tratamiento del tema”.

Para esto elevaron una carta a la sociedad:

“Sabemos de sectores religiosos que se oponen a esta guía. Es importante recordar que son los mismos sectores que se oponían a los métodos anticonceptivos y a la educación sexual quienes hoy se oponen a que las mujeres accedan a una atención en salud de calidad para los casos de abortos legales en nuestro país.

El Ministerio de Salud de la Nación ha fijado nuevos parámetros para la atención de los casos de aborto no punible. A partir del Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE) publicado en el mes de abril, se indica cómo se debe proceder cuando se está ante un caso de esta índole. De acuerdo a la normativa vigente, en Argentina toda mujer, niña, adolescente y, en general, toda persona con capacidad de gestar, tiene derecho a solicitar una interrupción legal del embarazo que cursa según los mismos estándares de calidad que el resto de los servicios de salud. Esto es cuando el embarazo representa un peligro para la vida de la mujer y este peligro no pueda ser evitado por otros medios (el concepto de salud involucra el aspecto físico, psíquico, mental y emocional), o cuando el embarazo proviene de una violación, lo cual obviamente incluye a la persona con discapacidad intelectual o mental. En el último caso mencionado no es exigible la denuncia policial o judicial de violación, por tratarse de un delito de instancia privada.

En el protocolo se menciona la posibilidad de que existan casos »fabricados» ante lo cual también fija una postura a partir de un fallo judicial sobre el que se expidió la Corte Suprema de Justicia. Allí se aclara que aun ante una duda sobre la veracidad de la violación es prioridad no negar bajo ninguna circunstancia el acceso al servicio de ILE, ya que el tribunal mencionó allí que »el riesgo derivado del irregular obrar de determinados individuos no puede ser razón suficiente para imponer a las víctimas de delitos sexuales obstáculos que vulneren el goce efectivo de sus legítimos derechos o que se constituyen en riesgos para su salud» (CSJN, 2012). Se trata del principio de no judicialización por el cual no se dará intervención a organismos judiciales o policiales, para evitar dar estado público a una situación privada y confidencial de quien acude al servicio de salud. También apunta a evitar dilaciones.

Accesibilidad: Refiere a que no deben interponerse obstáculos médico-burocráticos ni judiciales a la práctica.

Confidencialidad y privacidad: Será resguardada la información de la mujer que solicita la práctica así como otras cuestiones referidas a su historia clínica y al procedimiento (espacios adecuados).

Celeridad/rapidez: Se debe garantizar una atención ágil e inmediata.

Consideramos que esta guía es una herramienta necesaria para regular el acceso a la salud a las mujeres que deciden interrumpir los embarazos contemplados en »no punibles» en nuestro código penal. Además, favorece el cumplimiento a acuerdos internacionales como la CEDAW, con rango constitucional desde 1994, favoreciendo el respeto por los derechos de las mujeres. Era una deuda en materia de salud y nada debería obstaculizar este derecho”.

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