EXPLICACIÓN EN DETALLE DE LA VIGENCIA DE LA LEY 9.209 que reemplaza a la vieja y querida 7.722

ANTE TANTA CONFUSIÓN… informarse y no repetir mensajes basados en opinión y no en datos, que solo conducen a las peleas sin posibilidades, al  voluntarismo, a la inacción y a la desesperanza. 

El procedimiento para la sanción de leyes es complejo, por eso intentaremos explicarlo. 

Los legisladores puede proponer leyes durante el período ordinario de sesiones y también puede hacerlo el Poder Ejecutivo, durante el período extraordinario. 

El tener Mendoza, un sistema bicameral, cuando una cámara aprueba, la otra cámara tiene que debatir y aprobar también. Si hay modificaciones, debe volver a la cámara que le dio origen al proyecto para que debatan y se aprueben los cambios. 

Esos pasos son para que se profundice el debate interno de las cámaras, sean escuchados los asesores, los especialistas y los sectores involucrados. 

Hay comisiones que tienen que debatir y dar cada miembro su argumento y punto de vista. Luego es tratado en el plenario de la cámara, y luego cada una vota. 

Todo eso ya ha pasado en el caso de la ley 9209.

Luego de haber sido aprobada por ambas cámaras, la ley termina su trámite parlamentario. 

El Poder Ejecutivo puede vetarla con lo que no queda ratificada. 

En este caso no lo hace, ya que el Poder Ejecutivo es el que propuso la ley. 

Seria ridículo proponerla para luego vetarla. 

Entonces, una vez que sale de la legislatura, el Poder Ejecutivo la publica en el Boletín Oficial, con lo que queda promulgada y en plena vigencia.

Una vez que pasa eso, el contenido de la ley es aplicable. No la puede “sacar ni cambiar” el poder ejecutivo ni nadie. 

Para que los procedimientos que implica la ley vigente se pongan en funcionamiento, el Poder Ejecutivo tiene que reglamentarla… que es dar los detalles de cómo se utiliza esa ley.

Si el poder ejecutivo no la reglamenta la ley, está vigente de todas maneras. 

Cuando la legislatura sancionó la ley 9209 el viernes pasado, el gobernador tenía dos caminos: la promulgación o el veto. 

El gobernador optó por promulgarla y la publicó en el Boletín Oficial el día martes 24. 

La leyes entran en vigencia desde su publicación en el Boletín oficial. Por lo tanto la ley 9209 ESTA VIGENTE. 

Lo que ha suspendido, temporalmente el gobernador, es la reglamentación de la ley.

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Reglamentar consiste en una facultad exclusiva del gobernador que a través de un decreto dispone cómo se ejecutará la aplicación de la ley. 

¿Cuales son los pasos que siguen? 

Que los legisladores en la Legislatura propongan derogarla… para lo que hay que esperar el período de sesiones ordinarias. Al derogarla queda vigente la ley anterior o tienen que redactar una nueva ley para este caso. 

Presentar recursos de amparo ante la justicia para que se expidan los tribunales o la Corte Suprema. La Corte se expide sobre el procedimiento. Como el procedimiento de esta ley ha sido correcto, no hay motivos para que la corte la declare inconstitucional. 

Por lo tanto lo único que queda es un nuevo debate legislativo para generar una nueva ley y derogar la vieja.

El gobernador al plantear que “por ahora no la va a reglamentar” solo quiere ganar tiempo.

Si hubiera querido debatir y escuchar a especialistas, lo hubiera hecho mientras era el debate legislativo. Ahora escuchar a todos o a especialistas, no cambia nada. La ley tiene plena vigencia. 

El Código Civil de Procedimientos indica en su artículo 219 que:

“I. Podrá interponerse acción de amparo en contra de todo hecho, acción u omisión emanado de órganos o agentes de la Administración Pública Provincial o Municipal o de personas humanas o jurídicas particulares que, en forma actual o inminente y con ostensible arbitrariedad o ilegalidad, altere, amenace, lesione, restrinja o de cualquier modo impida el normal ejercicio de los derechos expresa o implícitamente reconocidos por las Constituciones Nacional o Provincial, un tratado o una ley, con exclusión del derecho a la libertad física.

II.- AMPARO POR AUSENCIA DE REGLAMENTACIÓN: Será igualmente procedente la acción de amparo contra la omisión del Poder Ejecutivo Provincial en reglamentar las leyes dentro de los plazos que éstas determinen.

III.- AMPARO POR MORA: También se podrá articular la acción de amparo contra omisión de la Administración Pública Provincial o Municipal en resolver las peticiones formuladas por los administrados dentro de los términos legales, siempre que la demora sea excesiva y resulte perjudicial para los derechos de los accionantes.”

Osea que la ley no solo está en vigencia, sino que las mineras pueden demandar al Estado por medio de un amparo judicial, si la administración pública se demora en reglamentarla.

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Hace dos días el ministro de Economía, Enrique Vaquié, confirmó que ahora que se promulgó la ley que reforma la 7.722, las empresas mineras ya pueden comenzar a “pedir permiso de explotación y cateo para buscar en los lugares en los que puede haber minerales.

El más avanzado es San Jorge (el proyecto que pretende instalarse en Uspallata), a quien se le ha pedido una nueva declaración de impacto ambiental”.

El funcionario dialogó con varios medios y dijo concretamente que a partir de la promulgación de la ley 9209 -se publicó este martes en el Boletín Oficial- que modifica la norma que estaba vigente desde el 2007, el Gobierno “no sólo asume los compromisos establecidos para los controles necesarios, sino que también enviaremos un proyecto a la Legislatura para incentivar que la minería contrate proveedores y empleo local.

La idea es avanzar con créditos blandos y baja de impuestos si las empresas contratan proveedores y empleo local”, resaltó y adelantó que ese proyecto llegará a la Casa de las Leyes en 30 días.

También señaló que existe otro proyecto que también estaría avanzado en Malargüe, aunque no dio más detalles sobre la firma que haría la explotación en el Sur.

Vaquié firma la promulgación de la ley que luego se publica en el Boletín Oficial. Vaquié aparece sentado a la mesa acompañando al gobernador durante la conferencia de prensa. Osea que el gobernador dice que va a “esperar para promulgar y escuchar a los involucrados” y Vaquié, quien firma y acompaña, dice que ya están trabajando en leyes complementarias, créditos, promoción y permisos a mineras. 

Un dato curioso. Durante el debate de la ley 7.722 Enrique Vaquié era Senador Provincial, y participó en el debate. No pidió la palabra. Pero votó a favor de preservar el agua, que ahora como ministro se encargará de ensuciar. 

P.S. (fuente varios medios de Mendoza, medios nacionales, Telam, Código Civil de Procedimiento para la provincia de Mendoza, InfoJus).

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