España y Hungría no encuentran salida y agravan la crisis europea

 

 

Más grave aún resulta la bancarrota sin atenuantes a la que se enfrenta el gobierno de Hungría, de signo conservador al igual que el de Madrid, en una crisis que se asemeja en características y profundidad a la vivida por Argentina en 2001.

 

De hecho, la agencia de calificación crediticia Fitch redujo la semana pasada a la categoría de »basura» los bonos soberanos de Hungría, un inequívoco indicativo de que el mercado considera impagable la deuda contraída por Budapest.

 

Hungría tiene actualmente graves problemas para financiar su deuda pública, una situación que arrastra desde que agotó, el año pasado, los 20.000 millones de euros que obtuvo en 2008 del FMI.

 

El forint, la moneda nacional, cotiza a sus mínimos históricos contra el euro, 324 unidades a uno, y se ha devaluado alrededor de un 20% desde julio a la fecha, debiendo pagar una tasa de interés del 10% para colocar sus títulos de deuda en el mercado.

 

De hecho, el país depende ahora mismo de que el FMI y la Unión Europea (UE) le renueven sus ayudas y, de esta manera, evitar la declaración de la cesación de pagos o ´default´.

 

El primer ministro nacionalista, Viktor Orban, ha dicho que está dispuesto a llegar un acuerdo »tan pronto como sea posible» con la UE y el FMI, pero las diferencias que separan a éstos de Budapest son muy grandes.

 

Un crédito contingente (stand-by) del Fondo está sujeto a que Orban acepte respetar la independencia del Banco Central (vulnerada por una ley aprobada en 2011) e, incluso, que dé marcha atrás en la estatización de los fondos de pensiones privados realizada también el año pasado.

 

Hungría debería proceder, obviamente, a diseñar un plan de ajuste en la línea de los exigidos por el FMI y evitar así un ´default´ de su deuda que arrastraría a los bancos, incluidos los extranjeros que tienen filiales en ese mercado.

 

No se debe olvidar que las entidades financieras locales y extranjeras han concedido, en el mercado local, créditos hipotecarios denominados en euros cuya devolución se convertiría en una quimera en caso de una declaración de cesación de pagos.

 

Un cuadro exactamente igual al que debió enfrentar Argentina en 2001-2002.

 

Mientras Hungría se suma así a la presión que ejerce la situación de Grecia sobre la economía y el sistema financiero europeo, el gobierno español batalla con una receta ultra-ortodoxa para poner en orden las cuentas fiscales y frenar la fuga de capitales iniciada hace meses.

 

En apenas 15 días de gestión, Rajoy ha perdido la confianza de un 58% de los españoles, de acuerdo con una encuesta realizada por el diario conservador El Mundo, de Madrid, al incumplir con sus promesas electorales de no aumentar los impuestos.

 

El líder del Partido Popular (PP) y presidente del gobierno, que acusó reiteradamente a su antecesor, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, de golpear a las clases medias, ha hecho su debut con un paquete de duras medidas que afectan a éstas.

 

Para obedecer las órdenes emanadas de Bruselas y de Berlín, Rajoy ha hecho aprobar incrementos impositivos sobre los ingresos del trabajo (Ganancias en Argentina), ahorros personales y bienes inmobiliarios.

 

Al tiempo que ha llevado la carga fiscal al tope de los países de la UE, incrementando siete puntos porcentuales, hasta un máximo del 52%, el impuesto sobre los salarios más elevados, Rajoy ha anunciado recortes de gastos en educación, salud, infraestructuras y en los aparatos de gobierno central y autonómicos.

 

De conjunto, se busca reducir el déficit fiscal a un 4,4% del PBI para finales de 2012 cuando la meta de un máximo del 6% para 2011 no fue alcanzada, ya que se estima que ha rondado el 8%.

 

Se trata de recortar gastos e incrementar impuestos para llenar un agujero fiscal de 40.000 millones de euros en 12 meses.

 

Mientras tanto, el ministro de Economía, Luis de Guindos, quiere que los bancos provisionen 50.000 millones de euros para hacer frente al descalabro de sus carteras inmobiliarias.

 

Unas carteras »podridas», es decir, incobrables, que ascienden a 176.000 millones de euros, aproximadamente el 52% del total de créditos concedidos en el segmento inmobiliario, y que aún con esas provisiones extraordinarias distan mucho de ser solventadas.

 

Pero el mayor peso del ajuste planteado por el gobierno de Rajoy recae en las comunidades autónomas, gobiernos regionales que agrupan a las provincias, y que administran competencias de gobierno muy amplias.

 

El plan del Ejecutivo español es tan amplio y duro que pretende que esas autonomías, especialmente las de Cataluña y el País Vasco, dos áreas geográficas que se consideran naciones a la par de España, sometan sus presupuestos a la aprobación de Madrid.

 

Esta semana, apenas el gobierno central reveló este extremo, desde Barcelona y Bilbao se rechazó virulentamente esta pretensión de Rajoy, abriendo el camino a un enfrentamiento de carácter político que no es menor, teniendo en cuenta los antecedentes históricos de España en esta materia.

 

La política de ajustes busca asegurar, en toda Europa y no sólo en el caso de Hungría y España, el rescate de la banca, hundiendo en la recesión a toda la UE.

 

El presidente francés, Nicholas Sarkozy, la canciller alemana, Angela Merkel, y el primer ministro italiano, Mario Monti, se reunirán el próximo 20 de enero en Roma para preparar la Cumbre europea del 30 de este mes.

 

Sarkozy advirtió el viernes que »el fin del euro significaría el fin de Europa, el fin de la paz», una de las aseveraciones más alarmantes que se hayan hecho desde el inicio de la crisis continental.

 

Sin embargo, desde una perspectiva opuesta, el financista George Soros considera que »el euro pone potencialmente en peligro la cohesión política de la Unión Europea».

 

En cualquier caso, la crisis se agrava y la solución no aparece.

Telam

 

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