El pescado se pudre por la cabeza

Cuando se le preguntaba por la causa de la decadencia de un país, Juan Domingo Perón solía ser lacónico y enigmático y sentenciaba: »El pescado se pudre por la cabeza.»

En su visión un tanto biologicista –consideraba que la sociedad era un cuerpo–, el tres veces ex presidente de la Nación definía así el viejo anatema moral que reza »a mayor poder, mayor responsabilidad», que tan bien reinterpretado fue por Peter Parker en la saga hollywoodense del Hombre Araña.

Lo que quería significar Perón es que la responsabilidad de la grandeza o la decadencia de los países se debe, fundamentalmente, a la conducta de su clase dirigente, de sus élites, de quienes tienen mayor poder, en términos de dominio pero también de posibilidades.

El enunciado, sin embargo, conlleva un alto grado de incertidumbre y no es fácil desentrañar quiénes tienen la máxima responsabilidad en gran parte de lo que ocurrió en los últimas décadas con nuestra historia política, económica y social. En suma, lo que uno debe preguntarse antes de comprobar o no la veracidad de la proposición de Perón –¿por dónde se pudre el pescado?– es saber: ¿cuál es la cabeza del pescado?

En el pensamiento político argentino –lo que incluye, claro, a las ciencias sociales– no existe todavía un buen estudio sobre el pensamiento y la acción de las élites dominantes en nuestro país. Delimitar cuál (o cuáles) es la clase dirigente es fundamental para comprender cuáles fueron y son sus objetivos, sus deseos imaginarios, sus abandonos, sus contradicciones.

De la misma manera en que el pescado se pudre por la cabeza, la clase dirigente –política, empresarial, intelectual, etcétera– debe ser la primera en dar el ejemplo de pacto social.
En el Sentido Común Mediático (SCM) existe mucho discurso infantiloide sobre el estado actual de la Argentina: que el clima, que la supuesta condición cleptómana de los habitantes de este país, que »los negros no quieren trabajar», que el peronismo, que la dictadura militar, que los políticos esto o aquello. Por alguna razón en particular, el SCM jamás cuestiona a la clase dirigente, los empresarios, por ejemplo, ya sean agrícolo-ganaderos o industriales. ¿Qué tan responsables son los empresarios de este país del estado de la Nación?

Hace poco tiempo volví a leer La larga agonía de la Argentina Peronista, de Tulio Halperín Donghi, y un comentario de Marcelo Cavarozzi sobre ese texto.

El politólogo, autor de Autoritarismo y democracia, resume al historiador y dice: »En la Argentina la política transcurrió en dos planos: uno de disenso, en el que el conflicto de la etapa anterior se exacerbó al quedar escindidos en forma tajante dos mundos de la política (el peronista y el antiperonista), y otro de consenso ‘subterráneo’, en el que capitalistas, sindicalistas y el resto de los actores, con escasas excepciones, coincidieron implícitamente en la fórmula del capitalismo asistido y el Estado subsidiador, fórmula que descansaba tanto en acciones del Estado como en omisiones.

Este segundo plano de consenso, quisiera añadir, abarcó no sólo qué se buscaba, es decir, la maximización de las rentas sectoriales e individuales a costa del ‘Estado’, o sea en realidad a costa de los otros actores, sino también cómo se lo hacía. Los actores más significativos recurrieron en forma sistemática al chantaje a las instituciones como su herramienta principal de acción política.

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El poder de capitalistas y sindicalistas descansó en gran parte en la fragilidad del sistema político. Este fenómeno, como lo ilustró Liliana De Riz, afectó de igual modo a las dictaduras militares y a los regímenes democráticos y semidemocráticos que se sucedieron a partir de 1955. Paradójicamente, los gobiernos que resultarían afectados con mayor virulencia por el síndrome de la Argentina peronista fueron los dos que precedieron su ocaso definitivo en 1989: la dictadura más brutal de todas, que recurrió al terrorismo de Estado para combatir a enemigos externos, es decir la ‘subversión’, e internos, y el gobierno más intachablemente democrático de la historia política argentina, el de Raúl Alfonsín.

Y fue precisamente el gobierno radical iniciado en 1983, que a pesar de las innovaciones que introdujo no se evadió del marco de la Argentina peronista, el que sucumbió a la ilusión de que los problemas se solucionarían removiendo el barniz autoritario de la política nacional y reemplazándolo épicamente por uno alternativo, el de la institucionalización.

En cambio, durante los años de Alfonsín se agudizó el proceso de desorganización de la economía que se había iniciado en 1975 y que los militares y el ministro Martínez de Hoz no habían conseguido revertir a pesar de las reformas de 1978. Lo que desde la perspectiva del Estado se configuró como una renovada crisis fiscal y un total descontrol inflacionario, se podría percibir también como la sumatoria de los asaltos efectivos que llevaron a cabo los distintos agentes sociales sobre la soberanía estatal en materia monetaria y fiscal.

Porque la Argentina peronista articulada a partir de 1955 podría ser concebida como un proceso de aprendizaje colectivo en el que se fueron perfeccionando mecanismos defensivos sectoriales e individuales que, paralelamente, fueron carcomiendo la efectividad de la acción estatal.

En este proceso se mantuvieron equilibrios mínimos en materia del comportamiento de las variables económicas y del nivel de violencia y desinstitucionalización política, mientras ese aprendizaje de carácter negativo no fue completado; una vez que sí lo fue, el consenso subterráneo al que alude Halperin se tomó visible y, por lo tanto, se deshizo.»

Perdón por lo extenso de la cita, pero me pareció necesaria para comprender el concepto de »consenso subterráneo» en perjuicio del Estado.

Lo que se desprende del texto de Halperín Donghi sugiere que la puja distributiva se llevó puesto el proceso de sustitución de importaciones iniciado en la década del ’30 y del ’40, y que las respuestas que dieron aquellos gobiernos que enfrentaron la crisis fue la represión o la imposibilidad por falta de herramientas.

Lejos de esa situación, la Argentina de hoy pareciera ingresar en un proceso de puja distributiva que genera, entre otras cosas, riesgo inflacionario y enfrentamientos gremiales y sociales.

Se me ocurre que de las pujas distributivas se sale de dos formas: con represión de los intereses de los sectores populares o con compromiso o pacto social.

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En los setenta se ha cerrado la Argentina peronista con la represión más brutal de su historia, la dictadura cívico-militar dirigida económicamente por parte de la dirigencia empresarial criolla.

Muerte, pobreza, desocupación, cierre de fábricas, fue el resultado de esa salida trágica que ni siquiera resolvió los problemas de fondo, sino que los empeoró y jaqueó de entrada a la frágil democracia naciente.

La híper del ’89 es producto de ese Estado vaciado por el »consenso subterráneo» entre distintas corporaciones, por ejemplo. Puja que se resolvió con brutal transferencia de ingresos del sector del trabajo al del capital, tras una operación que consistió en terror económico, pobreza y desocupación disciplinadora.

La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, ha invitado a industriales y sindicatos a consensuar las herramientas para impedir una espiral en la puja distributiva que ponga el riesgo el modelo. Los empresarios son la cabeza del pescado y por eso tienen una mayor responsabilidad en este asunto.

Son los encargados de pactar, porque si no se produce un compromiso, el enfrentamiento social está siempre a la vuelta de la esquina. Y cuando en una sociedad las luchas remplazan a la creación de riquezas se produce un estancamiento económico del que todos resultan perjudicados.

Debo reconocer que mi interpretación puede tener algunos ecos de la doctrina de »Orden y Progreso», similar a los eslóganes del mediados del siglo XIX, pero también es cierto que el crecimiento económico se detuvo, allí donde se desató la puja distributiva con brutalidad.

Ahora bien, a mayor poder, mayor responsabilidad. Y a mayor responsabilidad, se hace obligatoria una mejor inteligencia y, quizás, una de las consecuencias más nobles del uso de la inteligencia sea el de comprender que la generosidad también redunda en beneficio propio.

En esa puja distributiva, en una paritaria, por ejemplo, lo que para un trabajador significa la posibilidad de pagar con más facilidad un alquiler –mil pesos de aumento–, muchas veces para una empresa es apenas un cinco por ciento menos de ganancia, ni siquiera una pérdida.

Por lo tanto, es el empresario el que debería asumir un compromiso con un mínimo de desprendimiento. Es la respuesta más racional. El egoísmo no es inteligente. Porque tarde o temprano, la historia reciente lo ha demostrado, las opciones van a volver a ser »el diálogo o la bomba», como decía en la canción »Del Televisor», el cantante Piero. Y allí perdemos todos los argentinos de nuevo.

De la misma manera en que el pescado se pudre por la cabeza, la clase dirigente –política, empresarial, intelectual, etcétera– debe ser la primera en dar el ejemplo de pacto social. Es ingenuo lo que estoy planteando, es cierto. Pero no por eso es menos verdadero en términos éticos y de solución colectiva.

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