El Movimiento Patria Grande realiza una crítica al proyecto del Diputado Luís Petri

El comunicado de la fuerza política indica que: »Entre los puntos más resonantes de un proyecto que cuenta con más de 270 artículos, se encuentra la limitación o el cercenamiento de un punto particular, las salidas transitorias».

Actualmente la Provincia de Mendoza, por ley Nº 6.513 (1997) se encuentra adherida a la ley nacional de ejecución de la pena privativa de la libertad, ley 24.660.

Lo que propone el diputado »radical», y que lamentablemente parece no tener retroceso – en diputados se aprobó por 42 a 3- es apartarse de éste régimen al que se encuentran adheridas casi la totalidad de las provincias argentinas, y establecer uno propio, uno más

»estricto», para que » la sociedad mendocina pueda dormir tranquila y no se encuentre al vilo de los delincuentes».

Una breve mención a los fines (art.1) de la ley nacional nos da cuenta del espíritu de la norma, que por otro lado lejos está de ser alcanzado, y de lo que perderíamos o perderemos con una inminente sanción de la iniciativa.

»…la ejecución de la pena privativa de la libertad, en todas sus modalidades, tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad…»

Dicho esto, la ley 24.660, establece un régimen de ejecución progresivo. Esto significa que el interno, condenado (de los presos sin condena mejor ni hablar), desde su ingreso hasta el egreso definitivo del establecimiento penitenciario, va transitando diferentes etapas, que buscan, en lo que es la nota más alta de la norma nacional, dar a cada sujeto un tratamiento particular para finalmente alcanzar la tan ansiada reinserción social.

Así, el régimen consta de 4 períodos, que a decir de la ley, se aplicarán al condenado, cualquiera fuera la pena impuesta (por un juez natural y luego de un debido proceso –art. 18 Constitución Nacional).

a)-Período de observación: donde al ingreso al establecimiento el O.T.C. (un organismo multidisciplinario) realiza un diagnóstico y pronóstico criminológico del individuo, y con la participación del condenado se proyecta un tratamiento particularizado.

b)-Período de tratamiento: fraccionado en fases que impliquen una paulatina atenuación de las restricciones inherentes a la pena.

c)-Período de prueba (basado en la confianza): comprende sucesivamente la incorporación a establecimientos abierto o sección independiente basada en la autodisciplina; la posibilidad de obtener salidas transitorias del establecimiento; y finalmente la posibilidad de incorporación al régimen de semilibertad.

d)-Período de libertad condicional: es la última etapa del régimen progresivo de ejecución.

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En esta tercer etapa, el periodo de prueba, se presenta el tema que hoy ocupa la agenda de nuestros legisladores. Debiendo aclarar a esta altura que para acceder a éste, es necesario ir superando exitosamente los periodos anteriores. No se basa en una decisión caprichosa del juez de ejecución ni mucho menos del propio condenado.

Algunos de los motivos previstos en la ley (art.16) para la concesión de los mismos demuestran el espíritu de la norma: afianzar y mejorar los lazos familiares y sociales; cursar estudios; participar en programas de específicos de prelibertad, etc.

El proyecto del legislador Petri propone eliminar esta fase, estos fines (a la que para confusión de las mayorías denomina »beneficios»), a los condenados por delitos graves, afectando así principios y garantías expresamente reconocidas a todos los habitantes de la nación en la Carta Magna (igualdad) como así también en los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina y constitucionalizados en el año 94.

Y para reforzar su idea, manifiesta en forma sugestiva (sic): »Estamos hablando de asesinos, violadores, asaltantes. Personas que ponen en vilo a la sociedad mendocina».

Es decir, estigmatizando aún más al condenado por el delito que cometió, fue juzgado y condenado, endurecemos más su pena, su realidad, al no permitirle reinsertarse en »nuestra sociedad», obviamente sin preguntarnos o preocuparnos siquiera, si alguna vez estuvo inserto en ella.

Pero lo cierto es que la »sociedad mendocina» va a dormir más tranquila, aunque se despierte de un sacudón, como producto de un movimiento sísmico, cuando comprenda que con este golpe de efecto no solucionamos el fondo del problema, las causas, las raíces de ese problema cierto pero complejo que es la inseguridad que nos atemoriza.

Por otro lado percibo algo de indiferencia, por no decir ignorancia, o no querer creer en la existencia de intereses electorales concretos en estos planteos que surgen de las  declaraciones del servidor.

»Que el delincuente condenado no encuentre en la ley un salvoconducto para evitar elcumplimiento efectivo de la condena sin encontrarse garantizada su reinserción social»; »…en el caso de la prisión o reclusión perpetua, cumpliendo un tercio de la condena, (es decir) 15 años, una persona empezaba a gozar de los beneficios de las salidas transitorias cuando debería al menos cumplir 35 años para recién allí obtener los beneficios que el Código Penal establece para casos de libertad condicional…»

Ahora bien, sabrá el redactor del proyecto que nuestra provincia es conocida mundialmente no sólo por la imponente cordillera de Los Andes y el buen vino. También es conocida (no reconocida) por sus cárceles.

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¿Qué hay del art. 18 de la Constitución que tanto dicen defender algunos?

En algún medio de gráfico leí que el diputado explicaba los alcances de esta norma: »las cárceles tiene que ser para seguridad de la sociedad».

Una rápida y simple lectura de la norma aludida arroja sin embargo que: »Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas…» ¿Creerá alguien que en las cárceles de la provincia se vive bien?; ¿se vive?; ¿serán verdaderos centros de reinserción social? Antes de preocuparse por limitar aún más los derechos de los condenados alojados en ellas para su »tranquilidad», ¿no habría al menos que procurar garantizar el derecho constitucional básico a vivir dignamente?

En honor a la brevedad y a fin de elaborar una conclusión-reflexión, creo que en general (y toda regla tiene excepciones) estamos frente a sujetos que fueron una vez excluidos de la »sociedad» (del derecho a la alimentación, a la educación, al trabajo, a la seguridad en sentido amplio). Luego, una vez condenados, y para novedad de algunos, excluidos (recluidos) por segunda vez, en un lugar que lejos, muy lejos está de ser un gran hotel provincial. Ahora, con esta medida en particular, se busca una tercera exclusión, no permitir que estos sujetos, en base al delito que cometieron y por el cual están pagando con cuerpo y alma, no se reinserten en la sociedad que indiferente los dejó ir.

No proponemos un razonamiento ingenuo, sin embargo creemos que estamos frente a un problema real (inseguridad) mucho más amplio, que debe ser abordado por políticas públicas serias en las bases, en las causas reales, en los primeros años de la infancia, y no con decisiones mediáticas que busquen reconocimiento individual.

Estos fines no se alcanzarán jamás con leyes más duras, cercenadoras de derechos. Esto se logra poniendo los recursos humanos y económicos necesarios para cumplir con los mecanismos que con tan buen tino fijó el legislador y que se encuentran plasmados en el texto de la ley nacional 24.660 de ejecución de la pena privativa de la libertad.

Octavio F. de Casas

Abogado

Movimiento Patria Grande y/o Asociación Nuevos Espacios Ciudadanos

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