El Gobierno de Mendoza presentó un proyecto de creación del »Banco de Tierras»

Según el texto presentado por los funcionarios en el Salón Rojo, el Banco de Tierras Rurales estará conformado por tierras de propiedad de la Provincia, tierras donadas o legadas al Estado provincial, las que sean transferidas por el Estado Nacional a la Provincia; inmuebles rurales que reviertan al dominio de la provincia por el incumplimiento del cargo de donación y los bienes inmuebles rurales privados expropiados.

En cambio, los inmuebles rurales privados, de una superficie igual o mayor a las diez hectáreas que registren una deuda impaga y exigible que exceda el monto del avalúo fiscal, por tributos ante el Departamento General de Irrigación o a la Dirección General de Rentas, serán declarados de utilidad pública para expropiación.

El encargado de expropiar los inmuebles será el Estado Provincial, quien compensará las deudas impagas exigibles con el monto de la indemnización.

Con respecto a la selección de las propiedades, las inspecciones de Cauce participarán del proceso, ya que la creación del Banco de Tierras responde también a un pedido de estas organizaciones de productores teniendo en cuenta que, la provincia de Mendoza sólo posee el 2,4% de su superficie irrigada y para mantener dichos oasis se utiliza una infraestructura pública existente que no se aprovecha en su totalidad, como es el caso de la red de canales de riego.

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Actualmente hay zonas irrigadas, que cuentan con la infraestructura necesaria, donde se registra una importante cantidad de tierras abandonadas, en estos lugares, son los productores los que deben afrontar costo del mantenimiento de la red hídrica, agravando su situación al ver aumentados sus costos debido a que deben mantener una mayor superficie de canales.

Con la recuperación de las tierras abandonadas a través del Banco de Tierras se recolocarán en el circuito productivo, propiedades rurales que se encuentran en los oasis de la provincia generando también un alivio a los productores que podrán convertir sus proyectos rurales de supervivencia a proyectos sustentables.

Aproximadamente, 13 mil hectáreas se encuentran en estado de abandono, esta es una superficie equivalente a un oasis semejante al del departamento de Tupungato. Sobre ese total, 4.500 hectáreas están registradas en la cuenca del río Atuel, otras 4.500 en la del río Diamante, 2.500 en la del Tunuyán Inferior y 1.500 en la del río Mendoza.

Con la reincorporación de estas 13 mil hectáreas al circuito productivo se logrará la óptima utilización de los oasis y la generación de nuevos empleos.

El objetivo de la medida propuesta a los legisladores provinciales es comprender los procesos productivos completos, desde el inicio de la expropiación hasta la comercialización, involucrar procesos asociativos, de economía social y de agricultura familiar, incorporar valor agregado en origen, promover el arraigo e incentivar la participación de la juventud en el desarrollo rural.

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La adjudicación de las propiedades que integren el Banco de Tierras serán supervisadas por el Consejo de Promoción del Desarrollo Rural. El mismo estará conformado por un representante de cada una de estas reparticiones: Ministerio de Agroindustria y Tecnología (presidirá el Consejo), Ministerio de Infraestructura y Energía, Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, del Municipio donde se encuentre la tierra en cuestión y del Departamento General de Irrigación.

El Consejo deberá emitir opinión fundada a solicitud de la Autoridad de Aplicación, que será la Dirección de Desarrollo Territorial dependiente de la Secretaría de Ambiente, acerca del alcance y valor agregado de los proyectos que se presenten para ser desarrollados en las tierras que integren el Banco de Tierras. Estas propiedades se asignarán a través de los procedimientos previstos de la Ley 4711, que establece llamado a licitación pública, concurso privado de precios, concurso de antecedentes y adjudicación directa.

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