El crimen de un joven mapuche en Río Negro: aún no identifican a los atacantes

Los responsables por la muerte de Elías Garay, el joven mapuche asesinado el domingo en el predio Cuesta del Ternero, un paraje cercano a El Bolsón, siguen sin ser identificados. Tras un acuerdo entre la Fiscalía y la comunidad mapuche Quemquetrew, el gobierno de Río Negro aceptó el retiro de las fuerzas del Cuerpo de Operaciones Especial de Rescate (COER) que venían custodiando la zona, para que pudieran acceder al predio la familia y allegados del joven asesinado y despedir sus restos. Mientras, referentes de la comunidad originaria y organizaciones de derechos humanos reiteraron los repudios al crimen así como el reclamo de información oficial sobre la muerte del joven mapuche de 29 años, y las circunstancias en las que fue herido a tiros con munición de plomo otro miembro de la comunidad, Gonzalo Cabrera, de 26 años, internado en el hospital de El Bolsón. Ambos fueron víctimas de dos hombres vestidos de civil que irrumpieron en un asentamiento del pueblo originario destinado a recuperar un territorio ancestral. La gobernación insistió en que la policía local no participó de los hechos, pero no explicó cómo ingresaron los atacantes en la zona custodiada por el COER.

Este lunes por la tarde, el fiscal de la causa, Martín Lozada, arribó al predio con un cuerpo de Criminalística para hacer los peritajes por el homicidio. En diálogo con la comunidad originaria, Lozada pidió que los efectivos del COER de la policía rionegrina, que cumplían con la vigilancia del predio ocupado en Cuesta del Ternero, se desplazaran de la zona y fueran relevados por policías de calle. Horas después pudo ser retirado el cuerpo de Garay y la comunidad mapuche pudo despedir sus restos y de acuerdo a sus costumbres.

La solicitud de desmilitarización de la zona fue una de las condiciones exigidas por la comunidad mapuche. «Lo que estamos exigiendo es que se nos brinde ese derecho humano básico para despedir a nuestro peñi (hermano), que las comunidades podamos acceder al lugar, que se desmilitarice, porque ellos pusieron este retén de seguridad con el COER y este es el resultado», expresó Mauro Millán, vocero de la comunidad.

Luis Pilquiman, vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, contó que la Policía viene custodiando el territorio hace 50 días y de esa forma impedía el paso de personas, alimentos o ropas a la comunidad mapuche que quedó adentro, reclamando parte del territorio ancestral». «El ingreso y el tránsito de personas estaba controlado por efectivos policiales», explicó Pilquiman.

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Por eso, Pilquiman atribuyó «a la policía de Río Negro» que custodiaba el paraje Cuesta del Ternero la responsabilidad por el hecho en el que resultó muerto Garay y otro joven mapuche fue herido. «Nosotros responsabilizamos a la provincia desde lo político, por haber aislado a la gente, y por no haberse dispuesto al diálogo para resolver la situación», señaló.

Todavía no hay precisiones sobre cómo sucedieron los hechos, pero según los primeros testimonios se supo que aparecieron en el predio dos hombres con armas largas, con rifles, que aparentemente estaban cazando, y dispararon sobre Garay y Cabrera. Nelson Ávalos, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Noroeste de Chubut, y a cargo de la Secretaría de los Pueblos Originarios, señaló que «lo extraño de esto es cómo hicieron para entrar, pues no dejan entrar a otras personas que no sean habitantes de Cuesta del Ternero».

«El COER no dejaba pasar a nadie que no fuera habitante del lugar. Por eso se torna más extraño. Si fueran policías, lo hicieron sin orden y sin justificación», amplió Ávalos.

Repudios

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) expresó su «más enfático repudio al homicidio» de Garay y exigió conocer la identidad de los responsables. En un comunicado, la APDH responsabilizó a la gobernadora Arabela Carreras «por el clima que fue instalándose para el ejercicio de la violencia, con su reconocida beligerancia antimapuche y posicionamientos racistas».

En el mismo sentido, el premio Nobel de la Paz y titular del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Adolfo Pérez Esquivel, rechazó la «represión contra el pueblo mapuche», condenó la muerte del joven y también apuntó a la mandataria rionegrina, quien, según dijo, «se niega a dialogar y su opción es la represión».

«Denunciamos la violencia de la policía de Río Negro y las permanentes amenazas contra la comunidad mapuche», remarcó Pérez Esquivel  y enfatizó que el Serpaj, la APDH, pero también la Universidad del Comahue, el obispo de Bariloche y representantes de iglesias evangélicas vienen reclamando «la pronta solución al conflicto en la región Patagonia antes que sea tarde y aumente la violencia».

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La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma de Río Negro también se sumó a los repudios y en un comunicado exigió al gobierno de la provincia que «brinde en forma urgente información oficial» sobre la muerte y «las circunstancias en que fue herido a tiros con munición de plomo otro miembro de la comunidad».

Desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), Valeria Mustoni juzgó que «las comunidades mapuches vienen denunciando el hostigamiento permanente por parte de las fuerzas de seguridad represivas desde hace meses».
«Hace tiempo que las fuerzas de seguridad están intentando desalojar esos territorios de diversas maneras. Lo que pasó fue un ataque a la comunidad que tiene que ver con ese operativo. Que actúen vestido de civil no es ningún elemento para deducir que no se trata de la policía«, apuntó.

La gobernación

El gobierno de Río Negro aseguró que la Policía provincial «no realizó ningún tipo de intervención» en los hechos en Cuesta del Ternero. Además, la administración que encabeza Arabela Carreras ratificó que trabaja en forma «permanente» para garantizar a las comunidades mapuches «encuadramientos de institucionalidad y legalidad».

Respecto de la investigación del asesinato del joven mapuche, Elías Garay, el secretario de Derechos Humanos de Río Negro, Duilio Minieri, remarcó que los jefes policiales negaron algún tipo de operativo en la zona, lo que luego fue confirmado por el Ministerio Público Fiscal. «La Policía ordenó no intervenir para evitar modificar el escenario y garantizar la transparencia de la investigación de lo ocurrido», señaló.

«Demás está decir que esto no se trata de una cuestión habitacional, sino de una lucha por la recuperación de territorio, como lo informa la comunidad Quemquemtreu», advirtió el secretario rionegrino de Derechos Humanos.

En ese sentido afirmó que «en Río Negro hay más de 120 comunidades originarias reconocidas y otras tantas en ese proceso», además de una Ley de Educación, que reconoce la Educación Intercultural Bilingüe y encuadra a «una decena de establecimientos con esta modalidad».

«Desde el Gobierno provincial buscamos que la participación siempre sea respetando estos encuadramientos de institucionalidad y legalidad», subrayó.

 


Fuente: Página|12

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