El congreso y la incógnita de una nueva reforma constitucional

Cuenta en su haber con la recuperación del Estado como herramienta de transformación activa en la vida del pueblo, recuperando y garantizando derechos, incluso a minorías históricamente relegadas. Poco a poco se fue dibujando el rostro del modelo político, social y económico, y le otorgaron un entramado legal que lo sostiene. A cambio de todo ello, recibe y mantiene un fuerte respaldo popular. Sin embargo, por estos días, entre los hombres y mujeres que conforman los bloques de diputados y senadores del FPV, hay un tema que ronda sus cabezas: el futuro del modelo, íntimamente atado al devenir del Frente para la Victoria, que se expresa a través de una incógnita que no es otra que la conveniencia o no de una reforma constitucional.

Ante lo realizado es lógico ver los cambios que vive la sociedad argentina y por ellos es preciso resguardarlos. Nadie cambia para que luego retroceder. Al menos sanamente. Entre los legisladores del FPV el debate se desarrolla en cómo garantizar la continuidad y permanencia en el tiempo del modelo. No hay discusión en cuanto a conducción. Para todos es Cristina Kirchner. El punto es cómo se construye esa continuidad. Un camino, que se realiza todavía, es la sanción de leyes pero por más cantidad que haya y calidad que tengan, nada garantiza la permanencia en el tiempo.

Si bien los legisladores del FPV e incluso los aliados que están cada vez más incluidos en el marco de la consigna »Unidos y Organizados», sostienen que el futuro es un tema que no se debe descuidar. Allí es donde aparece la reforma de la Carta Magna. Saben que tampoco funcionará como garantía de inviolabilidad del modelo, pero resulta un nudo mucho más complicado de desatar y un marco teórico y legal que delimita el rumbo del país.

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El kirchnerismo legislativo entiende y afirma que el proceso que vive la Argentina ha superado con creces lo que dice y expresa la actual Carta Magna. Hay un cambio de paradigma que no se expresa en la reformada de 1994 y mucho menos en la primigenia de 1853. Incluso algunos consideran que la de 1949, derogada por la Revolución Libertadora, se acerca pero no lo suficiente al paradigma que hoy se construye en el país, y por ello, concluyen una vez más, es que es preciso reformar la actual Constitución.

Ahora bien, para llegar a la definición de reformar o no la Carta Magna antes hay varios requisitos que cumplir o superar. Por un lado está la unificación del Código Civil y Comercial que comienza de manera concreta esta semana. La propia presidenta dijo que, a diferencia que lo que ocurrió con el de Vélez Sarsfield, no se votará a libro cerrado. Es por ello que es posible esperar modificaciones al texto original y hay advertencias que ya se escuchan sobre resabios neoliberales en algunos de los capítulos del voluminoso proyecto.

Seguramente habrá presiones corporativas. Las hay cada vez que un proyecto se somete a consideración. Esas corporaciones suelen ser muy celosas a la hora de defender sus privilegios. El debate del Código no es la excepción, aunque hay elementos que juegan en contra de los grupos de interés. Muchos de los temas que son repudiables para estos grupos, muchos de ellos religiosos, ya son ley, como sucede con el matrimonio igualitario, muerte digna o identidad de género. De esta forma se les debilita la posibilidad de injerencia en el debate que comienza.

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La sanción de este Código unificado, prevista para noviembre, es un ítem importante en el camino a una reforma constitucional. Otro, no menos importante y notablemente estratégico, es la elección parlamentaria de 2013. Suena a mucha anticipación el pensar lo que pueda suceder dentro de un año. Pero el desarrollo de un modelo político exige la planificación para cumplir con los objetivos.

Esos comicios pueden resolver muchas incógnitas que hoy carecen de resolución. Por caso, si tendrá el FPV la cantidad de bancas suficientes para votar la necesidad de una reforma constitucional.

También si esa posible reforma incluirá una cláusula de reelección indefinida o, como algunos kirchneristas consideran, la presidenta comenzará a definir la sucesión que, para muchos de los legisladores del FPV y sus aliados, no puede ni debe incluir a Daniel Scioli.

Pero esta semana, el Senado en su conjunto otorgará el acuerdo para que Alejandra Gils Carbó sea la nueva procuradora general de la Nación. Un día después, los senadores del FPV votarán la media sanción a la norma que declara de utilidad pública a la ex Ciccone. Mientras todo esto sucede, la oposición permanece concentrada en ser solidaria con evasores, periodistas que cobran para escribir a favor de empresas e ignorar, una vez más y peligrosamente, la aparición de amenazas como las que recibió en esta oportunidad el vicegobernador Gabriel Mariotto.

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