Cornejo le pidió al gobernador la creación de la Empresa Provincial de Petróleo

 

 

El presidente de la UCR provincial e intendente de Godoy Cruz, Alfredo Cornejo, le pidió al gobernador la creación de la empresa provincia de petróleo. Lo hizo por medio de un comunicado que difundió anoche, a pocas horas de la reunión que comenzará a las 8.30 de hoy entre Francisco Pérez y jefes comunales de la oposición, entre los que estaría presente.

 

Pero en su pedido no estuvo solo. Lo acompañó la senadora nacional Laura Montero, y también cargaron contra el ex mandatario Celso Jaque por la adjudicación de áreas petroleras en 2008.

 

Los documentos ya son una tradición entre radicales y el de anoche lleva el título »El Gobernador debe hacer efectivos los instrumentos de Gobierno sobre las Áreas Petroleras».

 

Este es el texto completo del escrito:

 

»El Gobierno, más que declaraciones estruendosas y puestas en escena, tiene que hacer regir las leyes sancionadas y los instrumentos de poder que el Ejecutivo tiene para revertir la caída de producción en Mendoza.

 

La Reforma Constitucional Nacional de 1994 y la Constitución Provincial diez años antes, han declarado fehacientemente que el dominio sobre los hidrocarburos pertenece a la Provincia. Esto lo entendieron claramente los gobiernos radicales en Mendoza, que en sus períodos de gestión trabajaron en generar instrumentos eficientes para hacer valer estos derechos.

 

Así fue que en 2005, luego de arduas acciones, se logró que el Congreso Nacional sancionara la ley Nº 26167, que declaró que los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en el territorio de la República Argentina y en su plataforma continental, pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado Nacional o de los Estados Provinciales, según el ámbito territorial en que se encuentren. Así, estableciendo que a partir de la promulgación de la ley, las provincias asumirían en forma plena el ejercicio del dominio originario y la administración sobre los yacimientos de hidrocarburos que se encontraren en sus respectivos territorios y en el lecho y subsuelo del mar territorial del que fueren ribereñas, quedando transferidos de pleno derecho todos los permisos de exploración y concesiones de explotación de hidrocarburos, así como cualquier otro tipo de contrato de exploración y explotación de hidrocarburos otorgado o aprobado por el Estado Nacional.

 

En consonancia con ese enorme logro para las provincias petroleras, Mendoza no sólo consolidó su liderazgo en la OFEPHI (órgano nacional que nuclea a las provincias productoras de petróleo), ejerciendo la presidencia de la misma, sino que se abocó inmediatamente a ejercer los derechos que posee sobre sus recursos hidrocarburíferos, creando una Subsecretaría de Hidrocarburos y una Dirección de Petróleo, sancionando una Ley Provincial, estableciendo las pautas para efectuar la adjudicación de áreas petroleras, e impulsando en la Legislatura la creación de una Empresa Provincial de Petróleo con participación estatal y privada.

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En ese contexto, Mendoza abrió una de las primeras rondas licitatorias en el país para adjudicar trece áreas petroleras revertidas por la Nación, en el marco de la denominada »Ley corta» de hidrocarburos.

 

En ese proceso, a diferencia de lo que venía ocurriendo en el país, no se estableció el porcentaje de regalías que el adjudicatario iba a pagar a la provincia con un porcentaje fijo e inamovible (el que rondaba el 12%), sino que se estableció que un mayor porcentaje ofrecido era una de las variables de adjudicación, lo que le permitiría a la provincia obtener mayores regalías.

 

Aún cuando el llamado a licitación lo efectúo Julio Cobos, la adjudicación la hizo Celso Jaque, quien, a pesar de lo previsto en los pliegos y de los dictámenes técnicos y de la opinión previa del Asesor de Gobierno y del Fiscal de Estado, adjudicó áreas en contra de las limitaciones previstas por la Ley de Hidrocarburos, lo que contribuyó luego a que, en vez de iniciar los adjudicatarios sus proyectos exploratorios, omitieran hacerlo y descansaran en lo que podría considerarse una especulación inmobiliaria.

 

Así, la provincia en los últimos cuatro años no ha controlado debidamente la ejecución y cumplimiento de los contratos que adjudicó, y como consecuencia de ello en Mendoza no se ha extraído una gota de crudo de estas áreas.

 

A esta inacción e impericia de las autoridades provinciales, deben sumarse las decisiones del Gobierno Nacional que han perjudicado enormemente los intereses provinciales. Se trata de las retenciones sobre hidrocarburos fijadas por el Poder Ejecutivo Nacional, nacidas al amparo de la Ley de emergencia Nº 25561, y sobre todo de la resolución Nº 532/2004, sustituida luego por la N° 394/2007, que ha afectado el derecho de la provincia de Mendoza como productora de hidrocarburos a percibir las regalías sobre su recurso no renovable sin deducción alguna.

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A través de nuestros legisladores nacionales y de la presentación de leyes en el Congreso de la Nación, hemos sostenido reiteradamente que el Estado nacional compense con recursos exclusivamente nacionales las menores regalías percibidas desde la vigencia de la Resolución N° 532 del año 2004, en adelante. El Gobernador actual debería apoyar estas iniciativas haciendo efectivo este derecho y gestionando estos recursos que superan los U$S 2500 millones.

 

También hemos presentado, a través de nuestros legisladores nacionales y provinciales, Recursos de Amparo ante la Justicia, y solicitudes al Defensor del Pueblo de la Nación, con el objeto de enfrentar el desabastecimiento de combustibles, provocado por una errática política energética. Desabastecimiento que sigue siendo una constante en las estaciones de servicio de la provincia, afectando a la vida cotidiana y a la producción de nuestros cuatro oasis.

 

No se trata de exigir que la Provincia de Mendoza enfrente a la Nación, ya que los derechos que hemos enunciado han sido reconocidos por esta. Se trata de llevar adelante desde nuestra provincia y en el uso de su autonomía, una planificación estratégica que apunte a la mayor exploración y explotación de petróleo, con los debidos controles y sanciones, lo que redundará no solo en beneficio de la parte (»la Provincia») sino también del todo (»la Nación»), y de ninguna manera implica renunciar a la defensa de los intereses provinciales, sino todo lo contrario.

 

En este sentido, a nuestro juicio el Gobernador debería impulsar la sanción de la ley que crea la Empresa Provincial de Petróleo (que fue consensuada por la mayoría del arco político provincial), hacer cumplir las condiciones establecidas en los pliegos licitatorios respecto a las inversiones que deben hacer las empresas concesionarias, y reclamar a Nación la liquidación de las regalías petroleras a precio pleno, a fin de hacer valer nuestros derechos por medios efectivos y no solo declarativamente sin acciones conducentes.

 

El camino está planteado. Desde la Unión Cívica Radical de Mendoza, circunstancialmente en la oposición pero como siempre preocupados por el bienestar de los mendocinos, mostramos nuestro accionar histórico, y pedimos una línea de acción clara en este sentido».

Sitio Andino

 

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