CITAN A DECLARAR A MILITAR POR INTIMIDACIÓN PÚBLICA E INCITACIÓN A LA VIOLENCIA

Un militar retirado que vive en Rosario fue indagado por la Justicia en el marco de una causa en la que está imputado por los delitos de intimidación pública e incitación a la violencia, a raíz de un video, que se viralizó en las redes sociales, en el que llamaba a incumplir el aislamiento obligatorio e insultaba al presidente Alberto Fernpandez.

Se trata del teniente coronel Alberto Aquilino Ortega, que fue denunciado por el Ejército Argentino ante el Fiscal general de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Claudio Marcelo Palacin, y el fiscal federal Nº 2 de Rosario, Claudio Kishimoto, a raíz de sus dichos públicos.

Ortega fue convocado por el Juzgado Federal Nº3 de esa jurisdicción a prestar declaración indagatoria, pero en la instancia judicial se negó a declarar.

En el video difundido por el Teniente Coronel Ortega, quien se identificó durante la grabación con su nombre, apellido y DNI, dijo refiriéndose al presidente que es un «inútil» y «miserable».

El Teniente Coronel Ortega exhortó a sus camaradas a «salir» e «incitar a la población» a liberarse de un supuesto régimen “estatista, totalitario, comunista, maoista, subversivo, hijo de re mil puta”, que tiene “esclavizado” al pueblo argentino.

A raíz sus dichos, Ortega quedó imputado porque -según lo argumentado por los fiscales- «no se puede soslayar que los delitos que se estiman cometidos, deben ser valorados en el marco de la situación de emergencia sanitaria que vive el país y el mundo, en un escenario en el cual las autoridades competentes están adoptando todas las medidas necesarias para impedir la propagación del virus».

Palacin y Kishimoto plantean que, «al ser un miembro de las Fuerzas Armadas, Ortega pretendió formalizar un movimiento organizado de personas que disponen de armas, para alcanzar algunos de los graves objetivos que el tipo penal agrupa como elementos subjetivos de la figura».

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La conducta de Ortega -sobre cuya situación procesal se tendrá que pronunciar el juez, tras la indagatoria- podría encuadrarse en el artículo 212 del Código Penal porque «con sus expresiones, clara y públicamente, ha incitado a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, lo que se castiga por la sola incitación».

Ortega llama a gritos a sus “camaradas” a levantarse en armas. En el mensaje, que envió por whatsapp y tuvo amplia difusión, aclara que no reivindica la dictadura pero acusa de “subversivos” a los funcionarios votados por el pueblo. Finalmente le exige al presidente “que se ponga al mando” de la pandemia y la comande “a nivel nacional, internacional y mundial”.

El militar retirado ya había sido denunciado por el Ejército Argentino y este lunes la Justicia federal de Rosario le imputó media docena de delitos, aunque se fue en libertad luego de abstenerse de declarar.

La denuncia contra Ortega, quien se domicilia en Rosario, provincia de Santa Fé, la radicó el Director General de Asuntos Jurídicos del Ejército Argentino tras conocer el contenido y la difusión del video que comenzó a circular el 1° de abril pasado.

La denuncia fue tomada por el fiscal general de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Claudio Palacin, y el fiscal federal Nº 2, Claudio Kishimoto, quienes presentaron la acusación contra Ortega por diversos delitos de acción pública.

Ortega acudió a la citación acompañado de un abogado y escuchó los detalles de la imputación y los posibles delitos cometidos en sus comunicaciones públicas. Luego de escuchar se abstuvo de declarar, que es un derecho de todos los imputados. Nadie está obligado a declarar en su contra.

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Independientemente de la responsabilidad disciplinaria en la que habría incurrido Ortega, los delitos que se estiman cometidos deben ser valorados en el marco de la situación de emergencia sanitaria que vive el país y el mundo, en un escenario en el cual las autoridades competentes están adoptando todas las medidas necesarias para impedir la propagación del virus.

Al ser un miembro de las Fuerzas Armadas Ortega pretendió formalizar un movimiento organizado de personas que disponen de armas, para alcanzar algunos de los graves objetivos que el tipo penal indica contrarios a la Constitución y al estado de derecho.

La población debe acatar las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional –en cumplimiento de Constitución Nacional–, en consonancia con todas las provincias y los municipios de la Argentina, en pos del bien común, constituido fundamentalmente en esta hora por la preservación de la salud y de la vida de todos los habitantes por lo que las acciones públicas de Ortega están contenidas en los artículos 211 y 212 del Código Penal.

Intimidación pública, promover tumultos o desórdenes y promover clara y públicamente, a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones es lo que tienen que investigar los jueces penales de primera instancia.

Fuentes: Télam. APU, Ciudadanoweb, MO.

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