Basta del IVA para todos

Dejando de lado que omite la causa del reajuste, Cristina lo justificó con dos argumentos. Con criterio de justicia social dijo que la medida apunta a »sostener a los sectores de mayor vulnerabilidad en momentos de crisis financiera global». Y desde una lógica de conveniencia macroeconómica explicó que cada peso que el Estado destina al decil más pobre tiene un efecto multiplicador sobre el nivel de actividad significativamente mayor a que si lo asignara a la franja de mayores ingresos (3,68 vs. 2,38 veces), por la sencilla razón de que las familias de menores recursos destinan todo el dinero al consumo, mientras las más ricas ahorran una parte, y lo que consumen tiene un mayor contenido importado.

Fue una explicación impecable para una medida que implica una transferencia adicional de 5.200 millones de pesos anuales, elevando el total de las asignaciones (no sólo la AUH) a casi 30.000 millones de pesos.

Ahora bien, si el Gobierno verdaderamente quisiera profundizar lo que en su momento la Presidenta presentaba como »un modelo de crecimiento con inclusión social» (le agregaba »de matriz productiva diversificada», pero eso da para otra controversia que ya se trató acá http://veintitres.infonews.com/nota-5119-economia-La-Argentina-K-es-mas-industrial.html), podría, de una vez por todas, modificar la estructura tributaria para complementar los efectos redistributivos de la asistencia social y del aumento del empleo y del salario real derivados del crecimiento económico. Y en ese sentido, el esquema de la AUH le brinda al Estado una plataforma muy adecuada para aplicar una medida de real sintonía fina como sería desgravar parcial o totalmente a los más pobres del pago de IVA.

La idea ha sido impulsada recientemente por más de un economista afín al oficialismo. Alberto Iñíguez, miembro de la Asociación de Economía para el Desarrollo de la Argentina (AEDA), recomienda »reducir la carga del IVA mediante su devolución focalizada en los estratos de menores ingresos de la población», y lo plantea como una »medida de política y administración tributaria y también como política social de transferencia monetaria a una población objetivo».

El trabajo de Iñíguez se titula »IVA progresivo, ¿la más maravillosa música?», y fue publicado por Voces en el Fénix. En concreto, propone:

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1. Aumentar de 5 a 10,5 puntos porcentuales la devolución del IVA a las compras con tarjeta de débito para una lista de bienes de primera necesidad.

2. Bajar del 21 al 10,5 por ciento la alícuota para los alimentos y útiles escolares sobre los que recae la tasa general del 21 por ciento.

3. Algunos del los bienes y servicios que hoy están exentos pasarían a estar gravados con la alícuota reducida de 10,5 por ciento, tales como la leche, los medicamentos, la educación privada, los libros, entre otros.

4. Establecer un tope máximo de devolución por persona para evitar el uso múltiple de la tarjeta.
De esa manera, la población que se busca beneficiar quedaría liberada del IVA para su consumo básico, y el resto dejaría de recibir parte de las devoluciones.

Bajar o eliminar el IVA mediante el mecanismo de devolución a las compras con tarjeta no sólo permite focalizar el beneficio. También asegura la efectividad de la medida, a diferencia de hacerlo a través de una reducción de alícuota que no necesariamente se va a traducir en una disminución del precio.

Asumiendo el costo fiscal, la reforma tendría los mismos efectos que Cristina describió al anunciar el aumento de la AUH. Si en cambio no se quisiera resignar recaudación, Iñíguez propone compensar la pérdida con aumentos de impuestos internos a consumos superfluos.

El mismo abordaje tiene el trabajo titulado »Hacia un IVA más progresivo en la Argentina» que Martín Abeles (ex viceministro de Economía del kirchnerismo y actual investigador de la CEPAL), Juan Balasini y Damián Panigo (funcionarios del Ministerio de Economía) presentaron a comienzos de año en un seminario en Santiago de Chile. Sostienen que gracias a la elevada cobertura del sistema de protección social y al probado funcionamiento de un régimen de devolución de IVA a las compras con tarjeta de débito, es factible poner en marcha un programa que articule ambos elementos, reintegrando todo el impuesto hasta un determinado límite de devolución a los perceptores de la AUH y a los jubilados con haber mínimo.

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Abeles, Balasini y Panigo también desaconsejan reducir el IVA en forma generalizada. Señalan que el 60 por ciento del IVA lo pagan el 30 por ciento de las familias de mayores ingresos, por lo cual una rebaja global de la alícuota no se justifica con criterios de equidad, y además implicaría un costo fiscal innecesario.

Según estiman, el costo fiscal de la propuesta –considerando un tope de 100 pesos mensuales de devolución para los beneficiarios de la AUH y los jubilados que cobran la mínima– sería de unos 4.000 millones de pesos.

Además de mejorar la distribución del ingreso, la medida serviría para incentivar la bancarización y dotaría a la política económica de una nueva herramienta: por ejemplo, el Gobierno podría modificar el tope de las devoluciones en función de necesidades coyunturales.

Los autores dejan para una eventual segunda etapa la generalización de la base imponible, es decir, la eliminación de las exenciones de IVA vigentes para ciertos productos y servicios. Es una alternativa que adquiere alguna razonabilidad ya que a los sectores de menores ingresos se les reembolsaría el impuesto.

Al respecto, impresiona la magnitud en que esas exenciones favorecen a las franjas de mayores ingresos: Abeles, Balasini y Panigo calcularon (con datos del 2010) que la exención del IVA a la leche implicó que los tres deciles más acomodados se ahorraron 760 millones de pesos de impuesto, equivalentes a un 37 por ciento de todo el costo de la desgravación; ese mismo 30 por ciento superior de la pirámide social dejó de pagar 7.300 millones de pesos por la exención a la salud (64 por ciento del total), y 3.900 millones por las exenciones en pan, frutas y verduras (40 por ciento del total).

Para finalizar, dado que Cristina actualizó la AUH como manera de »sostener a los sectores de mayor vulnerabilidad», sería lógico que, si la inflación no baja de los niveles actuales, los beneficiarios no tengan que esperar un año hasta el próximo reajuste.

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