Arslanian: »A los narcos debemos ‘robarles’ los pibes»

Abogado, especialista en Derecho Penal, León Arslanian vivió de cerca los procesos de democratización que –no exentos de conflictos y retrocesos– intentaron extender los límites de la democracia desde aquel 10 de diciembre de 1983.

»Yo soy protagonista de esa historia», comenta con una mueca algo hosca, pero sin vanidad. Fue uno de los camaristas que juzgó a los comandantes de la Junta Militar. »El juzgamiento fue el gran reaseguro de la consolidación democrática en la Argentina», subraya apenas comienza la entrevista.

Miembro de la Cámara Federal, desde su condición de magistrado del juicio más trascendente de la recuperación democrática, Arslanian fue testigo privilegiado de »la coacción y las amenazas» de sectores de las Fuerzas Armadas que llevaron a Raúl Alfonsín a ponerle un límite a la acción judicial contra los partícipes del Terrorismo de Estado.

Cuando se le pregunta por la sanción de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, el jurista –que nunca ocultó su condición de peronista– se muestra comprensivo con el fallecido ex presidente. »Lo reivindica la historia», dice. En su repaso de la campaña presidencial de 1983, Arslanian destaca la »valentía» con que el entonces candidato radical prometió juzgar a los represores, una postura opuesta a la del candidato peronista, Ítalo Luder.

En su revisión crítica de las tres décadas de democracia, el ex juez –fue ministro de Justicia de Carlos Menem entre 1991-1992– se detiene en el menemismo para mencionar un logro del riojano: la neutralización del llamado Partido Militar, a partir la reducción de los presupuestos de las fuerzas y la eliminación del servicio militar obligatorio. Claro que la jerarquía castrense logró algo a cambio de todo eso: los indultos para los genocidas condenados o procesados: »Él (por Menem), astutamente, logró neutralizar la ofensividad de las Fuerzas Armadas.»

–¿El juicio a las Juntas fue nuestro Tribunal de Nüremberg, más allá de que acá no hubo pena capital?

–No tuvo nada que ver. Si hay algo que diferencia y jerarquiza al juicio a las Juntas es el haber aplicado y respetado el Derecho Penal vigente en la época en que se cometieron los hechos. Y todos los principios y garantías propias del Derecho Penal de un Estado democrático. No se juzgó a los ex comandantes desde un Tribunal ad hoc, sino con uno constituido, predispuesto, correspondiente a la institución del Poder Judicial, la Cámara Federal, y se respetó toda la ortodoxia y las reglas propias de cualquier tipo de proceso. No hubo una sola objeción. Y resistió el paso del tiempo: no ha sido objeto de discusiones jurídicas ni políticas.

–Uno de los juzgados fue Videla: terminó sus días, preso en cárcel común, en Marcos Paz.

–Murió purgando la pena. Un final esperado. El cumplimiento en condiciones institucionales, normales, sin privilegio, de su pena por los delitos de lesa humanidad tiene un sentido extraordinariamente aleccionador para la reconstrucción de la democracia. El juzgamiento fue el gran reaseguro de la consolidación democrática en la Argentina.

–Ya en los últimos años se habla de »dictadura cívico-militar».

–Ante la imposibilidad de tomar el poder por medios democráticos, por falta de organización, consenso político y posibilidad de reunir mayorías, los sectores privilegiados usaron la fuerza militar. Todos los golpes que se produjeron en la Argentina tuvieron el mismo origen y fueron promovidos por los mismos sectores. La expresión »golpe cívico-militar», entonces, es claramente aceptable.

–¿Hasta qué punto la bandera de juzgar a la cúpula militar, uno de los gestos de valentía de Alfonsín, quedó manchada con la Obediencia Debida y el Punto Final?

–No creo. Fue un costo político importante, pero también acepto las explicaciones acerca de las circunstancias que lo llevan a esa decisión. Fue una situación de coacción y de amenaza que pendía sobre su gobierno de golpe, de destitución y de nuevamente corrimiento de sangre. Evaluó como el mal menos grave ceder a esa presión. Le cuesta políticamente. Pero a Alfonsín lo reivindica la historia.

–De hecho, en la campaña, Ítalo Luder había dicho que no iba a modificar la ley de autoamnistía.

–Dijo abiertamente que la aceptaba y que el peronismo no iba a promover ninguna persecución judicial de los crímenes cometidos por la dictadura. Frente a eso estaba la posición más valiente de Alfonsín. Al principio, lo cierto es que había un fuerte descreimiento respecto del anuncio que había hecho Alfonsín y de que el juicio fuera realmente en serio. Es muy importante la reforma que recibe el proyecto de ley que manda Alfonsín al Congreso, en el sentido de que si el tribunal castrense era reticente, omiso, o mostraba falta de disposición, estaba la posibilidad de que el tribunal civil, que actuaba como órgano de apelación, pidiese el expediente y llevara adelante el juicio. Eso hicimos. Sentíamos esa soledad. La cosa cambia al desfilar los testigos y a aparecer el drama en escena.

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–En los ’90, tras el alzamiento de Seineldín, las Fuerzas Armadas fueron subordinadas al poder político. ¿Lo hizo Menem ex profeso?

–Fue un plan astuto elaborado por él. Para contentar a las Fuerzas Armadas, dictó los indultos a los condenados pero también a los procesados. La Constitución habla de indultos a los condenados pero no a los procesados.

–Muchos peronistas rompieron su carnet de afiliado ese día.

–Seguramente. Tuvo una repercusión pésima, fundamentalmente para la resistencia peronista, para miles que habían luchado en pos de la reinstauración de la democracia. Pero al mismo tiempo, (Menem) tuvo la habilidad de ir restándole todo poder ofensivo a los militares, reduciendo drásticamente sus presupuestos, suprimiendo el servicio militar obligatorio y una serie de medidas.

–Otra de las amenazas en los esos años de democracia vino de la Bonaerense. Usted tuvo responsabilidad en la conducción de la fuerza.

–Durante la dictadura, preservó su autonomía de funcionamiento, sus planes de represión y encontró líderes policiales adecuados, que ideológicamente tenían compromisos absolutos, como Camps. Terminó por envilecer una fuerza que ya venía deteriorada por las históricas concesiones otorgadas por la dirigencia, para que los policías explotaran el juego y la prostitución. Con los gobiernos democráticos, la Bonaerense siguió actuando igual: autogobernada. Una fuerza de más de 50 mil efectivos, con un modelo de organización vertical. Está diseñada mucho más en la defensa del orden público que en la de la protección de las seguridades y libertades. Protagoniza, entre otras cosas, el crimen de Cabezas, más la infinidad de hechos de tortura, fusilamiento, ratoneras… Se tienden trampas para que delincuentes mandados vayan a delinquir y después se los abate. El ejemplo típico es el asalto del banco de Ramallo. Todo esto estalla durante la gobernación de Duhalde, cuando se verifica la intervención de policías en el crimen de Cabezas. Allí es donde Duhalde se da cuenta de que tiene una fuerza, comandada por (Pedro) Klodczyc, que no puede gobernar. Soy convocado para un proceso de intervención y reforma profunda: se frustran con la elección de (Carlos) Ruckauf, con un discurso que chocaba con el nuestro. Nuestro plan de reformas lo retoma Solá con intensidad y vigor, aprovechado por el propio Kirchner, en 2004 hasta el final de la gestión de Solá. Se hace una purga muy profunda y que significó una reforma de la organización. Pero luego de que nos fuimos, en diciembre de 2007, se le devolvió el poder de autogobierno a la policía.

–La democracia argentina tiene sus deudas: los desaparecidos Miguel Bru, Luciano Arruga, Jorge Julio López…

–Expresan la subsistencia de la violencia institucional ejercida por las fuerzas policiales. Es un tema que no hemos logrado erradicar, pese a todos los esfuerzos y buenas intenciones que hay en distintos lugares.

–Sobre López, Solá dijo: »Protegíamos a los jueces, como Rozanski, que estaba llevando adelante la causa en la que estaba imputado Etchecolatz y su grupo, y no pensamos que los que podían sufrir represalias o problemas de seguridad podían ser los testigos.» No existía un programa de protección de testigos. ¿Fue una falla?

–Sí (dice con vehemencia). Quiero ensayar una disculpa o una excusa. Eran testigos que declaraban en causas federales. Luego, la protección debía ser presentada, y en todo caso el programa debía ser federal. La protección debía ser, fundamental y primaria, provista por fuerzas federales. Producido el hecho, pusimos en marcha un sistema de alerta, de pánico, y un monitoreo de desplazamiento de la persona a partir de un chip. Pensamos ingenuamente, tal vez, en que la acechanza estaba desarticulada totalmente. Un error. El caso de López fue paradigmático de un revival de los peores procedimientos de las patotas de la Bonaerense.

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–¿Qué pasó con López?

–Lo secuestraron, lo mataron, lo hicieron desaparecer. Lo habrán tirado a una calera, quemado su cuerpo. Elementos ligados a Camps y más que nada a Etchecolatz.

–Se discutió bastante sobre el impulso que dio el kirchnerismo a las políticas de Derechos Humanos…

–Levantó con mucha vocación las banderas y las causas de los Derechos Humanos y removió obstáculos como para que los juicios siguieran: la nulidad de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final podrá objetarse como no necesaria pero implicaba un mensaje, un signo de voluntad política importante. El apoyo a las organizaciones no gubernamentales –Madres, Abuelas–, y toda su construcción en defensa de los Derechos Humanos, representó un cambio sustancial respecto del statu quo. Un impulso efectivo que continúa.

–Se ha dicho que la historia argentina es pendular. En la justicia, ¿qué ocurría si llegara a gobernar la centroderecha?

–Hacia el año que viene deberían estar terminados todos los juicios (de lesa humanidad) que están llevándose adelante. Pasó tiempo más que suficiente. Sería deseable que lo hiciesen dentro del período constitucional de Cristina. A partir de ahí, el próximo gobierno va a encontrarse con sentencias pasadas, en autoridad de cosa juzgada. En cambio, ante un escenario diferente, tengo mis serias dudas de que las políticas de Derechos Humanos sean sostenidas con el mismo grado de entusiasmo.

–¿Se perdió una buena oportunidad para democratizar la justicia, con el debate subordinado al enfrentamiento kirchnerismo-antikirchnerismo?

–La justicia necesita leyes que reformen su funcionamiento. Hay que generar un modelo de actuación judicial diferente. Este gobierno gestó un proyecto muy bueno de Código Procesal Penal. También una muy buena propuesta de reforma del Código Civil, todavía en discusión. Y conformó una comisión de reforma del Código Penal, que integro. Se necesita llevar adelante leyes que faciliten el acceso a la justicia.

–En Santa Fe dispararon ráfagas de ametralladora a la casa del gobernador Bonfatti. ¿El narcotráfico está remplazando al Estado en algunos territorios?

–El fenómeno empieza a ser preocupación seria a fines de diciembre de 2007 y comienzos de 2008: aparecen losprimeros laboratorios de drogas sintéticas no vernáculos. Eran emprendimientos generados por mexicanos que huían de su país, organizados en torno a las drogas sintéticas…

–¿Argentina es líder regional en precursores químicos?

–Pero por la posibilidad de obtener más fácilmente efedrina que en México. Después se incrementó el consumo interno de cocaína. Como en Colombia es exitosa la acción contra los cárteles, los narcos empiezan a instalarse acá, y a operar como centro de distribución. Y empiezan los graves problemas de disputa de territorio. El epicentro está en Rosario, un punto estratégico: es puerto, tiene el río, una ubicación muy central. Y el Gran Rosario: los cárteles de la droga se nutren de jóvenes desocupados, que trabajarán en la distribución o, incluso, en el sicariato. Hay trabajo para hacer. Y no es necesario recurrir a medidas fascistas: les tenemos que robar los chicos a los narcos; si no, se los apoderan ellos. «

Por qué León Arslanian

El Derecho, la jurisprudencia, las normas y leyes que rigen un país expresan la correlación de fuerzas entre los sectores sociales en un momento histórico. Los abogados, los jueces, parten de esas condicionalidades: están llamados a aplicar las leyes, a velar por los derechos, a proteger garantías. A Arslanian su formación de abogado, su trayectoria de jurista especializado en Derecho Penal, lo puso delante de la historia. Integró la Cámara Federal que juzgó a las Juntas, fue convocado de urgencia para reformar a la Maldita Policía desatada, que hacía tambalear gobiernos. La historia, sin embargo, le tenía reservado un drama: con la Bonaerense bajo su mando, durante la gobernación de Felipe Solá, desapareció Jorge Julio López.

El juicio

»Claramente el juicio. En particular, como imagen, como fotografía, la de los ex miembros de la Junta Militar en el momento en que estaban siendo juzgados y a la orden del secretario del Tribunal, »señores, de pie», se paraban para recibir el ingreso de los miembros del Tribunal a la sala. Para mí, esa fue una imagen muy, muy, muy fuerte. Sin desmedro de todas las demás.

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