Será justicia

 

Hablaron las víctimas del terrorismo de Estado, los que en más o en menos sintieron el rigor de la represión, los de la generación perseguida en los preliminares del golpe del ’76 pero también los que desde niños acarrean la “marca” de la dictadura militar. Todos instauraron el valor de la memoria relatada en el ancho presente; ese que arranca con los hechos desagradables y repugnantes convertidos cierto día en una noticia común.

 

Hacía falta un juicio como este, con todas las garantías para los acusados –seis ex militares y policías– no sólo en virtud de su valor histórico, para las futuras generaciones, sino principalmente por el sentido social que sólo da el ponerle fin al goce de la impunidad.

 

La crónica que arroja el juicio es tan larga como la historia de los últimos 30 años. A veces escucharla golpea hasta la médula. A quienes les corresponde alegar –los abogados querellantes del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos (MEDH), de la fiscalía y representantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación– también sienten el cimbronazo de la emoción, pese a que toda la energía está puesta en la definición de los conceptos y en la explicación de los fines y situación en la que nos encontrábamos cuando los torturadores, asesinos y delatores comenzaron a actuar de acuerdo con un plan criminal orquestado en todo el país.

 

La ejecución de ese plan –ahora sabemos– tuvo dos caras: de un lado la sistematicidad, y del otro, la clandestinidad, para ocultar el rastro de los delitos que se cometían en masa. Este último rasgo es lo que más dificulta hoy la reconstrucción del epicentro de los delitos de asociación ilícita y homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.

 

Una idea a la que le llegó la hora. “No hay nada más poderoso que a una idea a la que le ha llegado la hora, y a la impunidad le ha llegado la hora”, sentenció el fiscal Dante Vega, evocando la frase de Víctor Hugo. Vega se detuvo en la consideración de las etapas de la represión y refirió que a principios de 1976 había un “terrorismo de calle” que luego mutará a un “terrorismo ideológico”. Explicó que el primero partía de dos grupos organizados desde la jefatura de la policía, a cargo del vicecomodoro Julio César Santuccione, al cual se le sumaron, progresivamente, el Departamento de Informaciones D2, la Policía Federal y el Ejército Argentino, con la anuencia de la Justicia Federal, quienes “usaron la ley como excusa para la represión”. Hay continuidad entre uno y otro pero también una ruptura importante en cuanto al plan sistemático de eliminación de personas cuyo protagonista principal pasó a ser el Ejército Argentino durante el período 1976-1977. Si bien se sabe que el brazo aeronáutico fue el responsable de Mendoza, los nombres de esta fuerza y la forma en que se involucraron constituyen una de las zonas más oscuras de toda esta historia. De hecho, el último centro clandestino de detención en ser detectado es Campo Las Lajas, una dependencia de la Aeronáutica que el MEDH considera que funcionó como un lugar de enterramiento. En su interior fueron vistos por última vez prisioneros luego desaparecidos como el profesor y ex rector de la Universidad de San Luis, Mauricio Amílcar López.

 

Durante su alegato, Pablo Salinas señaló a Furió, Migno, Smaha, Rodríguez, Oyarzábal y Lucero y dijo que todos los acusados formaron parte voluntariamente de la estructura organizativa que llevó a cabo la comisión de cada uno de los delitos que constan en la prueba documental, testimonial, así como en las propias indagatorias a ex agentes del D2 que fueron propuestos por la defensa. Salinas explicó que si bien el Ejército Argentino se consideraba un ejército en operaciones y en “guerra contra la subversión”, y por ende sus miembros sujetos a órdenes secretas, todos se hallaban ya entonces vinculados por las leyes y usos de la guerra y las Convenciones de Ginebra de 1949, las cuales habían sido ratificadas por el Estado argentino en septiembre de 1956. Según las obligaciones derivadas del art. 3 común de las Convenciones de Ginebra, se debe respetar un trato mínimo a los prisioneros de guerra y a la población civil, cosa que no hicieron y ni siquiera procuraron al menos como tendencia. Salinas explicó que se llegó a esta situación por la influencia de la transferencia de las experiencias de la escuela francesa y de la Escuela de las Américas en la diagramación del esquema utilizado en nuestro país y expuso que el “Plan de Represión Sistemática” consistió en el arreglo de un plan común y a gran escala de actos de tortura, detenciones arbitrarias, exterminio y desapariciones forzadas de personas.

 

Todos los querellantes y abogados de la fiscalía subrayaron el rol de la Justicia Federal en el éxito de lo planeado. También aquí se produce alguna dificultad para comprender cómo es que un Poder Judicial llega a intervenir no para evitar sino para permitir todo tipo de aberraciones jurídicas con visos de legalidad. Esta forma de complicidad con la represión nos retrotrae a comienzos de la década del ’70, cuando aparecieron los primeros “Consejos de Guerra” de tribunales militares contra civiles detenidos. Por ejemplo, durante el Mendozazo, en 1972, bajo el más riguroso de los secretos se llevaron a cabo juicios sumarios con sentencias dictadas en cuestión de horas, con el exclusivo fin de impedir que las personas detenidas pudiesen recurrir a un juez competente. Estas farsas de los Consejos de Guerra después se repetirán durante la dictadura militar; el fiscal se ocupó de citar a varios de sus miembros, como por el ejemplo quien era el auditor, el Dr. Arnaldo José Kletzl, quien llegó, en democracia, a juez de instrucción y a camarista; Federico Segura (presidente); Pedro Monjo (fiscal) y Amílcar Dib (secretario).

 

Para Dante Vega hubo una progresiva “degradación” de los procedimientos de detención desde septiembre de 1974 a 1976, período en el cual se destaca la actuación de Otilio Roque Romano, hasta hoy camarista federal en funciones pese a los graves cuestionamientos que se le han formulado. Vega señaló que el D2 pasó del fisgoneo a constituirse en una “banda de delincuentes” y el Poder Judicial acompañó con un “métanle nomás muchachos”, única manera de entender cómo es que en los sumarios varios desaparecidos aparecen mencionados como “prófugos”.

 

No está de más decir que la existencia de órdenes ilegales de detención eran algo público y notorio en la provincia; en los juzgados no reinaba la tranquilidad precisamente. Allí acudían los familiares para presentar hábeas corpus al solo efecto de tener alguna noticia sobre el paradero de sus seres queridos. En un momento determinado se precipitaron situaciones extremas; nadie investigaría aquellos hábeas corpus –única esperanza de los que aún no sospechaban de la magnitud del genocidio–. En breve, los mismos jueces se lamentarían de que los presos estuviesen aún con vida. Son los que ahora se muestran víctimas de algún complejo persecutorio de los familiares que no buscan la venganza, sino la justicia.

 

Otra modalidad digna de destacar fue la puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) de millares de personas, lo que implicaba que permanecerían presas sin causas ni pruebas condenatorias, estratagema que algunos han calificado de “kafkiana” y que fue utilizada para que los detenidos absueltos por los Consejos continuaran en la cárcel, a pesar de la orden de libertad.

 

Rastros que se dejan. La clandestinidad, ese costado oscuro de lo actuado, insumió varias horas en los cuadros del Ejército y de la policía subordinada, pese a que en su desfile por los tribunales se lo niegue diciendo que todos cumplían sus labores habituales en los cuarteles y en las oficinas. En la clandestinidad se inscriben las conductas que desmienten por completo la posibilidad de que se invoque la “obediencia debida” como argumento defensivo. Les aseguraron el “infierno” a los detenidos y fueron conscientes de ello. Si hacían faltar el agua, si ordenaban apilarse a unos encima de otros para formar una pirámide humana, si violaban, si traían niños en cautiverio o eran separados de sus padres, siempre lo hacían a sabiendas de a dónde llegarían: a la consiguiente tortura psicológica.

 

En un tramo de su alegato, el fiscal Dante Vega exploró algunos de los rasgos comprobados de esta “degeneración” en quienes no merecen ser llamados “personas”. Registró el amateurismo, advertido en un anecdotario múltiple, también el rasgo antisemita, arrojado casi como al pasar en el trato con el prisionero, obviamente el desquicio hecho “fama” de algunos de los jefes de la represión que ya fallecieron, como Pedro Dante Sánchez Camargo –jefe del D2– y Julio César Santuccione –jefe de Policía desde 1974, creador del comando Moralizador Pío XII y del Comando Anticomunista Mendoza (CAM)–. Observó que varios tenían en común haber sido designados con anterioridad al golpe militar y tomó el caso del general Jorge Alberto Maradona, jefe de la VIII Brigada de Infantería de Montaña hasta finales de 1977, momento en el que pasó a ser segundo comandante del Tercer Cuerpo de Ejército con asiento en Córdoba (o sea segundo de Luciano Benjamín Menéndez). Su rasgo autoritario fue hecho explícito por el mismo Tamer Yapur, el interventor militar de la provincia, en una declaración anterior a que se le desatara una demencia senil que lo dejaría fuera del juicio por “inimputable”.

 

Para Vega, este “dicho” no fue casual. Los máximos represores de la provincia se especializaron en mentir con cinismo hace 24 años ante una complaciente Justicia Federal, aunque hay que reconocer que algunos con verborragia deslizaron mucha información detallada sobre el control operacional del Ejército. Para el fiscal, frente a preguntas más puntuales sobre los hechos aberrantes, el vendado de los ojos de las víctimas, la utilización de autos truchos y otros recursos que garantizarían su impunidad, la respuesta fue la existencia de dos “loquitos”: Sánchez Camargo y Maradona. Evidentemente –señaló el fiscal– es imposible de creer que toda la represión en Mendoza haya sido obra de dos personas. Siendo esta la única respuesta –los demás imputados decidieron no hablar ni romper el pacto de silencio–, Vega cerró su alegato diciendo que “ante tanto dolor y muerte absurda, ante la desaparición forzada de personas cuyos restos todavía no se encuentran, estos militares eligen seguir con el cinismo, el disparate y siempre la insensibilidad frente a la búsqueda de los familiares. Conocen exactamente el alcance criminal de sus actos y saben que han traicionado y degradado a su arma al punto de transformarla en una banda de criminales, y aún hoy no pueden levantar ese reproche que le hizo don Ángel Bustelo al teniente Migno: este no puede ser el ejército de San Martín, este no puede ser el ejército de la Patria”.

 

Piezas clave. El aparato represivo estatal requirió de la estructura y funcionamiento de centros clandestinos de detención. El mayor CCD de la provincia fue el D2, con sus satélites funcionando como centros clandestinos de detención esporádicos o cabales. Uno de ellos fue la Comisaría 27 en Villa Hipódromo, y otro la Comisaría 7 también de Godoy Cruz.

 

La intervención delictiva del Ejército fue posible debido a la estructura orgánica conjunta del Comando de la VIII Brigada de Infantería de Montaña con la IV Brigada Aérea. Para ejecutar el plan diseñado desde fines de 1975 no crearon estructuras paralelas, si no que se sirvieron de las instituciones, divisiones y personal ya preexistentes en las Fuerzas Armadas. De ahí que los partícipes responsables del terrorismo de Estado hayan sido nombrados entre 1971 y 1975, caso de Maradona, Yapur, Lépori, Irusta, Schróo, Dopazo, Landa Morón, Arturo Suárez, Carlos Ledesma, Puebla, Furió, y Migno.

 

Lo que sí cambió a partir del golpe fue el rol oculto de los grupos de tareas –conocidos por su sigla GT–; la normativa de superficie militar no varió pero sí surgieron una serie de órdenes secretas y directivas clandestinas de Inteligencia. Además había una planificación previa. “La decisión de eliminar o no a los perseguidos, estaba tomada de antemano” por el Comando de Operaciones Tácticas –COT–, señalaron todos los abogados en sus alegatos. Así se explica que la función de Inteligencia en el D2 era prioritaria, porque actuaba “como un canal técnico centralizado que derivaba las decisiones”; de ahí que los “enlaces” Carelli, Santamaría y Jofré, de la Fuerza Aérea, frecuentaran, según testigos, las comisarías “satélites” del D2”.

 

Para Dante Vega, la intervención represiva de la Fuerza Aérea se plasmó en el incremento decisivo de los CCD en Mendoza, A los que estaban bajo el control de la policía se sumaron los del Ejército (el Liceo Militar “Gral. Espejo”, de la Compañía de Comunicaciones, Campo Los Andes, Casino de Suboficiales, “El chalecito Panquehua” para la detenciones clandestinas) y finalmente, el que aportó la Fuerza Aérea: la 4ª Brigada Aérea y Campo Las Lajas que fuera no sólo centro de detención, tortura y enterramiento, sino punto de traslado de prisioneros hacia y desde todo el país. También la penitenciaría provincial cumplió una función, de tipo doble: para muchos detenidos significó quedar “blanqueados”, pasar a la legalidad. Pero también fue un CCD.

Revista Veintitres

 

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