Pacto de honor

 

Durante la gestión de Julio Cobos se produjeron demasiados hechos violentos dentro de la cárcel en un contexto de extrema desesperación. Ya previamente se había advertido del sufrimiento sobrevenido a raíz de la represión del motín vendimial ocurrido en el año 2000, cuando Roberto Iglesias era el gobernador y Cobos su ministro de Infraestructura. De ese año datan los primeros hábeas corpus de los presos denunciando la desatención médica, la falta de mínimas condiciones de higiene y un hacinamiento extremo que fue respondido con más de veinte horas de encierro de cuatro a cinco personas en celdas de 2,60 x 1,80 metros.

 

La conducta gubernamental no sólo que no consideró modificación alguna de la situación existente puertas adentro del complejo penitenciario de Boulogne-Sur-Mer, sino que se negó sistemáticamente a reconocer la complicidad de las autoridades del penal en los vejámenes a los que los internos eran sometidos. Tal desaprensión demostró ser inquebrantable cuando un 21 de junio de 2005 aparecía muerto en su celda, con un cinturón atado al cuello, un joven que había sido condenado a perpetua por delitos cometidos antes de los 18 años de edad. En ese momento el Estado no aceptó poner en duda la versión oficial de que se trataba de un suicidio pese a que su cuerpo presentaba signos de violencia. Se negó a investigar lo ocurrido en ese y en otros casos ya que fueron 18 los presos asesinados y otros nueve heridos en confusas circunstancias.

 

La negligencia en el manejo de la situación sobrepasaba todo límite razonable. Un día un preso aparecía apuñalado en la celda individual a la que había sido trasladado para su supuesta seguridad. Al día siguiente, otros dos presos que habían participado del motín terminaron asesinados a puñaladas en uno de los pabellones de máxima seguridad después de haber sido trasladados de la cárcel de Neuquén a la de Mendoza; precisamente estaban en Neuquén por razones de seguridad y habían sido trasladados por orden judicial sólo a los efectos de declarar un día ante la Justicia. Como si esto fuera poco, una persona débil mental, con pronóstico irreversible y no modificable con tratamiento, murió en circunstancias espantosas a finales del 2004. Los sufrimientos previos a la muerte provocada por otros internos fueron tremendos y a la vista de todos, a lo que se suma que su cuerpo fue descuartizado y su cabeza sirvió para jugar a la pelota, ante la total omisión de los agentes penitenciarios.

 

Por su parte, Cobos no se privó de explotar la vía de la estigmatización social: “Son delincuentes y los que hacen las denuncias –los abogados defensores de derechos humanos Alfredo Guevara, Pablo Salinas, Diego Lavado y Carlos Varela– no hacen más que defender a los delincuentes”, era lo que se bajaba como mensaje y tal coordinación dentro de la estructura estatal era toda la respuesta al problema institucional que esa cárcel de la vergüenza representa para la provincia de Mendoza.

 

Al cabo del período radical, el Estado mendocino arrastraba al país a una insólita situación: la de enfrentar seriamente la posibilidad de ser condenado en varios casos por violación a la Convención Americana de Derechos Humanos que integra la Constitución, con jerarquía superior a la de la ley. Aunque no era tal el objetivo de los abogados Guevara, Salinas, Lavado y Varela, que habían solicitado la intervención de todos los organismos de derechos humanos, como por ejemplo Amnistía Internacional que inició una verdadera cruzada mundial por Mendoza. Los adherentes de AI generaron una catarata de misivas dirigidas al gobierno advirtiéndole que debía asegurar el pleno ejercicio de los derechos y garantías, lo cual supone prevenir, investigar y sancionar cualquier violación, así como reparar los daños que se hubieran producido. Del mismo modo, los abogados mendocinos se constituyeron en una entidad de la sociedad civil abocada a la defensa de los derechos humanos, la llamaron Xumex, no con la idea de litigar eternamente en la Corte Interamericana, sino con la de comprometer al Estado en darle un vuelco a toda la situación.

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Esta tensión marcó la transición del gobierno de Julio Cobos al de Celso Jaque. Fue en esta etapa cuando se arribó al acuerdo de solución amistosa. De un lado tironeaba la posible condena de parte del sistema interamericano de Justicia, pero por el otro asomaba una idea política mucho más interesante y que fuera planteada por el ex presidente Néstor Kirchner durante el acto de demolición de la cárcel de Caseros a finales del 2007. En dicho acto Kirchner subrayó como tarea pendiente para el gobierno de Cristina un mejoramiento profundo del sistema penitenciario sobre la base del respeto de las garantías individuales y el respeto a la recuperación y reeducación de las personas privadas de su libertad. Y fue el Estado nacional el que convenció al gobierno provincial de firmar el acuerdo de solución amistosa que implica una enorme responsabilidad además de una importante suma de dinero.

 

En primer lugar, el Estado debe indemnizar, pero la meta excede lo pecuniario. Se trata de erradicar la tortura del sistema carcelario y promover la defensa de los derechos humanos a partir de un nuevo período de gobierno que de ahora en más se verá obligado a sostener políticas en el tiempo además de hacer cambios en sus instituciones como la creación del Procurador Penitenciario, la aplicación del Protocolo Facultativo para la prevención de la tortura, la creación de defensorías de ejecución penal y la creación del Defensor del Pueblo, figura que existe en el país y en otras provincias pero brilla por su ausencia en Mendoza.

 

Cambio justo. El acuerdo de solución amistosa firmado entre la provincia y los abogados peticionantes pasó a ser central durante el 2008 a partir del ingreso de Diego Lavado al cargo de subsecretario de Justicia y Derechos Humanos de Celso Jaque. Junto a él ingresaron a la gestión Pablo Salinas y Alfredo Guevara. Fueron ellos quienes jerarquizaron la Dirección de Derechos Humanos y redactaron los proyectos de ley para la creación del Procurador Penitenciario y el Defensor del Pueblo, a tono con una época en la que el tema empezaba a cruzar transversalmente todas las políticas públicas y todas las áreas de gobierno. Sin embargo, en menos de un año, los funcionarios presentaban su renuncia ya que al mando de Jaque la provincia celebraba un Acuerdo Social por la Seguridad, nombre con el cual se quiso bautizar un nuevo ciclo de políticas más “duras” contra el delito, basado fundamentalmente en una ley que contradecía abiertamente los compromisos internacionales firmados por el Estado provincial: la ley de restricción de las excarcelaciones, sancionada con una rapidez envidiable por los legisladores.

 

Dicha ley modificó el Art. 293 del Código Procesal Penal con lo que endureció la posibilidad de las personas de ser excarcelados cuando se encuentran acusadas de más de dos delitos. En rigor, se trató de un golpe de efecto del poder político ante una creciente ola de inseguridad, pero sin computar que esta vía de solución ya había fracasado con Julio Cobos. Por esta misma razón, Cobos fue muy criticado por Xumex y el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), y es que la idea de dictar una ley sin vinculación con el grave problema de infraestructura carcelaria era el puntapié inicial para generar una era de mayor hacinamiento al que ya existía, además de empeorar las condiciones de encierro de personas que aún no han sido declaradas culpables.

 

Como esto constituía una flagrante inobservancia al acta de Paraguay suscripta en 2005 por el gobierno nacional para cumplimentar una serie de medidas destinadas a mejorar las condiciones de detención detectadas en la cárcel de Boulogne-Sur-Mer, cuando aún no estaba construido el complejo Almafuerte en Cacheuta, lo que hicieron los legisladores fue aprobar el nuevo régimen de excarcelaciones y sobre la misma, ratificar el Acuerdo de Solución Amistosa para a continuación dejarlo abandonado en un cajón.

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Así como pasó el 2008, pasó todo el 2009 y el 2010 sin voluntad política para aprobar las leyes presentadas en el marco de la solución amistosa. Es decir, sin prevenir ni crear mecanismos para supervisar que no haya tortura u otros tratos o penas crueles o degradantes. Y en ese cajón del olvido estaban cuando en marzo de este año una denuncia de Xumex sacó a la luz escenas terribles de torturas. Ya la Justicia verificó que las grabaciones obtenidas por el teléfono celular de un agente penitenciario no hicieron más que reflejar divertimentos sádicos a costa de torturar a los internos jóvenes que alberga la cárcel de San Felipe, anexo de la Cárcel de Boulogne-Sur-Mer.

 

Producto del escándalo de los videos y las torturas, la Legislatura se decidió a aprobar el Protocolo contra la Tortura y la creación del Procurador Penitenciario, un órgano extra-poder que aún no se ha puesto en marcha pese a que restan sólo cuatro meses para que termine la actual gestión. Por completo, se soslayó la ley del Defensor del Pueblo, que sigue en el corazón de la política conservadora. Según esta, sea cual fuere el partido que gobierne, no hay nada por cambiar en Mendoza ni en lo referido a la ampliación de los derechos democráticos ni en lo que hace a las pautas de política penitenciaria trazadas de acuerdo con los estándares mínimos de derechos humanos.

 

Quienes sí avanzaron en sus deberes fueron el Tribunal Arbitral y la Comisión Interamericana (CIDH). El primero se integró con la ex jueza de la Suprema Corte de Mendoza Aída Kemelmajer; Juan Carlos Wlasic, reconocido académico y referente en materia de derechos humanos, y Fabián Salvioli, jurista argentino miembro de la CIDH. Los tres, de manera unánime, dictaron el laudo del 29 de noviembre del año pasado en el que dispusieron la forma y el monto que pondría el Estado provincial para la reparación monetaria a las familias de los presos que murieron o resultaron heridos. La Comisión, por su parte, acaba de ratificarlo. Serán más de dos millones de dólares en concepto de indemnización que saldrán del presupuesto de la provincia el año que viene.

 

En sus considerando los jueces sostienen: “Las reparaciones a las violaciones graves a los derechos humanos no borran el daño pero, al menos, deben permitir aligerar sus consecuencias. La muerte de un pariente próximo no impacta siempre del mismo modo en quienes lo sobreviven. La CIDH atiende a las especiales circunstancias que el caso presenta; por ejemplo, existencia o no de un shock traumático; características del peticionario (personas especialmente vulnerables como niños o ancianos desprotegidos), conducta del Estado (las autoridades persiguieron a la familia en lugar de ayudarla); impacto ulterior, como estigmatización social”.

 

La mayoría de las familias que perdieron un hijo, un padre o un marido en la cárcel han promovido causas en la Justicia provincial, pero se trata de procesos demasiado largos, que pueden durar muchos años más; mediante la vía de la solución amistosa en cuestión de seis meses podrán empezar a contar con el dinero. Antes de eso sólo contaron con el apoyo de Xumex y el capellán de la cárcel, cargo que primero ocupó el padre Jorge Contreras y luego Roberto Juárez quien sigue hoy en la misma senda, intentando sensibilizar hacia afuera de la sociedad para que esta se involucre y deje de darles la espalda a las realidades sólo concebidas para el castigo.

Revista Veintitres

 

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