La ayuda humanitaria a Venezuela por Jorge Orduna

El 8 de diciembre de 1988, la Asamblea General de las Naciones Unidas votaba por unanimidad la resolución 43.131 sobre la asistencia a víctimas de catástrofes naturales y situaciones de urgencia del mismo orden, algo a lo que se ha dado en llamar deber de injerencia. Sobre esa base, apuntando al alivio de la miseria y el sufrimiento humano, pone en primer plano al hombre en tanto que sujeto, y choca frontalmente entonces con el sacrosanto principio de la soberanía de los Estados y el de la no-injerencia en los asuntos internos que rigen las relaciones interestatales y han sido proclamados por: el derecho internacional, las resoluciones de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad. Es decir, ¿qué hacer cuando dentro de un Estado sectores de la población se encuentran en situación de emergencia y el propio Estado no autoriza la ayuda exterior? La respuesta parece ser: intervenir.

Llegamos al derecho de injerencia humanitaria, que nos conduce, paralelamente, al deber de injerencia humanitaria. Pues de la misma manera que en muchos países la no-asistencia a persona en peligro puede ser delito, la comunidad internacional parece considerar un deber no desinteresarse por los sectores sociales que en cualquier país sufren dolor, desplazamientos, miseria.

Existe en todo esto un dato no menor que, sin embargo, es de los últimos tenidos en cuenta por la ayuda humanitaria; y es el consentimiento del asistido como condición imprescindible para la asistencia. De manera general, se establece que cierta gente necesita ayuda y se desplazan aviones a cualquier lugar del mundo cargados de alimentos y tiendas de campaña. Pero el hecho de que la gente necesite ayuda no garantiza que quiera ser ayudada o que, si lo quiere, esté dispuesta a ser ayudada indiscriminadamente y por cualquiera. Para todo ser humano en situación de necesidad, el derecho a discriminar de quién se recibe ayuda y de quién no, es el último refugio de la dignidad. Este es uno de los factores menospreciados por la ayuda hmanitaria. El Tercer Mundo es percibido como un solo Continente en el que abundan masas miserables y hambreadas necesitando comida y abrigo. Se da por descontado que también quieren ser ayudados; y que están bien dispuestos a ser ayudados por el Norte. A los ojos de la ayuda del Norte, no tienen historia, presente, política, cultura, ideas, artes y tradiciones… sólo son gente necesitando asistencia.

Pero volvamos al derecho de injerencia humanitaria y sus correlatos: el derecho de intervención humanitaria y el deber de intervención humanitaria. El espíritu de estos conceptos señala la necesidad de ayudar a las víctimas de los conflictos armados, de las catástrofes naturales e industriales. Nobles e ineludibles deberes del ser humano.

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Pero la voluntad de lucro, las ambiciones territoriales y comerciales y las filosofías geopolíticas, nos cuenta la historia, forman también parte de los móviles de los Estados. Por otra parte, como hemos venido viendo en las líneas que anteceden, la ayuda humanitaria se presta para todo. ¿Por qué no habría de prestarse entonces de insuperable máscara para los inconfesables intereses del poder, la ambición, el ansia de dominio o el control de recursos? De hecho, no es necesario pensarlo de manera abstracta: para asistir humanitariamente al pueblo afgano y desembarazarlo de los talibanes, se invadió Afganistán; para detener el sufrimiento del pueblo iraquí bajo un tirano, se invade Irak. Y antes, también esgrimiendo motivos humanitarios fueron invadidos Granada o Panamá. Pero, ¿eran esos?, o ¿eran esos exclusivamente los móviles de esas acciones? Y ¿quién garantiza que mañana no sean Bolivia, Guatemala, México o Argentina?, porque ¿quién es el llamado a decidir cuándo un régimen es firme o autoritario, democrático o tiránico?

Ya de por sí, el derecho humanitario, al entrar en conflicto con el de soberanía y no-injerencia, abría una caja de Pandora de la que nadie ignora qué monstruos pueden salir; pero las ONG, con su desenfadado abuso del derecho de ayudar, es decir, el derecho de ellas, contribuyen a sentar jurisprudencia para que la caja se abra antes y más fácilmente. La receta aplicada repetidamente en África y Oriente Medio es ya un lugar común y puede verse su lenta ejecución latinoamericana en el Plan Colombia. Consiste en crear condiciones de emergencia humanitaria para adquirir el derecho de injerencia humanitaria. Luego crear condiciones que dificulten el carácter estrictamente civil de esta injerencia haciendo necesario su respaldo militar.

En otros términos: se paga grupos de bandidos paramilitares para que con asesinatos y masacres generen desplazamientos de pobladores; esto hace necesario instalar campos de refugiados, cosa que se hace preferentemente en zonas insalubres o peligrosas… y ya está preparado el terreno para que las ONG, siempre ansiosas por encontrar a quien ayudar, griten ¡allá vamos! Luego se arregla todo para que la actividad de las ONG se vuelva difícil e insegura y deba ser protegida militarmente: las atacan los rebeldes, y si no los hay se los inventa. Y ¡ya está! Las tropas del Norte correrán en auxilio de las ONG amenazadas, y se instalarán, pues es una cuestión simplemente humanitaria.

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El hilo que separa el derecho de intervención humanitaria de la no injerencia en los asuntos internos de los Estados es demasiado fino para la moralidad reinante. Más aún cuando las antiguas divergencias entre el espíritu y la letra son hoy más agudas que en tiempos de Montesquieu.

¿Cuál es pues el límite? Si la ayuda es humanitaria, y el prestarla, es concebido como un deber, ¿se tiene también el derecho de amenazar con quitarla? ¿O el de invadir militarmente para prestarla? Preguntas que ponen a prueba en el nuevo siglo la filosofía del derecho… y el sentido común. ¿O será tal vez que al nudo de la paradoja: soberanía/derecho de injerencia humanitaria, lo corta la espada del más fuerte?

La ayuda humanitaria termina siendo, incluso a pesar suyo, el pretexto preferido para violar la soberanía de los pueblos e ingerir en sus asuntos internos; y las ONG, la punta de lanza de esa injerencia.

Dinero hay, y seguirá habiendo. Las cifras aprobadas por el acuerdo final entre la Cámara de representantes y el Senado norteamericano para el primer año del Plan Colombia ya eran representativas de la política exterior posmoderna de las grandes potencias; una curiosa amalgama de fondos para derechos humanos y cañones; caricias y bombas. La suma, de 1.300 millones de dólares, se dividía de la siguiente manera:

403,7 millones corresponden al obsequio de 42 helicópteros Huey y 18 helicópteros Black Hawk

132 millones para agencias (gubernamentales y no gubernamentales) estadounidenses.

116,5 millones para bases estadounidenses en Ecuador, Curaçao y Aruba.

115,6 millones para la Policía Nacional de Colombia.

113 millones para mejorar instalaciones de radar, la fuerza aérea y otros equipos para la lucha antinarcóticos en Colombia y América Latina.

65 millones para la Administración de Justicia en Colombia.

53,5 millones dedicados a los derechos humanos.

47,5 millones para ayudar a los refugiados.

32 millones en helicópteros KMAX para otros países andinos.

3 millones para alimentar el proceso de paz.

Cifras que hablan por sí mismas.

(del libro “Matar con caricias. Las mentiras de la ayuda” de Jorge Orduna).

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