En deuda con los hijos

 

 

Un hombre se compra vehículo nuevo, se toma unos días descanso en París, y planea dar el salto

en el terreno profesional, pensemos por ejemplo, un puesto de mando en la administración

pública o convertirse en un juez de la provincia. Todas estas opciones son un acaso, un menú de

opciones antojadizas. No describen a alguien en particular sino a un individuo en buena posición

económica y social. Bien podría tratarse del individuo ideal al que apunta la condena social, la

que a diferencia de la judicial, importa un sacrificio en el decoro tan esencial. Ese que se gana o se

pierde si en los pliegues ocultos de la vida privada, quien pasea en el auto nuevo no ha cumplido

los deberes con los hijos. Pronto se dibuja la situación en cuestión. Mendoza ha empezado a

implementar un sistema de difusión pública de los morosos alimentarios, sacando a la luz los

nombres de los padres que no están al día con la cuota alimentaria de sus hijos.

 

El sistema no dista mucho del que aplicó la Comunidad de Madrid en el marco de la lucha contra

los malos tratos de que padecen las mujeres, situación que instaura el terror puertas adentro

del hogar mientras que quienes lo generan, pretenden aparecer como ciudadanos de intachable

conducta. En Madrid las listas han sido adoptadas como garantía de la publicidad de la justicia

más el conocimiento de las sentencias firmes en este tipo de delitos, previa discusión entre el

gobierno y los jueces. En Mendoza, ocurre algo similar. El Gobierno de la Provincia junto con los

jueces de familia, la Suprema Corte de Justicia y los legisladores de todos los partidos acordaron

implementarlo como una política activa e iniciativa concreta. Desde hace unos meses, las listas se

publican en distintos medios de difusión. Al ser periódicas, cumplen con la misma finalidad de una

campaña de sensibilización.

 

Según el Ministro de Gobierno Félix González, ésta es una medida que surgió de ver que si bien

existía un registro de morosos alimentarios, tal registro no cumplía con ninguna finalidad. Para

peor, además planteaba dificultades de acceso a la información de parte de agentes estatales ya

que requería de una autorización. “Frente a esta situación en la que estaba el registro lo que se

hizo fue una modificación legal que se aprobó el año pasado. En esa modificación se incluyó a

las listados que ya existían sobre quienes son incumplidores de cuota alimentaria, son 3 cuotas

consecutivas o 5 cuotas alternadas lo que habilita a que el juez inscriba al moroso en el registro-,

dijo Félix quien resaltó que siempre el alta la da el Poder Judicial, limitándose el Poder Ejecutivo a

hacer la publicación una vez al mes.”

 

¿Por qué publicar los nombres? Hay una razón muy simple y práctica. Estar en el registro ya

implica la pérdida de derechos como tener licencia de conducir o permisos por parte del Estado o

el ser funcionario. Al estar la lista disponible en cualquier sitio de comunicación, los funcionarios

involucrados que tengan que hacer una verificación rápida sobre si alguien se encuentra incluido

en el registro o no, podrán hacerlo. Según el Ministro el sentido de esta modificación es que el

deudor se ponga rápidamente al día. El sistema es así: si se paga, inmediatamente el individuo

queda eliminado del registro y no constan sus antecedentes. Para que vuelva a estar se debe

producir una nueva mora.

 

De entrada, el tema se plantó como polémico. Al respecto señala Félix González: “Sabíamos que

podía traer una polémica, pero por lo menos creemos que uno de los objetivos fue poner el tema

en escena, en la agenda digamos. Esto ha sido muy importante, estamos hablando de alrededor

de 440 mil hogares en los cuales 98.000 hogares son monoparentales y en su mayoría, dirigidos

por una mujer. Eso supone que hay un hombre con la obligación de pagar alimentos. Este es el

tema, más allá de que a veces las ex parejas lo resuelven fuera del circuito judicial o con arreglos

extrajudiciales, nos parecía que ésta era una herramienta más para intentar que se produzca el

cumplimiento.

 

-Es una herramienta novedosa que no se ha aplicado en otros lugares hasta ahora ¿se encontró

algún precedente?.

 

-Los antecedentes que vimos en otras provincias eran en algunos casos la publicación en el Boletín

Oficial, en otros casos en algún sitio web, pero así, en medios de circulación masiva que era lo más

polémico, tenemos entendido en que somos el primer caso.

 

-Noticias periodísticas aparecidas en El Sol dan a entender que el sistema es vulnerable a falsas

denuncias …

 

-El que da el alta es el juez. O sea nosotros, como Poder Ejecutivo lo que hacemos es publicar

textualmente lo que nos envía la Corte, sin variar nada, para evitar cualquier tipo de suspicacias.

Por lo tanto, para que ingresen en esa lista lo tiene que autorizar un juez, he ahí una primera

garantía si se quiere. Además hay que decir que ese conflicto que planteó El Sol se había suscitado

es por una persona que sostiene que no correspondía estar en la lista, pero bueno eso es un tema

de discusión en la sede judicial. Es de hacer nota que en estos casos no sólo hay sentencia judicial,

también acuerdos homologados por la justicia cuyo cumplimiento también implica estar en el

registro.

 

-A veces también existe el dictamen de un Asesor de Menores, ya que en definitiva se trata de

garantizar los derechos del niño

 

-Exactamente, ese es el objetivo que se persigue, la protección de los derechos del menor.

Que la persona que está obligada a darle alimentos, cumpla efectivamente. Y cuando se hizo la

evaluación de la ley se entendió que en muchos casos esto podía servir como una especie de

control social para estimular a que se cumpliera con los pagos. Porque se entendió que en alguna

circunstancia no es un problema de dificultad económica, de contar con el dinero para pagar,

sino que tenía que ver con otros factores. Entonces, la presión social que podía significar un

 

listado público podía contribuir a desalentar esa práctica de no pagar alimentos cuando se tiene la

posibilidad de pagarlo.

 

-¿Qué impacto ha tenido la medida?

 

-Por lo que me dijeron algunos jueces cuando hicimos la consulta, para ellos ha cumplido un

objetivo de no solamente instalar el tema sino que haya una mayor preocupación, no solamente

por la determinación de quien ingresa en el registro sino más bien por el tema de la cantidad de

consultas que se hacen con respecto a este tema, y hay muchos que van y regularizan situaciones.

En cuanto a la cantidad de inscriptos en general ronda siempre en unas 300 personas, va

subiendo, porque habíamos arrancado con 196 y en la última publicación tuvimos 326 inscriptos.

Con lo cual, de acuerdo a lo que me han informado los jueces, hay una mayor cantidad de

consultas de la problemática del pago de alimentos y esto hace que tenga movimientos, pero

me parece que puede estar influyendo más que mucha gente regulariza su situación o llega a

acuerdos sin esperar la resolución judicial.

 

-¿Por qué cree que ciertos medios de prensa lo plantean como un “escrache”, será que no hubo

conversaciones previas para que se entendiera el sentido del sistema?

 

-Es cierto que la prensa lo planteó como un escrache y que a lo mejor nos faltó trabajar con

los comunicadores para que se viera claramente cuál es el objetivo de esta ley que es una

herramienta más, ya que estamos hablando de un sistema con sanciones severísimas para quien

no paga alimentos. Un sistema según el cual no se puede conseguir empleo a nivel profesional,

no se puede obtener financiamiento del Estado no se puede obtener permisos, habilitaciones,

y sin embargo, frente a esa realidad de no cumplimiento había una herramienta muy poderosa

para hacerla cumplir y estaba subutilizada. Hay que aclarar que muchas veces es la mujer la que

en general está a cargo de los hijos y son las que terminan acudiendo al sistema para pedir los

alimentos, pero hay casos en donde no es así, es el hombre el que está cargo de los hijos y la

mujer tiene la obligación. En ese caso la herramienta no es para el hombre o para la mujer es para

el que tiene el derecho de reclamar alimento en representación de su hijos.,

 

-Con este sistema el único derecho que se sacrifica es el de la intimidad ya que el dato personal

pasa a ser público…

 

-El registro ya existía pero era casi de imposible acceso. La ley no lo establecía de esa forma, sin

embargo se convirtió en un registro de acceso restringido al reglamentarse. Sólo los usuarios

registrados en el sistema podían solicitar una consulta por un nombre a la vez, nunca había acceso

a la lista completa.

Revista Veintitres

 

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