Años atrás, más concretamente en el 2007, la posibilidad de empezar a generar emprendimientos mineros a cielo abierto, de norte a sur de la cordillera
mendocina, generó fuertes puebladas y manifestaciones masivas contrarias a esta actividad ligadas a grupos ecologistas. Como consecuencia de semejante reacción se sancionó una ley que prohíbe el uso del cianuro y otras sustancias químicas como forma de frenar el desarrollo de la megaminería metalífera en toda la provincia. La solución políticamente no conformaba a todos, más bien estiraba la brecha. Desde entonces la polémica, el antagonismo y la tensión estuvieron a siempre a la orden del día.
Veintitrés captó ese momento y cada una de las contradicciones. El representante del gremio minero casi lamentándose decía: “A nadie le gusta ser parte de una actividad que contamina el medio ambiente pero sé que se puede trabajar la minería en forma sustentable y en los lugares donde la sociedad lo requiera. El asunto es no cerrar todas las posibilidades. Es verdad que la minera usa mucha agua, pero en el Río Grande perdemos 34 metros cúbicos por segundo de agua que va a parar al mar. Entonces yo me pregunto: por qué no buscar la solución de instalar una planta procesadora de minerales en un lugar que podamos tomar el agua que hoy se pierde? Y además otra pregunta: Qué otra actividad es capaz de generar en los próximos años diez mil puestos de trabajo”.
En nombre del ambientalismo otro referente replicaba aunque más bien contraatacaba: “Nos ven como al enemigo, pero qué podemos hacer nosotros frente a una mutinacional o un gobierno? Nada. Y lo único que hacemos es señalar que la minería es un sector al que se le dan unas concesiones con privilegios. Hay un royalty que va al Estado Nacional y éste lo distribuye, como pasa con el petróleo, pero hay una diferencia enorme entre lo que se llevan del país y lo que queda. Para tener una idea: la mina de Veladero, en San Juan, obtendría en un período de 20 o 22 años cerca de doce mil millones de dólares. Y dejaría en conceptos de regalías solamente 70 millones de dólares, suma que divida por 20 años, es irrisoria para el arca de la provincia de Mendoza”.
Pasado el tiempo, la polarización de las posiciones generó absurdas e infructuosas contiendas. Como aquella con que se cerraba el 2009 y tuvo
como escenario el salón donde sesiona el máximo órgano de gobierno de la Universidad Nacional de Cuyo. Todo indicaba que se debatiría en una sesión
pública si rechazar o aceptar el dinero de bajo La Alumbrera –YMAD- una minera cuestionada por diversas organizaciones ambientalistas. Ya había pasado que varias facultades del país habían rechazado por razones éticas esos fondos que son la contraparte de beneficios que la ley de Inversiones Mineras
-de 1993-, fija a todas las empresas y que por un acuerdo del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) debía ir a parar a las universidades públicas. Volaron
huevazos, hubo golpes y escupitajos provenientes del sector antiminero ya que resultó que los fondos estaban asignados por ley y no se podían rechazar.
Para entonces el Rector Arturo Somoza replanteó la situación en un tono más constructivo: “Ninguno de los consejeros cree que hay que producir contaminando, decir lo contrario es caer en acusaciones gratuitas. La diferencia está entre que algunos creen que esto se resuelve rechazando fondos mientras nosotros creemos que es investigando y analizando, cuestiones de las que se ocupa la Universidad” aseguró. Y a continuación relató que la Universidad de Salta también había deliberado y decidido no rechazar los fondos sino plantear hacer un foro sobre Otra minería es posible. ¿Salir de la disyuntiva con investigación – preguntó veintitrés? “Así, es –señaló. Está totalmente demostrado que es más fácil producir contaminando que no contaminando. Pero hay mucho desconocimiento en torno al tema y si en función de ese desconocimiento y la sospecha no se hace nada, la situación nos lleva a algo que es paralizante para una Nación. Lo que hay que hacer es ciencia sistémica, estudiar los temas, analizarlos y determinar qué
corresponde, qué es lo pertinente y qué no. Son las técnicas más evolucionadas.
Pero me parece que la alternativa a la que vamos es anárquica. Y va a significar que no haya desarrollo en Argentina.”
Un año después Veintitrés tuvo el lujo de entrevistar a Yolanda Ortiz, la primera secretaria de Medio Ambiente de Latinoamérica a comienzos de los 70 quien estuvo en Mendoza como asesora del Consejo Federal del Ambiente. Sus expresiones conservan tanto valor hoy como entonces: “¿Que cómo veo el debate minería vs. medio ambiente? Es un debate clave el de la minería pero en esto no vale decir “esto no se toca porque sí”. Hay que debatir con estrategia y dar argumentos válidos y reflexionar conjuntamente en cómo hacemos el encuentro de la economía con la ecología y cómo pueden entender los productores estas cosas del equilibrio ecológico y la diversidad para que toda la economía pueda ser sustentable”.
Los tiempos que siguieron no fueron muy superadores en cuanto a la calidad de
las intervenciones y el sentido de lo que está en disputa, y por cierto todo el fuerte
lobby publicitario en favor del proyecto minero San Jorge en Uspallata, antes de
ser enterrado por el actual gobernador Francisco Pérez, no hizo más que sumar
tensión ante la clara connivencia entre los medios informativos y el interés de una
corporación multinacional a la que nunca se le vio el rostro.
Una cosa sí vale apuntar. Cuando se discutió la Ley de Glaciares quien era
entonces Secretario de Medio Ambiente Guillermo Carmona sentó una posición
que sectores vinculados a la megaminería tacharon de “tibia” mientras que por
lo mismo, los ambientalistas lo acusaban de venderse a la Barrick Gold. No fue
ni una cosa ni la otra. Lo que sucedió es que hubo muchos estaban dispuestos a
verle el costado gris de la contienda. Descarnada actitud para quien sólo pretendía
razonablemente sacar a flote una ley ambiental, no una forma velada de bloquear
la actividad minera. ¿No se tendría que canalizar de inmediato el debate por la
megaminería- preguntó entonces Veintitrés?. La respuesta de Carmona fue: “Es
bueno discutir eso en la Argentina, lo apoyamos porque está bien preguntarse qué
es lo que van a recibir las provincias por el desarrollo de las actividades mineras.
Lo que no es bueno es alimentar la posición de los sectores promineros que en
general han terminado validando los discursos del fundamentalismo pro-minero y
finalmente, ha sido tan negativo uno como otro”.
Hoy Mendoza acaba de ingresar formalmente a la Organización Federal de
Estados Mineros (OFEMI) donde por primera vez se han de adoptar lineamientos
claros y unificados a nivel de gestiones provinciales. Además toda la legislación
y problemática será revisada y discutida políticamente en el Congreso Nacional,
incluso las situaciones provinciales como es el caso de la ley 7.772 que prohíbe
el uso del cianuro. Es mucho mejor oportunidad para empezar un debate abierto
a la sociedad, que ojalá sea sin prejuicios ni cortapisas de ningún tipo. Hay que
ser sinceros respecto de que Mendoza no tiene ni ha tenido una política clara
al respecto. Puros vaivenes. Lo único interesante del último tiempo ha sido la
iniciativa de creación de una Empresa estatal de energía que acaba de ser puesta
en valor por el gobierno provincial. Ya tiene la media sanción de la Cámara de
Diputados y la idea es que de aprobarse, pueda impulsar y desarrollar proyectos
mineros. Aunque antes, o como parte de lo mismo, comience a darse la discusión
sobre la llamada “licencia social” que atañe a cada comunidad concreta.
Opinión
No hay futuro después del último saqueo
Las manifestaciones antimineras, sus marchas y asambleas, cada vez más
radicalizadas contra la minería extractiva de metales, por la mayor conciencia
popular sobre el despojo, la brutal agresión al ambiente, las experiencias y
los peligros ciertos de la contaminación, los tremendos riesgos de la actividad
en su área de influencia, el cambio de vida y de costumbres en los pueblos
vinculados, el grave perjuicio de otras actividades económicas naturales o
tradicionales en los pueblos afectados -como la agricultura o el turismo- al punto
de ser antagónicas con aquella, ya configuran el más importante movimiento
opositor al gobierno.
Podemos vislumbrar un movimiento mayor basado en la conciencia vital sobre los
peligros de la actividad explotadora más elemental de todas, sobre la conciencia
histórica ya existente del saqueo -la memoria más antigua que tenemos-
particularmente en los pueblos andinos, y contagiada de a poco a las provincias
vecinas -el caso de San Luis- y a las grandes metrópolis.
Pese a que los medios han estado mayoritariamente en contra de esta conciencia,
por los grandes intereses publicitarios también en juego, probablemente habrá un
significativo aumento de las manifestaciones, la solidaridad popular con éstas, y
la organización de la protesta como un movimiento opositor, luego de la próxima
marcha antimera en la Fiesta Nacional de la Vendimia, y, seguramente, en cuanto
las manifestaciones cobren más víctimas por la represión de la corporación
minera internacional junto con los gobiernos.
Como periodista he participado durante ocho años de las marchas,
manifestaciones y asambleas en Mendoza, a partir de la protesta de los escolares
sancarlinos un 25 de Mayo contra el gobierno de Julio Cobos, por inducir a la
actividad de las mineras metalíferas multinacionales (Tenke, Anglo American)
en la laguna cordillerana del Diamante. Lo que pareció en un momento un
despertar infantil, o adolescente, de un pueblo interior, casi desconocido hasta
entonces, fue después una marcha indetenible. Estuve en la barra de los balcones
por la votación de la ley 7722 contra el uso de químicos contaminantes y en la
ocupación de la legislatura, y de una banca, para impedir la aprobación de la
engañosa declaración de impacto ambiental de la minera San Jorge. No pensé
que la política iba a caer tan bajo…
La lucha por el agua y el uso del suelo por parte de los pobladores, desde San
Carlos y General Alvear hasta Uspallata, la misma que en Esquel, en Neuquén,
en Jachal, en Famatina, en Belén, y tantos otros, se ha extendido. Son nuestros
derechos humanos y ambientales constitucionales, para todos los ciudadanos. Es
la última joya de la abuela, para los neoliberales. Muchos comienzan lentamente
a cuestionarlos y asumir la conciencia de que esta imposición de círculos
poderosos impide nuestro futuro porque afectará la naturaleza de modo
irreversible. ¿Qué hay, qué es lo que queda después de la explotación minera
metalífera a gran escala? Yo creo que sólo pueblos fantasmas.
Claudio José Bramanti, periodista
