Balance de diez años K en el mundo laboral

El 25 de mayo de 2003 Néstor Kirchner asumió la presidencia de la Nación con un país devastado. El entramado social estaba especialmente dañado en uno de sus pilares fundamentales: el trabajo. Uno de cada cuatro argentinos estaba sin empleo y uno de cada dos trabajadores estaba en negro. Desde entonces hasta ahora muchas cosas cambiaron. Aunque todavía hay problemas estructurales que sólo se han morigerado, el balance es positivo.

En los últimos diez años hubo una fuerte creación de empleo y un aumento del poder adquisitivo del salario. A la suba de los salarios contribuyeron la consolidación de las instituciones del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil y las paritarias. Sin embargo, la generación de empleo se detuvo (hubo un salto en la tasa de desocupación del 7,1% en el primer trimestre de 2012 a 7,9% en igual período de este año) y el poder adquisitivo se ve erosionado por la persistente y creciente inflación. Las insuficientes actualizaciones del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría también son un factor que perjudica el poder adquisitivo de los asalariados y hacen que cada vez haya más trabajadores alcanzados por el impuesto (se calcula que son cerca de 1,6 millones).

La informalidad laboral sigue siendo uno de los principales problemas en materia de empleo en la Argentina. En los últimos cuatro años el trabajo en negro sólo disminuyó 2,6 puntos porcentuales y hoy todavía afecta a más de un tercio de los trabajadores.

En el plato »positivo» de la balanza hay que poner que no sólo se crearon más puestos de trabajo, sino que se mejoró la red de capacitación para quienes ingresaban al mercado laboral, con el foco puesto en los jóvenes y en oficios perdidos. Según datos del Ministerio de Trabajo, desde 2003 cerca de 1,6 millones de personas se capacitaron gracias a este tipo de planes.

También hay que destacar que varios colectivos sociales se beneficiaron con la aprobación de proyectos de ley que buscaron equiparar sus derechos con los del resto de los trabajadores alcanzados por la Ley de Contrato de Trabajo. Se trata de los peones rurales y de las empleadas domésticas que ahora trabajan bajo una nueva reglamentación.

También se avanzó en una mayor regulación contra el trabajo infantil y se implementó una nueva norma que convierte al explotador infantil en un delincuente. Antes sólo era un infractor.

Asimismo, a fines de 2012, después de una larga demora en el Congreso y luego de la conmoción social que desató el fallo que absolvió a los sospechosos por el secuestro y explotación sexual de Marita Verón, se sancionó la reforma a la ley contra la trata de personas.

Estas buenas nuevas legislativas deberán ir acompañadas por un aumento de la fiscalización, que es la única manera de poner en práctica las leyes que buscan terminar con el maltrato, la explotación y hasta la reducción a la servidumbre de muchos sectores vulnerables del mercado laboral argentino.

Al plato »negativo» de la balanza debe ir la falta de novedades en la tan esperada ampliación de la licencia por paternidad –que actualmente sólo otorga dos días a los padres ante el nacimiento de sus hijos– y en la equiparación de derechos entre padres biológicos y adoptivos.

Tampoco fue bien recibida por el mundo de los trabajadores la reforma a la ley de Riesgos de Trabajo, que fue presentada en sociedad por la presidenta Cristina Fernández como »el fin de la industria del juicio». Si bien se incorporó el listado de enfermedades profesionales y se aumentaron las indemnizaciones, se eliminó la doble vía y el trabajador que finalmente opte por ir a la justicia deberá hacerlo en el marco del fuero civil y no en el laboral. Aunque la CGT de Antonio Caló no cuestionó abiertamente esta medida, todas las otras centrales obreras lo hicieron. Quienes sí celebraron la modificación fueron las cámaras empresarias y en especial la Unión Industrial Argentina.

Los cambios en el mundo laboral también se hicieron extensivos a la seguridad social. El gobierno de Cristina Fernández decidió –con gran tino y excelente timing– la reestatización de los fondos jubilatorios, lo que clausuró el negocio especulativo de las AFJP y se volvió a un sistema solidario de seguridad social.

Bajo la administración de la ANSES, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad pasó de $ 80 mil millones a $ 280 mil millones en cuatro años. Pero además de haber aumentado cuantitativamente, el FGS también cambió cualitativamente como cartera de inversiones. Por ejemplo, cuando el sistema se reestatizó (en noviembre de 2008) sólo un 2,2% del total de las inversiones estaba destinada a proyectos productivos y/o de infraestructura. A octubre de 2012, ese porcentaje había aumentado al 14,4 por ciento.

Muchas discusiones se generan aún hoy en torno a la pertinencia de invertir »la plata de los jubilados». Pero detrás de esta afirmación hay algunos conceptos equivocados: en primer lugar, no se trata de »la plata de los jubilados», sino del ahorro de los trabajadores en actividad que mes a mes realizan sus aportes y que se jubilarán en el futuro. Por lo tanto ese dinero deberá esperar varios años para cumplir con su cometido: volver a quien lo aportó. Si en ese tiempo, el dinero no se pone a »trabajar» financieramente hablando, se perderá un enorme potencial o simplemente se habrá devaluado. Pero además, si ese dinero se utiliza para otorgar un crédito para, por ejemplo, obras de infraestructura, se genera un doble beneficio. Por un lado, cuando el dinero sea devuelto se hará con intereses y, por el otro, para esa obra se crearán puestos de trabajo que a su vez harán los aportes correspondientes al sistema.

Se puede discutir si los préstamos otorgados por el FGS son los más convenientes o si las empresas beneficiarias son las más transparentes, pero el sistema, sin dudas, garantiza el crecimiento de los fondos y la posibilidad de que el trabajador que aporta hoy pueda jubilarse mañana.

La recuperación del sistema de seguridad social por parte del Estado se complementó con la ampliación de la cobertura previsional y con la ley de movilidad jubilatoria que rige desde 2009 y otorga una suba semestral de los haberes. Las políticas implementadas resultaron en 2,5 millones de nuevos jubilados o pensionados.

En el plato negativo de la balanza, en tanto, hay que poner el número total de juicios previsionales que todavía están en trámite contra laANSES: 319.547. De esa cifra, 276.050 son demandas por reajuste de haberes, mientras que el resto son por otros motivos como reclamos por el grado de invalidez del titular o el vínculo entre derechohabientes. Hoy, el 4,7% del universo global de 5,8 millones de jubilados tiene reclamos contra la ANSES.

Sin embargo, la tendencia a litigar contra el Estado se está revirtiendo. De todos los jubilados que obtuvieron un beneficio en 2011 (384.784), apenas 947 personas iniciaron un juicio contra la ANSES, es decir, el 0,21 por ciento. Lo mismo ocurrió en 2012: sobre 356.630 de nuevos jubilados, reclamaron en tribunales 749, también el 0,21 por ciento. Esta baja en la cantidad de reclamos podría atribuirse a la nueva ley de movilidad previsional.

A la ANSES también se la cuestiona por la demora en la liquidación de sentencias, pero ese déficit se ha morigerado en los últimos tiempos. En el primer cuatrimestre de este año se resolvieron 10.625 sentencias, muy por encima de las 6951 del mismo lapso de 2012, y de las 4221 de enero a abril de 2010.

Los trabajadores hoy sin duda están mejor que en 2003. El plato positivo de la balanza del mundo laboral pesa más que el negativo. Pero aún quedan muchas conquistas por lograr.

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