Rajoy apuesta a endurecer la ley penal para contener las protestas

El gobierno de Mariano Rajoy concretó hoy su propuesta de reforma que introduce la cadena perpetua en el Código Penal para casos de delitos graves y endurece las penas para determinadas acciones en el marco de manifestaciones, en plena escalada del conflicto social.

La reforma »protege a la sociedad y da respuesta a aquellos delitos que más repugnan a las personas que queremos convivir en un Estado democrático», aseguró el Ministro de Justicia español, Alberto Ruiz Gallardón, al detallar los planes del Ejecutivo del derechista Partido Popular (PP) en conferencia de prensa.

La cadena perpetua revisable se aplicará no solo a delitos de terrorismo, como se había adelantado, sino al magnicidio, genocidio, delitos de lesa humanidad, y asesinatos agravados cuando la víctima sea menor de 16 años, haya agresión sexual, se trate de un crimen múltiple, o de una organización criminal.

La prisión permanente tendrá »duración indefinida» y la pena podrá ser revisada después de que el delincuente »haya pasado un mínimo de entre 25 y 35 años en la cárcel, dependiendo del delito», explicó el titular de Justicia.

Según Gallardón, esta mayor presión punitiva es compatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y avanza en el mismo sentido que otros países europeos como Alemania, Italia, Reino Unido y Francia.

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La reforma llega en un momento de conmoción social por el giro que dio el caso de José Bretón, imputado en el macabro asesinato de sus hijos de 6 y 2 años, Ruth y José, y después de que la justicia española aprobara la libertad condicional del etarra enfermo de cáncer Josu Uribetxeberria Bolinaza.

La excarcelación del etarra, por motivos »humanitarios», fue repudiada por algunas organizaciones de víctimas de ETA y por votantes del PP, y generó divisiones internas en el partido gobernante.

A pesar de la »oportunidad política» de la reforma, Gallardón sostuvo que las medidas no responden a ningún »motivo coyuntural» y que algunos aspectos ya se habían adelantado a principios de año.

En cambio, la iniciativa sí responde claramente a un motivo ideológico, tal como se desprende de algunos puntos que evidencian un avance en la criminalización de la protesta social en medio de un incremento de la desocupación y la indignación ciudadana con los ajustes.

A la par que implementa las políticas neoliberales de desmantelamiento del »Estado social», el derechista PP avanza con el llamado »Estado penitenciario» promovido por los »neoconservadores» en Estados Unidos e internacionalizado en otras partes del planeta, que introduce una nueva forma de gobernar los desórdenes generados por la desocupación masiva y la precaridad, basada en el puño de hierro.

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Prueba de ello es la idea del PP de introducir un catálogo de agravantes del »delito de orden público» y crear un »delito de atentado a la autoridad agravado».

No obstante, la acción de resistencia pasiva, junto a la desobediencia, se mantiene penada con entre seis meses y un año de cárcel como hasta ahora, y no se convierten en atentados como pretendía el Ministerio de Interior.

Otra novedad es que se castigará la »difusión de mensajes que inciten a la comisión de algún delito de alteración del orden público o actos de violencia», aunque no la simple convocatoria a movilizaciones, una posibilidad que se había estudiado pero que el gobierno retiró tras una fuerte polémica.

El PP recién pidió los informes consultivos necesarios al Poder Judicial y Consejo de Estado antes de aprobar definitivamente la reforma del Código Penal en el Consejo de Ministros. Posteriormente el proyecto irá al Congreso de los Diputados para ser debatido »en profundidad», dijo el Ministro. Telam

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