México da asilo a Evo Morales y la CIDH pide que termine la escalada violenta

El canciller de México, Marcelo Ebrard, anunció que el ex presidente de Bolivia Evo Morales solicitó asilo político en ese país y le fue concedido.

«Les informo que hace unos momentos recibí una llamada del presidente Evo Morales mediante la cual ha respondido a nuestra invitación y solicitó verbalmente y formalmente el asilo en nuestro país por razones humanitarias y ante el peligro que corre su vida», informó el canciller.

Por otra parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su «profunda preocupación» por la «grave escalada de violencia» que vive Bolivia y convocó a «garantizar el respeto a los derechos humanos de todas las personas, sin distinción alguna de su ideología, pertenencia política o cargo». En ese tono, la CIDH condenó los saqueos a casa particulares , entre ellas, la del presidente depuesto Evo Morales.

Sin referirse al golpe de estado, el comunicado del máximo organismo de derechos humanos regional resalta que la «crisis política y social» forzó la renuncia del «presidente Evo Morales, cuyo mandato constitucional vencía el 22 de enero de 2020» y también la de los funcionarios de alto rango que estaban en su línea sucesoria.

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La CIDH se hizo eco de las últimas cifras difundidas por al Defensoría del Pueblo de Bolivia —cuyo último comunicado se registra previo a la renuncia de Morales— en las que se identificaban 3 muertes, 421 heridos y 222 detenidos, durante los enfrentamientos, cortes y protestas posteriores a la elección de 21 de octubre.

El organismo regional de derechos humanos alertó que esos registros se verían agravados por actos de «violencia partidaria» posteriores que sumaron «hostigamientos, saqueos, incendios de buses y edificios municipales», además de «ataques y saqueos a residencias de personas privadas y de autoridades, incluyendo la del Presidente Morales».

«La Comisión condena todo acto de violencia y hace un llamado al Estado a garantizar el respeto a los derechos humanos de todas las personas sin distinción alguna de su ideología, pertenencia política o cargo», resaltó la CIDH y convocó a «los actores políticos y sociales a cesar todo acto de violencia por parte de organizaciones o movimientos ciudadanos» para que «se respete el derecho a la vida, integridad y libertad personal, así como la libertad de expresión».

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Por último la CIDH hizo hincapié en que el conflicto deberá ser resuelto respetando «la obligación del Estado de investigar y sancionar a los responsables» con «apego a Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y por los canales democráticos».

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