Maduro promete “medidas drásticas” para extinguir las protestas

La violencia tuvo su foco principal en la ciudad de Valencia, capital del estado de Carabobo, a unos 200 kilómetros al oeste de Caracas. En un sector de esa ciudad industrial, La Isabelica, se registraron tres muertes por disparos. Entre los fallecidos se cuenta un oficial de la Guardia Nacional, Ranzor Bracho, de 36 años de edad. Otro de los caídos, Jesús Acosta, estudiante de la Universidad de Carabobo, recibió un impacto de bala en la cabeza aunque, según distintas versiones, no participaba en las manifestaciones.

Con estas, llegan los disturbios. Los testimonios recogidos a través de redes sociales y de medios locales señalan que en la represión de los desórdenes en Valencia estuvieron activos miembros de los llamados “colectivos” o grupos de choque del chavismo. Entretanto, el gobernador del estado Carabobo, Francisco Ameliach, eludió referirse al tema en declaraciones a la principal televisora oficial, Venezolana de Televisión. Ameliach, un exoficial del ejército que formaba parte del círculo íntimo del fallecido Hugo Chávez, señaló en cambio a presuntos francotiradores de la oposición como responsables de las muertes.

En otras ciudades del interior del país tuvieron lugar duros choques entre manifestantes y cuerpos de seguridad. En Barquisimeto, capital del estado de Lara (centro-oeste de Venezuela) las autoridades municipales denunciaron el allanamiento de la sede de la alcaldía por parte de efectivos de la Guardia Nacional. El alcalde metropolitano es el opositor Alfredo Ramos.

En Maracaibo, segunda ciudad de Venezuela y capital del estado de Zulia –el más poblado de Venezuela y tradicional productor petrolero-, soldados y colectivos atacaron a tiros centros residenciales como el sector Torres de Saladillo.

En San Cristóbal, capital del estado de Táchira, en Los Andes de Venezuela, una multitudinaria marcha convocada por los estudiantes de oposición consiguió llegar a la sede regional de la Fiscalía, donde pidieron poner coto a la impunidad de la que gozarían efectivos de seguridad implicados en actos de maltrato y otras violaciones de derechos humanos.

Pero en Caracas ocurrió otra cosa. Una marcha convocada con el mismo fin fue duramente reprimida. Desde el día anterior, el presidente Nicolás Maduro había advertido que no se permitiría el desplazamiento de esa concentración. A pesar de ello, miles de personas se reunieron en el barrio de Bello Monte, al sureste de la capital venezolana, con el propósito de alcanzar la sede de la Defensoría del Pueblo, en el centro de Caracas.

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Un masivo despliegue de agentes antimotines bloqueaba los pasos al municipio Libertador, jurisdicción que corresponde al casco histórico de la ciudad y su zona oeste. Para burlar el cerco, los manifestantes atravesaron el campus de la Universidad Central de Venezuela (UCV). A la salida del recinto académico, piquetes de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional aguardaban para contener la marcha.

Maduro se felicitó, ante un centenar de jóvenes oficialistas, por la “impecable” actuación de los cuerpos de seguridad
Los funcionarios eran en ese momento la única barrera entre la manifestación opositora y una marcha a la que el oficialismo había convocado apresuradamente el día anterior. Los seguidores del gobierno –escasos, para los registros del chavismo- se encontraban en la Plaza Venezuela, aledaña a la UCV. Una vez los oficialistas siguieron su camino, rumbo a la Plaza Morelos, donde se encontrarían con el presidente Nicolás Maduro y el vicepresidente Jorge Arreaza, los agentes del orden empezaron a repeler la marcha opositora con cargas de gas lacrimógena. La operación dejó un saldo de 16 heridos, entre ellos, uno de consideración, que recibió de lleno en el rostro el impacto de una bomba lacrimógena.

Ya en la Plaza Morelos, Maduro se felicitó, ante un centenar de jóvenes oficialistas, por la “impecable” actuación de los cuerpos de seguridad y orden público. “Si hubiéramos dejar pasar la marcha fascista, estaríamos contando los muertos y los destrozos”, aseguró.

El mandatario venezolano celebra esta noche una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad, un ente que agrupa a ministros del gabinete y autoridades militares y policiales. Maduro prometió que del cónclave surgirán “medidas drásticas” que su gobierno adoptará para acabar con las protestas.

También esta noche tenían lugar los ya casi rutinarios desórdenes de la Plaza Francia de Altamira, un sector del este de Caracas que representa un bastión simbólico de la oposición. Desde el martes en la noche la represión de la Guardia Nacional en la zona, con el despliegue de vehículos blindados, se ha acentuado. Numerosos vecinos sufren síntomas de asfixia derivados del uso a discreción de gases lacrimógenos por los cuerpos de seguridad. Cortes selectivos del suministro eléctrico en la zona y el vecino barrio de Chacao –otrora un pueblo del extrarradio caraqueño, que hoy da nombre al más rico municipio capitalino- sirven de antesala a las arremetidas de la Guardia Nacional. Son muchos los testimonios en el lugar –así como en otros lugares de Venezuela- que aseguran que las cargas de las tanquetas y las brigadas antimotines vienen acompañadas de temas musicales que aturden a través de altavoces. A menudo, esos temas corresponden a grabaciones de la voz del desaparecido comandante Chávez, a quien gustaba cantar y dejó muchos registros de esa afición.

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El Gobierno acusa a los manifestantes de causar destrozos en las calles
En el mismo sentido de escalada, el gobierno denunció hoy a través de sus medios informativos que los grupos de manifestantes de oposición causaron destrozos en las áreas públicas y mezzanines de un edificio de oficinas cercano a la Plaza Altamira, la Torre Británica. El edificio aloja diversas oficinas gubernamentales, incluyendo la Dirección de Aviación Civil, y también sirve de refugio a familias desplazadas por os deslaves de diciembre de 2010. También la propaganda oficial se cebó en un conato de saqueo que habrían generado los protestantes en un supermercado de la zona, y los daños causados en otras sedes de organismos del Estado.

Durante su intervención vespertina en la Plaza Morelos, el presidente Maduro llegó a solicitar al alcalde del municipio Chacao, Ramón Muchacho, su renuncia para organizar elecciones y designar un sustituto. Muchacho gobierna la jurisdicción donde tienen lugar las protestas de Altamira. El gobierno revolucionario acusa a Muchacho, así como a otros de sus colegas opositores del área metropolitana, como los alcaldes de los municipios Sucre, Baruta y El Hatillo, de indolencia o complicidad encubierta ante los disturbios. Señala que esas autoridades hacen poco para disuadir a los manifestantes o incluso para despejar los escombros que día tras día sirven de materia prima para armar barricadas.

Este miércoles el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió órdenes para que esos alcaldes, así como el burgomaestre del municipio San Diego, suburbio de la ciudad de Valencia, contribuyan a controlar los desórdenes y mantener despejadas las vías. El TSJ es ampliamente controlado por el gobierno chavista, que lo convirtió en una maleable herramienta de sus políticas.

Los alcaldes opositores vienen advirtiendo que los cuestionamientos acerca de su desempeño durante la crisis de orden público buscan preparar el terreno para una intervención forzosa contra sus gobiernos locales. Se trata de municipios cuyos votantes en distintas ocasiones han propinado derrotas a los candidatos y propuestas del chavista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

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