Inteligencia del Estado para espiar la protesta en Chile

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, aceptó la renuncia del director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), Luis Masferrer Farías. Días atrás Piñera lo había cuestionado por no haber previsto el estallido social que ya lleva cuatro semanas en todo Chile. Junto con la designación del reemplazo de Farías, el presidente chileno lanzó un plan para reformar el sistema de Inteligencia del Estado.

La labor de Inteligencia es duramente criticada desde semanas atrás por el oficialismo. El organismo fue cuestionado por no haber previsto la destrucción de varias estaciones del metro de Santiago.

Según el gobierno estos hechos fueron llevados a cabo por grupos organizados que actuaron en poco tiempo y de manera presuntamente coordinada. Su accionar empezó el viernes 18 de octubre, cuando dio inicio el estallido social en Chile.

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En reemplazo de Farías el presidente nombró a Gustavo Jordán Astaburuaga. En su legajo está el haber sido director de Inteligencia de la Armada en 2005, informó este viernes el Ministerio del Interior a través de un comunicado.

Piñera ya venía criticando el desempeño del servicio de Inteligencia. Dijo que no estaba funcionando bien y que requería una profunda reforma, en una entrevista con el oficialista diario El Mercurio.

De esa manera preparó el terreno para enviar un proyecto de reforma del sistema de Inteligencia del Estado. La medida forma parte de un conjunto de propuestas que lanzadas recientemente para tratar de mejorar la seguridad y controlar el orden público.

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La crisis en Chile ya se cobró la vida de al menos 22 personas a manos de las fuerzas de seguridad- y miles de heridos y detenidos. Hay cientos de personas mutiladas que han perdido un ojo por disparos de municiones de carabineros apuntando directamente a la cara. Muchos han quedado ciegos. Además hubo denuncias de violación a los derechos humanos por el abuso policial y de las fuerzas armadas.Torturas, secuestros, detenciones ilegales, centros clandestinos de reunión de detenidos, secuestros a menores, abusos sexuales y violaciones son denunciadas todos los días, por lo que es, concretamente, una metodología y práctica habitual de la fuerza de seguridad más temida de América Latina.

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