España cumplirá este sábado un año de la aprobación de la Ley de Eutanasia. La norma regula el «derecho que corresponde a toda persona que cumpla las condiciones exigidas a solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir, el procedimiento que ha de seguirse y las garantías que han de observarse”. Se trata de una ley que fue muy reclamada por pacientes terminales y sus familiares. ¿Qué ocurrió en los últimos 12 meses?

Con esta ley, España se convirtió en el cuarto país de Europa, después de Holanda, Bélgica y Luxemburgo, y en el séptimo del mundo que permite poner fin a la vida con la intervención de un profesional de la salud en caso de enfermedad incurable, grave, crónica e invalidante.

Al analizar los números, lo primero que se observa es una gran desigualdad. Mientras algunas comunidades autónomas registraron varias intervenciones de este tipo, algunas se mantuvieron muy por debajo del promedio. Las principales hipótesis apuntan a que los gobiernos locales pudieron jugar un rol central facilitando o dificultando la aplicación de la normativa.

De este modo, en el primer aniversario al menos 172 personas, de un total de 281 que la habían solicitado, terminaron su vida por este procedimiento en España, según datos publicados por los diarios El País y el Diario de Sevilla. Se trata, para los especialistas, de un buen desempeño, dentro de los parámetros esperados.

Sin embargo, las diferencias se ven, por ejemplo, en el caso de Cataluña, que fue una de las comunidades que los expertos señalaron como de las más avanzadas en la implantación de la eutanasia. Allí se realizaron 60 prestaciones: el triple que Madrid, que hizo 19 y casi seis veces más que Andalucía, que habilitó este procedimiento para 11.

Si bien la normativa lleva un año, no todas las comunidades estaban preparadas para aplicar la ley. Antes tuvieron que conformar un comité de garantías que pueda dar el visto bueno final a cada proceso, y que en algunas.

En este sentido, gobiernos como los de Madrid y Andalucía, no se constituyeron estas entidades hasta meses después de la entrada en vigor de la ley.

También se vieron diferencias en función de la información prestada a la ciudadanía, las garantías brindadas y la información que dan a los médicos y enfermeras o cuáles son las trabas burocráticas.

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